CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA, CRIC
AUTORIDAD TRADICIONAL

Señor Presidente
Alvaro Uribe Vélez
República de Colombia

Cordial Saludo.

Como es de su conocimiento, la emergencia en los territorios indígenas no inicia, casualmente, con las tomas de los Municipios de Toribío y Jambaló. Ésta inició hace muchas décadas, como lo hemos venido anunciado por diferentes medios, y afecta también a los sectores campesinos, afro-colombianos y población en general. La emergencia social fue inclusive reconocida por el gobierno nacional en 1999 mediante el decreto 982. Igualmente, fue discutida el 15 de diciembre 2003 en la reunión convocada por usted en Popayán. Desafortunadamente, hasta ahora, no han sido efectivos los acuerdos y estrategias adoptadas por las instituciones gubernamentales. De todas formas, los pueblos indígenas históricamente hemos venido en un proceso de resistencia constante, enmarcada en el fortalecimiento cultural y los planes de vida, como una estrategia integral frente a las políticas reduccionistas nacionales e internacionales.

En este sentido, los pueblos indígenas y los sectores populares llamamos la atención sobre las amenazas y riesgos del conflicto armado, que aunque se trate de negar, sigue vigente en nuestros territorios y en muchas partes del país. Gran parte de esta situación permanente de violencia la hemos divulgado y denunciado ante la opinión pública, las instituciones del Estado y los organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales; pero se ha hecho caso omiso a nuestras denuncias y propuestas, y en consecuencia, seguimos sufriendo los efectos del conflicto armado, como se observa con la situación de Toribio y Jambaló.

Si la guerra vivida en nuestros territorios en el marco del conflicto es entendida como una muestra del padecimiento de la sociedad civil, insistimos que deben adoptarse medidas correctivas cuanto antes, para que el problema no se generalice en el resto del país.

En este sentido, reiteramos nuestra posición permanente del movimiento indígena que de hecho usted ya conoce:

1. Insistimos en la exigencia de la búsqueda de solución negociada al conflicto y no por medio de la guerra.

2. Exigimos respeto a nuestros territorios y autoridades propias.

3. Por los efectos que causan los enfrentamientos armados, manifestamos el rechazo y retiro de los grupos armados, de cualquier índole de nuestros territorios.

4. Insistimos en la necesidad de replantear la política de Seguridad Democrática, la cual hemos rechazado, casualmente por los efectos que estamos viviendo en nuestros territorios.

5. En el marco del Derecho Internacional Humanitario, exigimos el retiro de las trincheras de las poblaciones urbanas, pues de no ser así, como se puede ver, seguirá siendo la sociedad civil la que protege a la policía, y no la policía, a las comunidades.

6. Exigimos el tratamiento adecuado en la erradicación de los cultivos de uso ilícito y rechazamos, una vez más, las fumigaciones por los daños económicos, ambientales y sociales que éstas ocasionan. En este sentido, se atiendan las propuestas hechas por los pueblos indígenas para garantizar el respeto de nuestras tradiciones y nuestros derechos.

7. Reiteramos el resultado de la consulta campesina e indígena frente al TLC, en el sentido del rechazo a las políticas internacionales y a la suscripción de convenios como el ALCA y TLC, sin consultar con el pueblo colombiano.

8. También reiteramos nuestra exigencia de que se corrijan las aseveraciones hechas por usted, el señor Gobernador, y otros voceros de las instituciones estatales en el sentido de la vinculación de nuestros pueblos con la insurgencia, pues esto aparte de faltar a la verdad, ha colocado en alto riesgo a nuestros líderes y comunidades.

9. Igualmente, exigimos que cesen las judicializaciones sobre nuestros líderes y comunidades, así como la persecución contra nuestras empresas e instituciones propias de los pueblos indígenas.

10. Finalmente, reiteramos, dadas las condiciones de los territorios indígenas, y con el ánimo de aclarar públicamente las contradicciones con nuestras organizaciones y las de los sectores populares, la necesidad del debate público sobre el particular, el cual se ha venido aplazando desde el año 2004.

Ya en el aspecto de la emergencia, debe ser claro que es el Estado a través de sus instituciones, quién debe responder por la reconstrucción de los bienes afectados por la violencia, igual que por la reparación física y mental de las víctimas de la misma, hoy en Toribio y Jambaló, así cómo donde se presente. Sin embargo, en este caso, en el marco de la ley y la constitución, exigimos que las acciones sean a corto plazo, consultadas y concertadas con las autoridades indígenas; de tal manera que este proceso responda a las características culturales de nuestros pueblos, por esto solicitamos que el manejo de la reconstrucción y reparación deben estar en cabeza de nuestras propias autoridades para garantizar que lo que se haga sea lo más adecuado a nuestra cultura.

Por otro lado, conocemos la propuesta de la suscripción de un documento CONPES para la zona afectada sobre el cual proponemos:

1. Que su cobertura abarque todos los territorios indígenas del Cauca.

2. Que debe hacerse en concertación con los pueblos indígenas, conforme a lo establecido en la Constitución Nacional y los convenios internacionales sobre Derechos Humanos.

3. Dar cumplimiento al Decreto 982 de 1999, en la medida que éste declara, desde aquel entonces, la emergencia social, económica y cultural de los pueblos indígenas del Cauca, cuya aplicación ha sido mínima.

4. Que el documento CONPES tenga en cuenta como prioridad lo establecido en el decreto 982 de 1999.

5. Incluir en el documento CONPES propuesto, los Planes de Vida de los pueblos indígenas y los Planes de Desarrollo formulados por las comunidades, como alternativa de participación efectiva en la formulación y ejecución de los proyectos.

Reiterando nuestra propuesta de construcción de paz y convivencia por medios pacíficos, en consulta y coordinación con la sociedad civil organizada.

Atentamente,

CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA, CRIC
JUNTA DIRECTIVA
29.ABRIL.2005