El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de las Naciones emitió una serie de observaciones al Estado ecuatoriano, las que recogen gran parte de las denuncias presentadas en el informe alcanzado a este organismo por la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) y la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), tales como la vulneración a los derechos a la consulta y consentimiento, criminalización, justicia indígena, salud y educación.
 
La 2199 sesión del CERD, realizada en Ginebra, aprobó las observaciones finales al Estado ecuatoriano. Una de ella expresa su preocupación por “la escasa participación de representantes de los pueblos y nacionalidades” en la elaboración del Plan Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural. E insta al Estado a “elaborar e implementar, con la participación efectiva de los pueblos y nacionalidades (…), una política integral de lucha contra el racismo y la discriminación racial”.
 
Preocupa también al CERD “los contenidos que representan negativamente a las personas indígenas y afroecuatorianas en los medios de comunicación”. Por lo que recomienda al Estado ecuatoriano realizar campañas para combatir los prejuicios raciales y fomentar la tolerancia y el respeto entre los ecuatorianos.
 
Vulneración de derechos
 
Aunque el CERD lamenta que la propuesta de Ley de Consulta esté en un punto muerto en la Asamblea Nacional, le recuerda al Estado ecuatoriano “que la falta de reglamentación del Convenio 169 de la OIT no es obstáculo para su aplicación y nota con preocupación la ausencia de la implementación (…) de la consulta efectiva con los pueblos indígenas a fin de obtener su acuerdo previo, libre e informado frente a la ejecución de la extracción de recursos naturales u otras cuestiones que los afecten”.  Agrega que “también son de preocupación para el Comité las declaraciones públicas justificando la ausencia de consultas con pueblos indígenas (…)”.
 
En el tema de la criminalización, el CERD indica que “a pesar de la ausencia de condenas (le preocupa) la tendencia a la que se enfrentan principalmente líderes indígenas de detenciones arbitrarias y acusaciones infundadas cuando organizan y participan en protestas sociales, esencialmente en el contexto de leyes y políticas que regulan el uso de los recursos naturales y el derecho a la consulta efectiva con vistas a obtener el consentimiento”.
 
En consecuencia, el CERD exhorta al Estado ecuatoriano a “establecer procesos de consulta efectiva con las comunidades afectadas, de acuerdo a los estándares internacionales”, “proteger a personas indígenas contra ataques físicos es intimidación en lo relativo a los recursos que se encuentren en su territorio” y “garantizar que el combate legítimo contra el crimen no restrinja el ejercicio legítimo de las libertades de expresión, reunión y de asociación pacíficas de los pueblos indígenas”.
 
En su acápite 18, el documento del CERD se refiere a la ausencia de delitos vinculados a la discriminación racial en los tribunales nacionales y los reportes de que dichos casos se desestiman sobre todo si son presentados por personas indígenas, afroecuatorianas o montubias.
 
En cuanto a la coordinación entre la justicia indígena y la ordinaria, el Comité de la ONU exhorta al Estado ecuatoriano “a velar por el respeto y el reconocimiento de los sistemas tradicionales de justicia de los pueblos indígenas (…) y reitera su recomendación para que agilice el proceso de adopción del anteproyecto de ley que tenga por principal objetivo lograr armonizar y regular las funciones, competencias y responsabilidades del sistema de justicia de los pueblos indígenas y las del sistema de justicia nacional”.
 
Salud y educación
 
Preocupa asimismo al Comité “la insuficiencia de servicios de salud adecuados y accesibles a la población indígena”, por lo que alienta al Estado ecuatoriano a tomar “las medidas necesarias para que el acceso a los servicios básicos y la atención en centros de salud (…) sean apropiados y respondan a las diferencias lingüísticas y culturales de los pueblos indígenas”.
 
Con respecto a la educación, “el Comité expresa su preocupación por los altos niveles de analfabetismo y dificultades en el acceso a la escolaridad de los pueblos indígenas, incluyendo el nivel de educación superior al que solo tiene acceso 4,9% de la población indígena, así como la falta de información sobre la implementación de la educación intercultural bilingüe”.
 
Por ello, insta al Estado ecuatoriano a “asignar los recursos humanos y financieros necesarios para implementar dicha educación” y lo alienta a desarrollar “de la mano de los pueblos indígenas, políticas que busquen aumentar los niveles de educación y acceso a la escolaridad de los pueblos indígenas, respetando el modelo de educación intercultural bilingüe”.
 
Promoción y defensa de derechos
 
El Informe al CERD de CAOI y ECUARUNARI fue elaborado por los abogados del Observatorio Jurídico de la CAOI, una de cuyas líneas de trabajo es precisamente la incidencia en instancias internacionales de los sistemas ONU y OEA. A las sesiones del CERD realizadas en agosto asistió Luis Contento, vicepresidente de ECUARUNARI.
 
 
Septiembre 6 de 2012.
 
Ver el texto del Documento del CERD.
 
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia