Al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional les damos a conocer nuestra denuncia:

Del Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, en el inciso F: Derecho Relativo a la Tierra de los Pueblos Indígenas, leemos literalmente: “Los derechos relativos a la tierra de los pueblos indígenas incluyen tanto la tenencia comunal o colectiva, los derechos de propiedad, de posesión y otros derechos reales, así como el aprovechamiento de los recursos naturales en beneficio de las comunidades, sin perjuicio de su hábitat. Es necesario desarrollar medidas legislativas y administrativas para el reconocimiento, titulación, protección, reivindicación, restitución y compensación de estos derechos”.

En Guatemala este párrafo acordado, legalizado y firmado oficialmente desde 1995 como que no existiera para los politiqueros que nos han “gobernado”. Por esta razón denunciamos otros ejemplos de exclusión, injusticia y demás actitudes gubernamentales desfasadas:

En Petén:

- Hostigamiento, persecuciones intimidaciones y amenazas de desalojos en contra de 37 distintas comunidades en tierras de la Laguna del Tigre. Muchas de esas familias llevan más de 33 años instalados en ese lugar. Y ahora Berger sigue negociando con empresas transnacionales mineras para vender ese territorio. Con el apoyo del ejército y del congreso quieren desalojar a esas familias. Mienten cuando dicen que es para preservar el parque nacional del Tigre.

- Antes de vender el estado deben legalizar las tierras, respetar y no concesionar los territorios de los pueblos mayas. Que hagan justicia e indemnicen al compañero campesino a quien quisieron callar en su comunidad y que luego le dieron muerte.

En San Marcos:

- El gobierno de Berger ni por asomo ha querido cumplir las demandas y compromisos que asumió con el pueblo marquense en cuanto a su exploración y explotación minera. Se han reído y burlado de las comunidades afectadas: Sipacapa, Siete platos, Los Horcones, El Púcal y El Cucal. Estas son las más afectadas. Las empresas mineras siguen desarrollando destrucción ambiental y comunitaria como si estuviesen en el patio trasero de su casa.

- También estas fueron las razones por las que se burlaron del diálogo nacional rompiendo dicha instancia de parte de ellos con los sectores sociales, la semana anterior. De allí que Monseñor Ramazzini pidió que el Congreso emitiera un decreto legislativo para suspender cualquier actividad de explotación minera.

- San Antonio Las Pilas: Desde el día 10 de febrero del presente año 50 familias han ocupado pacíficamente la finca San Antonio Las Pilas, en jurisdicción de Tecún Umán del Departamento de San Marcos. Dichas familias están siendo objeto de amenazas, intimidaciones, de desalojo violento, y sobre todo de capturas ilegales de parte de los supuestos dueños. Las personas que comandan mencionados actos violentos son: JAIME HUMBERTO, EMILSA ILIANA, IRMA YOLANDA, LILI ESTELA y ROSALINA todos de apellido OROZCO JUACHIN. El día 7 de marzo estas personas pidieron el acompañamiento del inspector de la Policía Nacional con dos agentes más y un delegado auxiliar de la fiscalía llamado MARCO ANTONIO LIMA IRIARTE de Tecún Umán, para revisar los linderos de la mencionada finca.

- De urgencia pedimos a CONTIERRA hacer las investigaciones reales para encontrar una solución inmediata. A la Procuraduría de los Derechos Humanos le pedimos que intervenga en el caso para evitar más atropellos, sobre todo, posibles confrontaciones. Pedimos a las autoridades que instalen una mesa de negociación amplia con la participación activa de las familias quienes tienen necesidad de poseer tierra para producirla y darle de comer a sus hijos.

En Huehuetenango:

- Agua Escondida: El 8 de octubre del año 2005 más de 40 familias de las aldeas de Santa Cecilia, El Porvenir, La Pimienta y La Esperanza, tomaron la decisión de ocupar pacíficamente la tierra llamada Agua Escondida; anteriormente baldía. Según documentos con fechas desde 1903 los señores ANACLETO Y ALBERTO HERRERA declararon ese inmueble como tierra baldía. Estos dos señores pidieron adjudicárselos a sus nombres el 30 de noviembre del mismo año por acuerdo gubernativo. Así resultó el título publicado por el presidente de la República y refrendado por el notario del gobierno de Guatemala el 4 de diciembre del mismo año.

- Las familias que ocupan dicha tierra afirman que sigue siendo baldía. Por esa razón los vecinos de la aldea San Carlos el Mirador también la quieren ocupar, a pesar de que ellos recientemente ya fueron beneficiados con tierras. Según información que ha tenido el área de regularización del Fondo de Tierra por medio de la Pastoral Social de Ixcán, los vecinos de San Carlos, desde el 2004 han venido acosando y violentando a las familias ocupantes. Han contado con el apoyo de la fiscalía del Ministerio Público de Ixcán para querer desalojarlas. Desconocemos lo que hay de por medio de esos trámites. Sin embargo esta oficina ha llamado a las partes para procesos conciliatorios.

- El 23 de noviembre del 2005 se suscribió un acta en la fiscalía de Playa Grande, Quiché. Firmaron un acuerdo para dejar sin efecto los enfrentamiento. Lamentablemente los vecinos de san Carlos no han respetado los acuerdos; siguen amenazando y violentando con amenazas de desalojos. También quieren medir la tierra mediante la asesoría de un abogado. Creemos que éste está elaborando documentos falsos. Por eso vemos la urgencia de que el área de regularización del Fondo de Tierra agilice los estudios del caso y hacer las investigaciones. A la Procuraduría de los Derechos Humanos de Ixcán pedimos que intervenga en las investigaciones y no permita que los Sancarleños sigan con sus amenazas violentas en contra de las ocupantes.

En Chichicastenango:

- En 1973 la municipalidad de ladinos de Chichicastenango entregó en donación por la cantidad de Q20.00 a la empresa GUATEL (ahora negocio mexicano) un terreno de la Alcaldía Indígena de aquella localidad sin el consentimiento de los miembros de esta instancia legal maya, aduciendo que este terreno carecía de registro legal, por lo que les pertenecía y por ello no les afectaba en nada dicha donación.

- Desde siempre y rotundamente en CONIC hemos estado en contra de las concesiones de los bienes de los mayas pertenecientes al estado. Nunca debieron haber vendido la empresa de telecomunicaciones que le pertenecía a los guatemaltecos y guatemaltecas. Guatemala es de sus habitantes y no de unos cuantos ricachones que siempre nos “gobiernan”, y que hacen lo que quieren con nuestros recursos; los recursos pertenecen al país y no a ellos.

- Repudiamos esta discriminación, racismo, expropiación, violación a los derechos ajenos, violación a los derechos humanos, indiferencia, exclusión, favoritismo y todos aquellos actos violentos que atentan en contra de la dignidad de las personas, principalmente en contra de la población maya, indígena y campesina de Guatemala.

El gobierno de la GANA y de Berger responden a estos y otros desmanes que están haciendo con el pueblo guatemalteco, pisoteando así la dignidad de las grandes mayorías y favoreciendo a los empresarios, finqueros, militares, cacifes y otros ricachones. Toda la estructura de poder la tienen a su favor mientras que las poblaciones pobres seguimos sufriendo más desnutrición, extrema pobreza, exclusión, inseguridad, despojos y muerte.

Por estas razones y muchas otras es que desde ya estamos llamando al país para el LEVANTAMIENTO de los pueblos de Guatemala y del pueblo Maya este 30 de marzo. Todos y todas nos estaremos dirigiendo a la ciudad capital para manifestar a los “gobernantes” nuestro descontento y nuestros problemas graves. Que vean con sus propios ojos la extrema pobreza que estamos sufriendo en vida. De esta manera también vamos a conmemorar el incumplimiento en los 11 años del Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, firmado el 31 de marzo de 1995.

COORDINADORA NACIONAL INDÍGENA Y CAMPESINA, CONIC.
Miembro de CNOC, UASP, MICSP, Waq’ib’ Kiej, CLOC y Vía Campesina Internacional.

Guatemala 13 de marzo del 2006.