Campesinos e indígenas los más perjudicados por cambio climático
La actual crisis climática no es un problema ambiental. Es un problema político de crisis del sistema y su modelo insostenible e irresponsable de desarrollo. Su máxima expresión, el cambio climático, ya está perjudicando la forma de vida y los modos de producción de poblaciones indígenas y campesinas del Perú y el mundo, poniendo en riesgo sus derechos y sobrevivencia futura.
Según datos de la misma ONU, el aumento de la temperatura y las variaciones climáticas vuelven vulnerables a poblaciones rurales que viven en países como el nuestro, donde hay biodiversidad y hay un estrecho vínculo con la Madre Tierra y sus recursos como el agua, la tierra o las semillas. A pesar de ser los que menos contribuimos al problema, vamos a ser los más perjudicados.
Desde la CNA, hemos alertado sobre los graves riesgos y consecuencias que el cambio climático va a tener en nuestras comunidades. Está en riesgo no solo la producción que garantiza la seguridad alimentaria y los ingresos económicos, sino otros aspectos sociales, ambientales y culturales que rigen nuestra forma de vida y mantienen nuestra cosmovisión y el ejercer de derechos individuales y colectivos.
Esto se evidencia en el impacto que ya estamos teniendo por el Cambio Climático, aspectos concretos que se deben ver bajo una perspectiva integral. La vulnerabilidad que se genera no es solo por el impacto físico sobre infraestructura, sino por el consecuente impacto económico, social, cultural y ambiental. Bajo los que aparecen la pobreza, el desplazamiento, pérdida de biodiversidad, reducción de cultivos, conflictos por el agua, pérdida de conocimiento ancestral; solo por citar algunos.
Nuestra vulnerabilidad se agrava por la situación de discriminación y abandono histórico del Estado, que tiene pendiente la obligación de reconocernos a los pueblos indígenas y asegurar nuestros territorios. Esto implica que en la actualidad exista oficialmente ninguna comunidad que se considere indígena y que por tanto pueda reconocerse sus derechos, y se aprovecha de este incumplimiento para tratar de fraccionarlos y concesionarlos para otros intereses. La falta de reconocimiento le permite incumplir reiteradamente el Convenio 169 de la OIT y la Ley de Consulta previa, reduciéndola un puro trámite administrativo
El “paquetazo o Ley Nº30230, es una prueba más. Amparándose en la reactivación económica del país, valida rápidamente, de forma poco transparente y con mala fe, una norma que rebaja los estándares ambientales y afecta a los derechos de las tierras y territorios de pueblos indígenas y comunidades nativas y campesinas, poniéndolos al servicio de la inversión extractiva. Es una ley que debió estar sujeta a consulta previa y que debe ser declarada inconstitucional.
La criminalización de la protesta y la desprotección de líderes indígenas como Edwin Chota, Máxima Acuña, que decidieron enfrentar al poder de las empresas y mafias extractivistas y depredadoras en sus territorios, han demostrado que el Estado no quiere comprarse el lío de defender nuestra Madre Tierra, por el contrario quiere auspiciar su aniquilación. Como resultado, nuestro país es uno de los más peligrosos para defensores ambientales y donde se producen más muertes.
Por ello, en articulación con movimientos indígenas campesinos como el Pacto de Unidad o Vía Campesina, nos estamos sumando a la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático. Allí llevaremos nuestras propuestas por una agricultura sostenible y con soberanía alimentaria y por el respeto a la identidad indígena y sus derechos colectivos.
Juntos nos movilizaremos el 10 de diciembre en la Marcha Mundial en Defensa de la Madre Tierra. Queremos hacer de los días de la COP20, un espacio de construcción y debate de los pueblos hacia el mundo y el cambio climático.