Audiencia Pública por la Verdad y la Dignidad de los Pueblos

ORGANIZACIONES CONVOCANTES SEGUNDA AUDIENCIA PUBLICA POR LA VIDA LA VERDAD Y LA DIGNIDAD]

El país tiene los ojos puestos en el Cauca; unos ven en este territorio una oportunidad para la inversión en agroindustria, agua y otros recursos naturales; otros lo consideran históricamente una zona estratégica para la ubicación de los ejércitos; pero la gran mayoría lo ve con la potencialidad que significa la participación y la movilización como expresión de resistencia y construcción de la democracia en Colombia.

Estas situaciones que en otros contextos resultarían siendo una potencialidad han sido la razón de la violencia que se ejerce contra nuestros pueblos y comunidades.

Nuestras formas de resistencia y autodeterminación han generado contradicciones frente al Modelo de Desarrollo, ante las Políticas del Gobierno, e incluso frente a la insurgencia y la contrainsurgencia armada, lo cual nos coloca constantemente en la mira y la persecución, la intimidación y los ataques indiscriminados por parte de todos los actores armados. Así lo evidencian los hechos ocurridos durante el presente año, en especial mediante el ataque abierto y la amenaza a todo el proceso organizativo.

La política de seguridad democrática, ha sido criticada por la mayoría de los sectores de la sociedad y en especial por quienes vivimos en las zonas rurales de Colombia, pues el énfasis gubernamental ha sido la implementación de acciones armadas fomentando la violencia y la zozobra sobre nuestros pobladores, ocasionado el desplazamiento de millones de colombianos y creado un sentimiento de desconfianza social en donde ya nadie confía en nadie. Los puestos de policía, verdaderas fortalezas que se colocan en medio de la población civil, desconocen los tratados internacionales, pues se construyen al lado de los hospitales, cerca o en las instalaciones de las escuelas, incluso en las iglesias, resultando que es la población civil la que protege a la fuerza pública y no al contrario.

Situaciones alarmantes como las sucedidas en Sotará y San Sebastián, al sur del Cauca, donde perdieron la vida en forma violenta un gobernador indígena, su hijo de 17 años y cuatro comuneros, mientras en el norte fue asesinado un guardia Indígena en la vereda Monterredondo, ubicada en el Territorio indígena de La Cilia; en Toribío dos indígenas que se desplazaban en moto fueron víctimas de la explosión de una bomba arrojada por actores armados sin identificar. También los ataques de la guerrilla contra los puestos de policía afectaron de forma indiscriminada a la población civil de los municipios de Toribío, Jambaló y más adelante Caldono. Es importante destacar que todos estos casos se suceden en zonas con presencia de la Fuerza Pública, entre ellos los batallones de Alta Montaña, que manifiestan continuamente que los comuneros indígenas son agentes de la guerrilla; mientras que las FARC amenazan a miembros de la comunidad, a través de su periódico Resistencia, declarando objetivos militares a los comuneros bajo el señalamiento de ser agentes colaboradores de la Fuerza Pública, informante de los paramilitares o simplemente críticos de las acciones de la subversión.

Los ataques guerrilleros que destruyeron nuestros pueblos y ocasionaron muertes y lesiones graves a sus habitantes, fueron seguidos casi de inmediato por los señalamientos y declaraciones públicas de altos mandos militares y de autoridades como el Gobernador del Cauca y del propio Gobierno nacional, quienes irresponsablemente señalaron a las comunidades indígenas como colaboradores y hasta integrantes de los grupos insurgentes. Dichas expresiones de los funcionarios públicos, en donde señalan “cogobierno con las FARC” o “que se hace uso de dineros públicos y de cooperación internacional para apoyo de la subversión”, como las declaraciones del general Pérez Molina que refuerzan el modo de pensar del gobierno y tienen como objetivo desacreditar nuestros procesos organizativos y abrir el camino para nuevas acciones militares

Así, las detenciones masivas sin orden judicial no se hicieron esperar, esa fue la respuesta que dio el Estado a las incursiones guerrilleras. Nuevamente, en vez de protegernos, nos hacen responsables de la muerte de nuestra gente en los ataques y nos llevan a las cárceles como culpables de las agresiones que sufrimos por ellos.

La guerra que se libra en el sur del país a instancias del tan publicitado Plan Patriota, parece tener sus peores expresiones en nuestros territorios ancestrales. Sufrimos las consecuencias de una guerra que no es nuestra, que no apoyamos ni queremos, pero en la que al parecer sus protagonistas están de acuerdo que somos los sectores más desprotegidos de la sociedad los que debemos sufrir sus consecuencias.

Las detenciones masivas marcan un capítulo importante de la crisis humanitaria, pues de las 400 personas que se dice están judicializadas 40 indígenas fueron detenidos bajo el señalamiento de pertenecer a grupos subversivos, de los cuales la gran mayoría ha sido dejada en libertad debido a que la Fiscalía no ha encontrado méritos para su judicialización; tal es el caso de la acción realizada por la Fiscal 132 Delegada ante la Tercera Brigada del Ejército Nacional, en el municipio de Caldono, donde detuvo a 9 comuneros sindicados de pertenecer a las FARC, proceso frente al cual la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales de Circuito se abstuvo de imponer medida de aseguramiento en contra de los detenidos y libró la correspondiente orden de libertad inmediata e incondicional.

Aunque el departamento del Cauca no fue incluido dentro de las llamadas zonas de consolidación que inició el gobierno nacional y cuya ley fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, en esta parte del país se han venido presentando situaciones como los empadronamientos, los allanamientos sin orden judicial, los señalamientos sistemáticos contra líderes, autoridades, comunidades y formas organizativas en una maniobra de copamiento militar y polarización del conflicto armado cuyo objetivo, al parecer, ha sido el de debilitar los procesos sociales y la autonomía territorial buscando que las comunidades, en especial la juventud, se unan a cualquiera de los bandos de la guerra.

Por todos es conocido, en especial por el gobierno, que las FARC llevan más de 40 años en el Nororiente del Cauca y aunque nunca han contado con un apoyo importante de la población si tienen un estrecho conocimiento del terreno y de sus habitantes lo cual las hace difícilmente derrotables a corto plazo, por ello no es comprensible que el actual gobierno haya considerado que por medios militares podría vencer en poco tiempo a la insurgencia.

Igualmente incomprensibles resultan los planes de la guerrilla de intensificar sus operaciones militares para demostrar que siguen con sus fuerzas intactas, o sus exigencias de apoyo a la población que al no tenerlo declaran objetivos militares a quienes no respalden sus acciones.

Es claro que ni el ejército ganará la guerra, ni que la guerrilla se tomará el Estado, sin embargo las afectaciones en vidas humanas siguen siendo incalculables y los daños a la infraestructura, como en el caso de Toribío que supera los 3.000 millones, no cuentan con recursos para su reconstrucción, quedando el interrogante de quién responderá por los daños que causa el conflicto.

Otra forma de ataque a nuestros territorios ha sido la económica, queriendo involucrar a las comunidades en proyectos agroindustriales, aspecto que no hace parte de los usos y costumbres comunitarias, por lo cual se promueve el ingreso de modelos económicos que la normatividad ha declarado ilegales, como el caso de nuestra planta mágica que occidente transforma en cocaina y comercia a través del narcotráfico, o la planta ornamental amapola de la que se produce el opio. Con este negocio nos ponen en la mesa fajos de billetes para que nos matemos entre indígenas para que nuestras organizaciones se desintegren, para que la resistencia como pueblos ancestrales desaparezca. En ninguno de los casos se sabe que nuestras comunidades hagan parte del tráfico de estupefacientes pero las principales políticas para combatirlo afectan más a nuestra naturaleza y comunidades que a los narcotraficantes, por ello nos hemos opuesto a las fumigaciones y la judicialización de nuestros cultivos pues mientras a un agricultor por cultivar menos de una hectárea con los llamados ilícitos lo castigan con diez años de cárcel, a un narcotraficante que asesina, soborna y envicia a la juventud solo lo penalizan con 3 o cuatro años de retención en su casa cárcel.

No contentos con lo anterior el gobierno ha implementado las fumigaciones con productos cuya eficacia no ha sido probada ni su afectación sobre la salud humana; lo que sí hemos probado a través de la experiencia es que la aspersión aérea con glifosfato tiene un efecto destructor de las semillas tradicionales. Ante esta situación nuestros pueblos denuncian que nos quieren sacar de nuestros territorios con mentiras; con mentiras nos fumigan, han fumigado las chagras, han fumigado potreros, cultivo de quinua y pan coger en comunidades de 9 municipios del macizo y sur del Cauca, también los municipios de Silvia, Páez e Inzá, Costa Pacífica y otros, con lo cual han envenenado el agua, el bosque, nuestros cuerpos, los cuerpos de nuestros inocentes niños, aumentando así el hambre, el desplazamiento y la zozobra de comunidades indígenas y campesinas.

A nombre de los cultivos para producción de ilícitos y de los grupos guerrilleros el gobierno colombiano implementa una nueva forma de colonización al colocarnos un soldado por cada comunero indígena como en caso del territorio Papallacta – San Sebastián-, donde el batallón de alta montaña viola constantemente nuestro derecho a la intimidad de las personas, a la libre circulación y la libertad de expresión y en la mayoría de los casos suplanta nuestra autoridad tradicional.

A todo este panorama de conflicto, se suma un ambiente general de aceptación de la impunidad, la que ha alcanzado su mejor expresión en la llamada ley de justicia y paz, la cual tiene que ver con nuestros pueblos, pues es bien sabido que tanto el Estado nacional como los paramilitares y sus jefes tienen una deuda con las comunidades del Cauca, en especial con el pueblo nasa de la región del Naya, allí hay culpables de crímenes de lesa humanidad, allí hay responsabilidad del Estado por acción y omisión. Pareciera, con esta ley, que mientras a las comunidades indígenas y al pueblo colombiano en general se nos señala y judicializa, a los grupos armados responsables de horrendas masacres se los reconoce, indemniza y enaltece.

Estas y otras razones que tanto autoridades y comuneros indígenas como delegados de organizaciones sociales de otros sectores expondrán a continuación son las que nos tienen hoy reunidos, con ellas queremos conocer de viva voz las formas de resistencia de otros hermanos que sufren igual que nosotros; Con estos testimonios queremos mostrarle a las organizaciones de derechos humanos del país y del mundo la otra Colombia, esa que no se ve en los noticieros, la que no se trasmite por los embajadores de los partidos políticos de la derecha o de la izquierda y mucho menos en los discursos gubernamentales que ha pronunciado el presidente ante importantes embajadas del mundo entero.

Queremos también que las instituciones de control del Estado registren lo que aquí se denuncia para que inicien las respectivas investigaciones y le digan al mundo cuáles son las sanciones respectivas cuando se determinen las responsabilidades.

Queremos que el Estado no solo se comprometa con el castigo a los culpables directos de los hechos violatorios de los derechos humanos y del derecho humanitario, sino que logre establecer el grado de responsabilidad institucional que debe recaer sobre los autores intelectuales que en la mayoría de los casos son los responsables de las políticas nacionales.

Hoy nuestros pasos continúan el camino por la justicia, la alegría, la libertad y la autonomía, con procesos como la consulta frente al TLC, el Foro por Territorio, alimentación y contra las fumigaciones en el Macizo y la preparación de una Gran Audiencia Regional del Cauca y Sur occidente de la cual hace parte esta SEGUNDA AUDIENCIA PUBLICA POR LA “VERDAD Y LA DIGNIDAD”, en la cual nos acompaña el firme propósito de Denunciar los atropellos de que somos victimas, hombres, mujeres, jóvenes y niños; aquí queremos denunciar las acusaciones emitidas por funcionarios públicos que han agredido el proceso organizativo y puesto en mayor riesgo la integridad comunitaria, venimos a exigir respeto por nuestros territorios y comunidades y a reafirmar el camino hacia la construcción de un Mundo Posible, libre y Justo para Todos.

Decir por último que en nuestro nombre y en nombre de todos los pueblos, se han realizado procesos de revolución e independencias con los cuales se ha estructurando un Estado en el cual muchos hemos cifrado nuestras esperanzas, sin embargo ese Estado en vez de protegernos nos persigue y busca eliminar nuestros derechos conquistados durante siglos de resistencia; que mientras la sociedad hace intentos por construir la nación colombiana los diferentes agentes de poder han buscado reducirnos y eliminar nuestras tradiciones culturales. Sabemos que esa institucionalidad, en vez de realizar la justicia material ha entregado nuestros recursos a intereses foráneos y en cambio de defender nuestra soberanía y autonomía ha preferido acoger los mandatos del capital internacional. Estas y otras razones son las que nos invitan a pensar en la construcción de procesos y movimientos sociales que defiendan la vida con dignidad y opten por desandar los caminos de la muerte.

Santander de Quilichao, agosto 2 de 2005.

ORGANIZACIONES CONVOCANTES SEGUNDA AUDIENCIA PUBLICA POR LA VIDA LA VERDAD Y LA DIGNIDAD

Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC

Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca y Suroccidente colombiano