Comunicadores de varios países americanos coincidieron en
la necesidad de impulsar políticas públicas de comunicación
que permitan contrarrestar las actuales tendencias a la
apropiación privada de los bienes comunicacionales y
culturales, durante el Encuentro por los Derechos de la
Comunicación en las Américas que se inició el 26 de julio
en el marco del Foro Social de las Américas.

El Encuentro se inició con una conferencia magistral del
comunicólogo Armand Mattelard, quien ubicó algunos temas
globales de la comunicación. Comenzó haciendo un recuento
histórico de la comunicación, puesto que el pensamiento
neoliberal tiende a los enfoques de corto plazo. Habló de
la evolución de la “sociedad de la información” y planteó
las repuestas que van surgiendo desde la sociedad civil
(veedurías ciudadanas, observatorios de medios, campañas
por el derecho a la comunicación) que reivindican la
diversidad -o la excepción cultural, desde el punto de
vista europeo- como uno de sus ejes fundamentales.

A continuación se desarrolló una mesa redonda sobre el tema
“Derechos de la Comunicación: Actores, articulaciones y
estrategias”, con la participación de Paulo Lima
(Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, APC) de
Brasil), Néstor Busso (Asociación Latinoamericana de
Educación Radiofónica) de Argentina, María Pía Matta de la
Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) de Chile,
Rosa María Alfaro, de la Veeduría Ciudadana de la
Comunicación Social de Perú y Sally Burch, de la Agencia
Latinoamericana de Información (ALAI), quien habló a nombre
de la .Campaña por los Derechos de la Comunicación en la
Sociedad de la Información (CRIS)

Paulo Lima se refirió a la necesidad de implementar
políticas públicas para que la tecnologías de la
información y la comunicación puedan ser instrumentos
efectivos para el desarrollo. Estas políticas públicas que
abarcan tanto las telecomunicaciones, como la Internet y la
radio, son tanto más necesarias cuando la brecha digital en
las áreas urbanas como en el campo se van profundizando.
Según Lima, es necesario que desde los Estados se impulsen
leyes y procesos de regulación de tarifas, del uso del
espectro radioeléctrico, etc. y que no se dejen estos
importantes aspectos librados a las leyes del mercado. Solo
de esa forma, las TICs permitirán mejorar las condiciones
de vida de amplios sectores de la población y estos podrán
tener acceso a la información y transformar a la
información en conocimiento.

Néstor Busso se refirió al derecho a la comunicación que a
través de la historia ha experimentado un proceso de
evolución gradual, que comenzó como con la conquista de la
libertad de imprenta, luego con la libertad de prensa (que
se concedía solo para los propietarios de los medios) y por
último con la reconocimiento de la libertad de expresión en
la Declaración Universal de Derechos Humanos que se concede
a todos los ciudadanos. El derecho a la información y a la
comunicación, según Busso, en América Latina no puede ser
ejercido por la mayoría de la población más aún en estos
tiempos en que se han profundizado los procesos excluyentes
de desarrollo tecnológico, liberalización económica y
concentración de medios. Busso también planteó la urgencia
de implementar políticas públicas que preserven los
espacios y los intereses públicos especialmente en el
manejo de las frecuencias radio-eléctricas.

Maria Pía Matta dijo que es indispensable la participación
de la sociedad civil en la construcción de políticas
públicas de comunicación y para lograr un reparto
equitativo del espectro radioeléctrico. Los organismos de
telecomunicaciones deben ser independientes de los
intereses económicos, en las comisiones donde se adjudican
las frecuencias deben existir representantes de la sociedad
civil. “Las transnacionales están ávidas de capturar las
concesiones de radio y televisión, mientras los Estados han
tenido una posición pasiva, entonces la sociedad civil debe
tener una posición activa para que las cosas ocurran de una
manera distinta”, agregó.

Rosa María Alfaro se refirió a la experiencia de la
Veeduría Ciudadana de la Comunicación, un movimiento
ciudadano para exigir que los medios masivos del Perú sean
democráticos. Esta iniciativa, que comenzó hace más de 4
años y agrupa a 11 organizaciones, busca generar el debate
público sobre este tema y desarrollar propuestas basadas en
la ética para cambiar los medios y el país. Junto con el
impulso de iniciativas de carácter legislativo, la Veeduría
ha trabajado en la incorporación de voluntariado y en la
capacitación en la que, la única gratificación es lo que se
aprende.

Por último Sally Burch se refirió al proceso de
articulación de organizaciones y redes en la Campaña por
los Derechos de la Comunicación en la Sociedad de la
Información que se organizó para hacer frente a la Cumbre
de la Sociedad de la Información, cuya primera fase se
desarrollo en Ginebra en el 2003. Apuntó que algunas
tendencias se puede advertir en el mundo de la comunicación,
la primera es la concentración mediática en cada vez menos
conglomerados que controlan la información, la cultura y el
conocimiento, la segunda es la aparición del “consenso
mediático” que conjuga los intereses de las corporaciones
mediáticas y el poder económico, y la tercera es la
tendencia hacia un mayor control y vigilancia luego de los
atentados del 11 de septiembre de 2001.