San José, C.R., 02-09-12. (MNICR). Con lanzamiento de piedras, palos y disparos con armas de fuego los indígenas bribri de Salitre y de otros pueblos que los acompañan solidariamente, son agredidos en las noches, por un grupo de aproximadamente veinticinco no indígenas que el hace dos invadieron un terreno de la indígena Otilia Figueroa Calderón, ubicado en la comunidad de Cebror, Territorio Indígena de Salitre, Cantón de Buenos Aires, en la región sur de Costa Rica, y en donde han construido un campamento. Con la agresión, amparados en la oscuridad de las noches, los invasores pretenden intimidar a los indígenas para que abandonen su lucha por la madre tierra, a vista y paciencia de la policía que hace “vigilancia” en la cerca construida por los no indígenas.
 
Los indígenas con su vocación de NO A LA VIOLENCIA resisten a las provocaciones y agresiones, denunciando constantemente los hechos a la policía que se encuentra en el lugar de los hechos y pidiendo reiteradamente que hagan una requisa a los no indígenas y su campamento, denuncias y peticiones que inexplicablemente no son atendidas por los miembros de la fuerza publica.
 
Durante el día de hoy representantes gubernamentales se apersonaron a la zona donde se encuentra el Territorio de Salitre, en las reuniones los indígenas “reconocen” que sus derechos están siendo vulnerados por los no indígenas, pero después de encontrarse con los invasores resultaron proponiendo un diálogo con dos condiciones, que los indígenas no cuestionaran a ninguna persona representante de los usurpadores y que la reunión que se lleve en las oficinas de la Municipalidad de Buenos Aires, diálogo que no aceptan los indígenas porque, por una parte, porque significaría renunciar a sus derechos ancestrales a la madre tierra y aceptar que los invasores tienen algún derecho sobre ella, y por otra parte, porque recientemente la Municipalidad declaró non grato a Sergio Rojas, Presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena (ADI) de Salitre, ente que desempeña la función de gobierno del territorio, y se asume que con ese acuerdo han declarado non gratos a todos los indígenas del cantón de Buenos Aires.
 
La representación gubernamental ha presentado el caso al tribunal de Buenos Aires, lo que no contribuye a la solución inmediata de problema, pues los no indígenas podrían quedarse meses u años usurpando las tierras indígenas y hasta con la protección policial. Si el gobierno no aplica la ley y respalda al gobierno indígena que recae en la ADI, el conflicto puede agravarse con consecuencias insospechadas, y la responsabilidad será única y exclusivamente del gobierno costarricense.
 
Los indígenas vehementemente exigen de las autoridades de policía y la representación gubernamental un informe detallado de cada una de sus actuaciones y de las razones de las acciones que no ejecutaron como la requisa y el decomiso de armas contusas, blancas y de fuego que están en poder de los invasores y con las que llevan a cabo las agresiones y amenazas.