Guatemala: Carta Abierta por derecho a proteger
Al Señor Presidente Oscar Berger,
Al excelentísimo Secretario General de las Naciones Unidas
Sr. Coffi Annan,
Al Procurador de los Derechos Humanos y
a la opinión pública nacional e internacional.
Exigimos respeto a nuestro derecho a proteger nuestros
recursos naturales, el medio ambiente y el futuro de nuestras
hijas e hijos
Las Comunidades Kakchikeles, Tzutuhiles y K'ichés del
Departamento de Sololá con el apoyo de nuestras hermanas y
hermanos Mayas de los Departamentos de Totonicapán,
Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, El Quiché y otros,
frente la decisión del Presidente Berger y de su Ministerio
de Gobernación de militarizar la imposición de la explotación
minera en nuestro país, ante la opinión nacional e
internacional, declaramos:
1. Durante los últimos dos años ha sido grande el esfuerzo
de distintas instituciones, organizaciones y Comunidades
enteras de conocer los efectos que causa la explotación
minera a cielo abierto, por lo que también, cada vez de
manera más conciente nos hemos opuesto a esta actividad
que, aunque trae grandes ganancias a las empresas
transnacionales y a sus empleados en nuestro país, son
más los efectos destructivos que trae para nuestras
Comunidades, nuestros recursos naturales y en definitiva
para las futuras generaciones de guatemaltecas y
guatemaltecos.
2. El gobierno del Presidente Oscar Berger ha favorecido
entre los megaproyectos la explotación minera a cielo
abierto prácticamente sin tomar las medidas que protejan
la vida de las comunidades ni la de nuestros recursos
naturales. Tenemos serias dudas sobre los estudios de
impacto ambiental que han sido utilizados para avalar
estos megaproyectos de explotación minera. Pero además,
se han impuesto sin una sola consulta a los Pueblos
Indígenas Maya, Xinka y Garífuna como lo establece el
Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos
Indígenas que está por cumplirse 10 años de su firma, y
como lo establece el Convenio 169 de la OIT que fue
ratificado por el Gobierno de Guatemala. De hecho, el
Gobierno de Guatemala ha violado los derechos de los
Pueblos Indígenas de opinar y decidir sobre el destino
de los recursos naturales donde estamos asentados.
3. Sin el conocimiento de nuestras Comunidades elementos
del ejército de Guatemala y de la Policía Nacional Civil
han destruido esta mañana la pasarela en la Aldea Los
Encuentros para que pase un cilindro para la explotación
minera en el Departamento de San Marcos, a lo cual nos
hemos opuesto porque lo consideramos lesivo a nuestros
intereses y violatorio de nuestros derechos, por ello en
la última manifestación de rechazo del viernes pasado
nos movilizamos y nos concentramos mas 10,000 personas,
entre hombres y mujeres, niños y ancianos, Mayas y no
Mayas. Nuestra protesta y nuestra decisión tiene base
en la Constitución Política de Guatemala, los Acuerdos
de Paz y los Convenios e Instrumentos Internacionales de
Derechos Humanos. El actual gobierno no ha querido oir
nuestra opinión sino solo asegurar las ganancias de las
empresas extranjeras que están tras los recursos
naturales de nuestro país. Una vez mas se está dando
una imposición como ha sido durante estos 500 años de
despojo y discriminación racista hacia nuestra
Comunidades Mayas.
4. Hoy, 11 de enero del año en curso, el Ministro de
Gobernación ha movilizado a cientos de elementos de las
Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil y
elementos del ejército para destruir la pasarela y hacer
pasar el cilindro de acero de la explotación minera a
cielo abierto y nuevamente se ha aplicado la represión
como el aplicado en la Finca Nueva Linda en Champerico
el 31 de agosto pasado que dejo como saldo 6 policías
muertos y a más de 30 campesinos asesinados,
secuestrados y hasta una fosa común, así como represión
criminal contra los reporteros de los medios de
comunicación que cubrieron el desalojo violento y
represivo. El día de hoy, hay dos personas asesinadas
por las fuerzas represivas, de lo cual el único
responsable es el gobierno actual. Ante esta situación,
manifestamos nuestro rechazo total a la militarización
de las carreteras para asegurar los intereses de las
empresas transnacionales mineras. La militarización de
las carreteras, de la Policía Nacional Civil, y de otras
actividades es una clara violación a los Acuerdos de Paz
y a los Derechos Humanos, es un abuso y una burla al
proceso de paz.
5. Al denunciar la militarización de las carreteras, la
represión a las Comunidades y organizaciones sociales y
la imposición militar de la explotación minera en contra
claramente de la voluntad de las comunidades indígenas y
campesinas que queremos proteger nuestros recursos
naturales, el medio ambiente y dejar un futuro mas justo
para nuestro país, pedimos a todas las Comunidades
Mayas, Xinkas, Garífunas y campesinas de todo el país a
defender nuestros derechos, el futuro para las nuevas
generaciones. Les pedimos su apoyo y mantenernos
alertas frente a la violación de nuestros derechos por
parte de quienes defienden los intereses y las ganancias
de las transnacionales que quieren comprar y acabar con
nuestras montañas, nuestros ríos, nuestros bosques,
nuestros recursos naturales en general. Defender la
vida y el futuro de nuestros hijos e hijas es un derecho
legítimo en el que debemos estar todos.
6. Ante esta situación grave, peligrosa y violatoria de los
derechos humanos, pedimos:
- Al Sr Presidente Berger oir y respetar la opinión de
nuestras Comunidades, suspender la persecución contra
los líderes comunitarios que están haciendo ejercicio
de un derecho constitucional de expresar su opinión y
movilizarse, así como responsabilizarlo de las
muertes que represión actual ocasione al pueblo
guatemalteco,
- Al Excelentísimo Secretario General de las Naciones
Unidas Sr.Cofi Annan ayudar a hacer prevalecer los
Convenios Internacionales de protección al medio
ambiente, los recursos naturales, el agua y los
Derechos de los Pueblos Indígenas,
- Al Procurador de los Derechos Humanos a verificar la
sistemática violación de los derechos humanos
universales y de los derechos de los Pueblos Maya,
Xinka y Garífuna por parte del actual gobierno, y
- A la Comunidad Nacional e Internacional su
solidaridad con nuestra justa y legítima lucha.
Ixim Uleu, Kieb' Waqok, Guatemala 11 de enero de 2,005.