El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Racismo y Discriminación Mutuma Ruteere, luego de sostener una segunda reunión con el Consejo de Gobierno del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu - CONAMAQ, afirmó que la represión policial-militar del 25 de septiembre de 2011 a la VIII Marcha Indígena “es una cuestión de mi propio interés, sobre todo por la falta de acción del Estado para encontrar a los responsables, por la falta de castigo a quienes fueron responsables del uso excesivo de la fuerza”.

 
Anunció además que los datos otorgados CONAMAQ serán incorporados al informe que presentará al Gobierno nacional y a la ONU, con una serie de recomendaciones para lograr el respeto a los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas en Bolivia.
 
“Las detenciones a líderes indígenas muestran problemas de discriminación. Y en el caso de los eventos de Chaparina, subyace el problema de la Consulta. Ustedes han llamado mi atención con sus preocupaciones. Les quiero sugerir que trabajen conjuntamente con la oficina de La Paz del Alto Comisionado de Derechos Humanos, porque de esta manera algunas de las preocupaciones pueden ser encaminadas de manera correcta”, dijo Ruteere.
 
La semana pasada, el CONAMAQ se había reunido con el Relator Especial sobre Discriminación y Racismo en la Cancillería, pero “nos faltó tiempo ese día para tener una discusión. Las víctimas son esenciales para mi trabajo, por eso me he esforzado por escuchar las voces de las víctimas. Fue muy importante haber celebrado esta reunión, haber podido escucharles para informarme aún más sobre las situaciones que ustedes han vivido”, dijo el Relator.
 
El CONAMAQ le presentó tres casos: sobre la represión policial a la VIII Marcha Indígena en Chaparina, el 25 de septiembre de 2011; la criminalización de dirigentes originarios como Cancio Rojas de Mallku Kota y Fernando Choque Romero, kuraka de la Nación Qhara Qhara; y la exclusión de las naciones originarias en la Ley de la Madre Tierra.
 
“Una vez concluida mi visita voy a elaborar un informe para presentarle al Gobierno boliviano y al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Tendrá recomendaciones acerca de la manera de responder a algunos de los problemas que ustedes han mencionado. En algunos casos, esto les llevará a seguir trabajando con mecanismos de las Naciones Unidas. Esperaremos a que el Gobierno de Bolivia responda a las recomendaciones de mi informe. Muchas gracias por haberme dado oportunidad de escuchar más ampliamente. Y no se disculpen por haberme seguido por todas partes, porque estoy aquí para escuchar. No me han ofendido en absoluto, les doy las gracias de nuevo”, señaló el Relator de la ONU al finalizar la reunión en el hotel Radisson de la ciudad de La Paz.
 
Por su parte, Rafael Quispe Flores, Coordinador de Fortalecimiento e Integración Política de los Pueblos de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), dijo que “el Gobierno debe cumplir la Constitución Política del Estado, respetar las normas que protegen los derechos de los Pueblos Indígenas y la ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación. Las personas que cometieron delitos estando en funciones de Gobierno deben ser sancionadas. Pero tenemos a exministros como Sacha Llorenti, quien hoy es premiado como Embajador en las Naciones Unidas, en lugar de ser juzgado por la represión de Chaparina”.
 
Fuente: Equipo de Comunicación Indígena Originario.