La cuarta parte de la inversión global de la minería se concentra en América Latina. En la Región Andina, las concesiones mineras se ubican mayoritariamente en los territorios indígenas. Y aunque los cuatro países (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) son Estados parte del Convenio 169 de la OIT y sus constituciones y normas de menor jerarquía protegen en mayor o menor medida los derechos de los pueblos indígenas, el neoliberalismo extractivista se impone sobre estos derechos.
 
Estos elementos comunes respecto de los impactos de la minería sobre los derechos de los pueblos indígenas fueron identificados en el III Seminario de Capacitación “Normas de Derechos Humanos Aplicables a Proyectos de Empresas Transnacionales en Territorios Indígenas”, realizado  por la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI en Lima, entre el 26 y el 30 de noviembre de este año.
 
En los países andinos, las concesiones mineras que los gobiernos otorgan a las empresas transnacionales en nombre del desarrollo se traducen en el despojo de los territorios de las comunidades indígenas. A ello se suma el aumento de la competencia por el agua, debido a que la minería necesita cantidades enormes de agua fresca para separar los metales buscados de otros minerales presentes en la roca. Asimismo, esta actividad genera graves impactos asociados con el uso de grandes volúmenes de sustancias químicas de alta peligrosidad, como son la contaminación ambiental y los problemas en la salud de personas que habitan en zonas cercanas a una mina.
 
Otro elemento común es la violencia. Frente a los impactos de la minería, las comunidades indígenas y sus organizaciones se movilizan en defensa de sus derechos reconocidos. De manera creciente, los Estados de Bolivia, Ecuador y Perú responden con la criminalización de esta protesta, acusando penalmente a los líderes indígenas de graves delitos, como terrorismo y sabotaje, estigmatizando a sus organizaciones y maniobrando para dividirlas.
 
En el caso de Colombia, el problema está estrechamente vinculado al conflicto armado interno, porque las concesiones mineras coinciden también con las zonas más violentas y los actores armados regulares e irregulares juegan el papel de agentes de seguridad de las empresas mineras, lo que trae como consecuencia el asesinato de las autoridades indígenas y el desplazamiento forzado de comunidades enteras.
 
Los conflictos entre empresas mineras, Estados y pueblos indígenas tienden a multiplicarse en la región. Los Estados otorgan las mayores facilidades legales a la actividad minera y privilegian estas normas sobre aquellas que protegen los derechos de los pueblos indígenas.
 
En Colombia, el gobierno de Juan Manuel Santos ha declarado la minería como una de las “locomotoras del desarrollo”. Ecuador, país tradicionalmente petrolero, está ingresando con fuerza al extractivismo minero y hoy es el sexto país en atracción de inversiones de este sector en América Latina.
 
La Constitución boliviana establece que las concesiones mineras deben pasar a ser contratos mineros. Pero las concesiones se otorgan bajo el disfraz de autorizaciones transitorias y se multiplican, al punto que, por ejemplo, el 99% del territorio indígena en Potosí está concesionado. En el Perú, se calcula que de las 5.680 comunidades reconocidas con títulos de propiedad, 3.326 se encontraban a fines del siglo XX con parte de sus territorios ocupados por concesiones mineras. La expansión continúa y hoy las concesiones mineras ocupan cerca de 22 millones de hectáreas, representando el 17% del territorio nacional.
 
El Seminario de la CAOI reunió a líderes indígenas de sus organizaciones integrantes: Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ, Bolivia), Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI) y la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI).
 
Los participantes, además de examinar y discutir el panorama de la minería en la región, presentaron casos emblemáticos de los conflictos generados por la imposición de esta actividad en cada uno de sus países, casos que presentaremos en próximas notas. Asimismo, se informaron acerca de los mecanismos internacionales a los que pueden recurrir para denunciar la vulneración de sus derechos por parte de las empresas transnacionales.
 
Lima, 6 de diciembre de 2012,
 
Comunicaciones CAOI
 
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI
 
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia