Con el lema “Por una paz más allá de las negociaciones entre los armados” al inicio de la intervención, y “Cuenten con nosotros para la Paz, no para la guerra” al final de la misma, la Organización Nacional Indígena de Colombia presentó en la mañana de hoy los planteamientos que materia de tierras y desarrollo rural vienen reclamando los pueblos indígenas de país.
 
El mensaje de los pueblos indígenas de Colombia fue claro, en palabras de Luis Fernando Arias, Consejero Mayor de la ONIC: “La solución del conflicto armado es una necesidad para todo el país y de manera prioritaria para quienes ante la degradación del mismo y la violación de los derechos humanos por todos los actores armados, sufrimos las muertes y masacres junto con la desestructuración de nuestras comunidades, económias, infraestructuras, territorios y procesos organizativos y de gobernabilidad…Para los indígenas la paz pasa obligatoriamente por el reconocimiento y garantía del goce efectivo de los derechos territoriales…”.
 
Estas palabras fueron expresadas en el foro convocado por Naciones Unidas y la Universidad Nacional de Colombia en el marco del proceso de los diálogos de paz adelantados entre el Gobierno Nacional y las FARC.
 
Este evento que se desarrollará entre el 17 y el 19 de diciembre y que ha sido denominado “Política de desarrollo Agrario Integral – Enfoque Territorial”,, busca recolectar y sistematizar insumos y propuestas de todos los sectores de la sociedad en temas como: acceso a tierras, programas de desarrollo con enfoque territorial, infraestructura y adecuación, desarrollo social, estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y sistemas de seguridad alimentaria.
 
Este es el documento de los pueblos indígenas en materia de desarrollo rural:
 
POR UNA PAZ MÁS ALLA DE LAS NEGOCIACIONES ENTRE LOS ARMADOS
 
PROPUESTAS A LA SOCIEDAD CIVIL, AL GOBIERNO NACIONAL, A LAS FARC, AL ELN Y A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL DESDE EL MOVIMIENTO INDÍGENA COLOMBIANO
 
CONSIDERACIONES
 
La solución del conflicto armado es una necesidad para todo el país. Lo es, de manera prioritaria, para quienes, ante la degradación del mismo y la violación de los DH por todos los actores armados, sufrimos las muertes y las masacres, junto con la desestructuración de nuestras comunidades, economías, infraestructuras, culturas, territorios, y de nuestros procesos organizativos y de gobernabilidad. Hemos saludado esta iniciativa y llamado tanto a las FARC como al Gobierno Nacional a que no se levanten de la mesa hasta no lograr una solución definitiva. También hemos planteado que con el ELN se inicien procesos similares.
 
Somos conscientes que quienes están en la mesa de la Habana no nos representan; los llamamos a que no se abroguen el derecho de tomar decisiones por encima de la sociedad civil. Decimos de las FARC que no nos representan, en la medida en que consideramos que el conflicto armado y la actuación de la guerrilla dentro del mismo, han sido un mal mayor que los males que proponen solucionar; igual planteamos respecto al Estado, en la medida en que a pesar de que tenemos derechos Económicos, Sociales, Políticos, Culturales y Ambientales en la Constitución colombiana, estos son en gran parte violados e incumplidos, por presiones de elites nacionales y transnacionales que se han apropiado del mismo, y además han utilizado el conflicto armado para acallar y debilitar la lucha social y política por estos derechos.
 
Para los indígenas la paz pasa obligatoriamente por el reconocimiento y garantía de goce efectivo de los derechos territoriales de los pueblos ya que la guerra contra nosotros se ha hecho para despojarnos de nuestra territorialidad ancestral, desde la misma llegada de los españoles. Actualmente el conflicto armado tiene gran parte de su escenario en los territorios indígenas, a causa de la disputa por los recursos naturales y la intervención de la gran minería y los macro proyectos, lo que está ocasionando una de las mayores crisis humanitarias en nuestros pueblos.
 
La solución política del conflicto armado no es la paz del país, aunque es un paso necesario en el avance hacia la misma; por ello, somos los pueblos indígenas de Colombia, los sectores sociales y la sociedad civil en general, los llamados a construir, en un horizonte de corto, mediano y largo plazo, esa paz sostenible y duradera que anhelamos. Por ello planteamos:
 
PROPUESTAS A LA SOCIEDAD CIVIL.
 
a. DESARROLLO RURAL Y REFORMA AGRARIA.
 
 Reconocimiento, protección y garantía al ejercicio de nuestro derecho a la territorialidad ancestral de los pueblos indígenas.
 
 Reordenamiento a nuestra autonomía, territorial social, ambiental, cultural y regional en el marco de una reforma agraria y de un gran acuerdo político nacional.
 
 Derechos a la soberanía alimentaria, al agua, al ambiente, a los planes de vida de las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes. Defendemos el derecho a producir nuestra propia comida como ejercicio a la resistencia.
 
 Reconocimiento y garantía al desarrollo diferencial de los pueblos.
 
b. NACIÓN MULTIETNICA.
 
 Garantizar a todos los colombianos su derecho al desarrollo dentro del respeto a su cultura y cosmovisión. Particularmente para las poblaciones indígenas garantizar su territorialidad ancestral y el respeto al ejercicio de gobierno propio y de control territorial, al igual que los avances logrados por los pueblos afro colombianos y campesinos. Las propuestas indígenas en sistemas propios de salud, educación, comunicación y de autoridad ambiental territorial indígena, deben ser conocidas y entendidas por los colombianos desde una perspectiva de la diversidad como riqueza y no como problema.
 
c. PARTICIPACIÓN POLÍTICA.
 
 Los sectores mínimamente organizados del país estamos llamando a un gran Congreso Nacional por la paz y/o Encuentros de Constituyentes Regionales en abril del próximo año y a explorar escenarios de tipo regional y nacional como asamblea constituyente o constitucional, y utilización de mecanismos existentes como referéndums, plebiscitos, movilizaciones, que en todo caso busquen llevar a una democracia real en Colombia y que tengan como punto de arranque un gran acuerdo político nacional entre todos los sectores. Llamamos a todos los sectores y a la sociedad civil no organizada hacer parte de este propósito.
 
d. VERDAD, JUSTICIA, REPARACION Y GARANTIA DE NO REPETICION.
 
 Planteamos un ejercicio de memoria a través de una comisión de la verdad que nos permita llegar a las causas estructurales y los determinantes de la violencia.
 
PROPUESTAS AL ESTADO COLOMBIANO.
 
a. RECONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL COMO ACTOR FUNDAMENTAL POR LA PAZ.
 
No estamos planteando participar en las mesas de la Habana sino que, por el contrario, planteamos que las mesas de la Habana tienen que poner sus acuerdos en escenarios donde la sociedad civil pueda tomar las decisiones en perspectivas acorde con la democracia participativa; acuerdos que seguramente serán bien recibidos en la medida en que se puedan ubicar en el horizonte de corto, mediano y largo plazo para una paz estable y duradera, que al interior de la misma venimos construyendo. Por ello planteamos al Gobierno interlocutar desde ahora con los procesos de sociedad civil sobre cuáles pueden ser estos escenarios.
 
b. GARANTIAS PARA UNA COMISION DE LA VERDAD DE NIVEL NACIONAL.
 
Avalar desde el Gobierno nacional, ante la opinión pública, la necesidad de llegar a la verdad y la justicia y el papel que dentro de ello debe jugar una comisión de la verdad. Compromiso con no estigmatización de la misma y garantías para su funcionamiento y seguridad.
 
c. GARANTIA PARA LA REPARACION COLECTIVA E INDIVIDUAL DE LAS VICTIMAS.
 
La reparación y el papel de las víctimas no pueden ser algo marginal y sin incidencia, y mucho menos constituir un proceso de re-victimización, sino que deben ser la base para la transformación democrática de Colombia. El gobierno nacional debe garantizar la participación de las víctimas en todos los procesos de paz.
 
d. COMPROMISO CIERTO CON EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD EN EL RESPETO A TRATADOS INTERNACIONALES Y ESPECIFICAMENTE EL RESPETO Y VIGENCIA DEL DIH.
 
 Desde comunidades indígenas, campesinas, afro colombianas y en general desde los pobladores de la Colombia rural sabemos que el DIH no se respeta en su integralidad por el Estado colombiano. Es un deber constitucional que ello se haga, y debe ser un compromiso cierto del Estado colombiano el cumplimiento y vigilancia permanente del DIH.
 
 Reclamamos al Estado colombiano que permita el funcionamiento de comisiones humanitarias de la sociedad civil, debidamente reglamentadas, que tengan por objetivo la realización de acercamientos con los actores armados para exigir y vigilar que estos a su vez también afirmen y cumplan sus compromis