¿Qué significa el derecho a la comunicación para las personas a las que se les niega?
PORTO ALEGRE, Brasil -- En esta época de concentración cada vez mayor de los medios de comunicación en pocas manos, de gobiernos que trabajan con empresas privadas para lograr ser nota de tapa, de paranoia estatal y vigilancia creciente, muchos grupos e individuos se están uniendo para crear una nueva agenda de comunicación que se base en igualdad, dignidad, diversidad y justicia.
¿Qué significa el derecho a la comunicación para la gente, sobre todo cuando el mismo se les niega?
El 27 de enero, activistas de Túnez, Italia, Paraguay y Brasil hablaron sobre la situación de su país y la respuesta de la sociedad civil en un panel organizado por la Campaña CRIS para la construcción de agendas sociales con el fin de emprender acciones nacionales.
Túnez – Por usar Internet se puede terminar en la cárcel
Túnez será la sede de la Conferencia Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) de la Organización de las Naciones Unidas en 2005. Se trata de un destino peculiar, ya que el país tiene uno de los peores historiales en cuanto a libertad de expresión y, según informó la activista Sihem Bensadrine, del National Council for Tunisian Freedom (Consejo Nacional por la Libertad de Túnez), un “ejército” de policías dedica su tiempo a leer y confiscar la correspondencia electrónica de los y las ciudadanos/as.
En Túnez, la gente tiene que leer los diarios extranjeros para enterarse de lo que sucede en su propio país, dijo Bensadrine. El gobierno tunecino tiene un control estricto sobre los medios de comunicación. Son pocos los días en los que no aparece una foto del Presidente en la tapa de los principales medios de prensa.
“La ley gobierna los espacios públicos”, afirmó Bensadrine. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) está penalizado. Una ley de comunicación aprobada en 2002 fija una pena de cinco años de prisión para quiénes usen internet como forma de informar a otros/as sobre la situación nacional. No existe la libertad de organizar reuniones públicas. Y de las 8.400 organizaciones no gubernamentales que hay en el país, sólo unas pocas son autónomas; la de la propia Bensadrine está proscrita.
La prensa independiente fue clausurada en 1991, relató Bensadrine. Los y las activistas como ella han intentado romper el silencio creando sus propias publicaciones. “Kalima” (que significa “palabra”) no obtuvo permiso de publicación y a la semana de vida fue cerrada por la policía, de modo que salió una versión en línea.
Pero cualquier sitio de noticias e incluso los espacios de debate sobre temas de Túnez tienen que hospedarse fuera del país para mantenerse en línea. De lo contrario, los responsables pueden terminar bajo custodia. Un webmaster que organizaba un panel de debate en línea en el país fue detenido en 2002 y aún está preso.
Los y las tunecinos/as tienen una gran sed de información y la están saciando en internet, pero el peligro es que pueden ir presos/as por leer páginas web, explicó Bensadrine.
Todos los cybercafés tienen la obligación de exhibir un cartel de alerta sobre la ilegalidad de visitar sitios prohibidos. Los sitios prohibidos incluyen todas las páginas sobre derechos humanos y los sitios nacionales e internacionales que informan sobre la situación interna. Sin embargo, “no existe ninguna lista de sitios prohibidos”, puntualizó Bensadrine. Y hace poco, seis jóvenes fueron sentenciados/as a 13 años de prisión por visitar “páginas prohibidas”.
Se solicitó la opinión de Bensadrine sobre la decisión de las Naciones Unidas de llevar a cabo una CMSI en su país este año. Según la activista, Túnez, por sus antecedentes, no parece el lugar adecuado para realizar la conferencia, pero la sociedad civil podría aprovechar la oportunidad para ejercer presión a favor de una reestructura de los espacios públicos.
Italia – poder económico + poder mediático = poder político
“Italia es un caso patológico. Tiene la mayor concentración de televisión comercial y prensa en muy pocas manos, y lo mismo sucede con la televisión pública y el mercado publicitario. Noventa por ciento de dicho mercado se encuentra bajo control directo, o indirecto, de una persona, y esa persona es el Primer Ministro italiano”, declaró Jason Nardi, de CRIS-Italia. Nardi agregó que lamentaba mucho tener que dar ese dato “record” entre los países industrializados.
Los periodistas de la RAI, el canal público de televisión, se ven obligados a respetar la línea del gobierno y muchos no pueden salir al aire en la televisión pública debido a sus opiniones, indicó Nardi. Hace poco, el periodista más famoso de Italia fue despedido por expresar al aire opiniones que no coincidían con el gobierno de Berlusconi.
“El caso de Italia confirma la ecuación: poder económico + poder mediático = poder político, en este mundo globalizado y mediático”, advirtió Nardi.
Y el gobierno se propone consolidar aún más su poderío. Nardi habló sobre varios proyectos de ley que se encuentran en este momento en el Parlamento italiano y que prevén la investigación militar de periodistas en zonas de conflicto, así como la aplicación de sentencias con prisión para quiénes intercambien archivos protegidos por derechos de autor en situación de igualdad. “Si un/a periodista informa [desde Irak] sin haber sido examinado/a primero, [en caso de que el proyecto de ley se apruebe] podrá ser juzgado/a en un tribunal militar e ir a prisión”, explicó Nardi ante un público compuesto sobre todo por periodistas y otros/as trabajadores/as de la comunicación.
Un cambio positivo fue el surgimiento de movimientos europeos de protección de determinados derechos a la comunicación, en particular el software libre y los derechos de autor. Los y las activistas de Italia están aprendiendo a responder a su situación, no sólo en el plano nacional, sino también en el escenario internacional, gracias a las acciones llevadas a cabo en otros países. Por ejemplo, CRIS-Italia aprovechó varias lecciones muy útiles aprendidas de sus pares de Colombia.
Paraguay – la sociedad civil empieza a descubrir su voz luego de años de dictadura
Paraguay emergió hace poco de 35 años de gobierno militar y aislamiento político y social. En 1992, la Constitución consagró todos los derechos humanos para la a ciudadanía, aunque la Ley de Comunicación que se modificó tres años más tarde era la misma que antes se había basado en la de Mussolini, decretada en Italia en 1948, explicó Arturo Bregaglio, de FM Trinidad, que se encuentra en Asunción.
La sociedad civil paraguaya está trabajando muy duro para lograr que se apruebe una nueva ley que reconozca el papel del tercer sector y la radio local.
La prensa escrita está dominada en el país por cuatro periódicos cuya cobertura responde a marcados intereses políticos y comerciales, de modo que predominan los deportes y el entretenimiento por encima de todo interés social. En general, tanto éstos como muchos otros medios representan los intereses del gobierno y los militares.
Ochenta por ciento de la población habla en lengua indígena, el guaraní, pero 99 por ciento de los programas de radio y televisión son en español.
Todo esto había generado una situación de resignación general en la población, pero en los últimos dos años, la sociedad civil –e incluso grupos de jóvenes, organizaciones de la muje y otras agrupaciones- se ha vuelto activa y se ha dedicado a presentarle propuestas al gobierno. La llama está encendida.
Brasil – se necesita un cambio de paradigma
En la década del 70, Brasil fue testigo de una explosión del sector de las comunicaciones, sobre todo la radio y la televisión, que hasta ese momento había sido manejado por la dictadura militar, deseosa de difundir su mensaje por todos los rincones del país.
“La alianza [de los militares] con el sector privado ha dejado marcas en el sector de las comunicaciones de Brasil hasta el día de hoy”, indicó João Brant, de CRIS-Brasil.
Al final de la dictadura, la constitución de 1988 hablaba de la noción de comunicación masiva, pero nunca surgió la idea de la comunicación pública. El sistema brasileño sigue sobre todo en manos privadas, lo que refleja una alianza entre los intereses del sector privado y los del gobierno. “Se necesita un cambio de paradigma”, subrayó Brant, quién también sostuvo que hay cinco áreas de acción, entre las cuales se incluye el trabajo en las escuelas y el de radios comunitarias.
El peligro no reside tanto en el hecho de que los medios de comunicación se encuentren en manos de privados, concluyó el activista irlandés de CRIS Seán Ó Siochrú, sino más bien en la unión de los medios de comunicación con el gobierno (o quienes tengan el poder político).
- Este informe viene directo del Foro Social Mundial de Porto Alegre, cuyo mensaje es que “otro mundo es posible”. El 27 de enero de 2005, la campaña CRIS llevó a cabo un día de actividades centradas en los derechos de comunicación. APC forma parte de la campaña de CRIS y coorganizó el foro.