Pobreza, analfabetismo, ausencia de consulta, estigmatización y criminalización, revelan alarmante regresión en materia de derechos indígenas en Ecuador.
 
El 81 Período de Sesiones del Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial – CERD de Naciones Unidas se inició hoy en Ginebra y mañana someterá a examen al Estado ecuatoriano, cuyos representantes deberán responder por los actos de discriminación contra los pueblos indígenas, expresados en los altos índices de pobreza y analfabetismo, estigmatización, ausencia de consulta y criminalización.
 
Siendo el Estado ecuatoriano parte de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, del Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y habiendo reconocido estos derechos y la plurinacionalidad en su Constitución, en la práctica implementa acciones de regresión en materia de derechos humanos y colectivos.
 
Sus propias cifras lo demuestran: su “Plan Plurinacional para eliminar la discriminación racial y étnica” revela que el 72% de los indígenas ecuatorianos se sienten discriminados. El 70% de la población indígena es pobre, frente al 33% de la población blanca y 48.7% de la población afroecuatoriana. El analfabetismo alcanza una tasa de 26.7% entre las mujeres indígenas y 13.7% entre los hombres indígenas. Apenas un 2.9% de la población indígena ha accedido a un título en educación superior.
 
En su informe al CERD, el Estado ecuatoriano reconoce que no hay una sola sentencia en los casos de denuncias por discriminación racial. Y hasta el momento no se reconoce la posesión ancestral de las tierras y territorios de los pueblos indígenas.
 
Particularmente grave es la ausencia de consulta para la ejecución de proyectos extractivos en territorios indígenas y para la aprobación de leyes que supuestamente deberían implementar la plurinacionalidad. Ni siquiera el propio “Plan Plurinacional para eliminar la discriminación racial y étnica” ha sido consultado a los pueblos indígenas y sus organizaciones.
 
Existe un proyecto de Ley de consulta y participación propuesto desde los Asambleístas Indígenas opositores al gobierno, pero el propio Presidente Rafael Correa ha señalado que “la consulta no es obligatoria”. Y en su informe al CERD, el Estado ecuatoriano señala que tiene competencias exclusivas sobre recursos energéticos, minerales e hidrocarburíferos y  se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos dentro de los cuales se encuentran los recursos naturales no renovables.
 
A todo lo anterior se añade la estigmatización de los pueblos indígenas y sus organizaciones, que han sido calificados por el Presidente Correa de “cuatro pelagatos chiflados que representan al 2% de la población” y de “cuatro emponchados y emplumados”. Esta estigmatización se agrava con la criminalización de los líderes y dirigentes indígenas, más de doscientos de los cuales enfrentan juicios por delitos como sabotaje y terrorismo, por defender los derechos de sus comunidades.
 
El Estado ecuatoriano, además, no implementa políticas públicas interculturales en salud y educación. Por el contrario, el gobierno ha presentado un Proyecto de Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad –que tampoco ha sido consultado– que de aprobarse eliminaría la institucionalidad conquistada por los pueblos indígenas.
 
En efecto, la Disposición Derogatoria Primera textualmente dice: “Primera.- Derógase la Ley Orgánica de las Instituciones Públicas de los Pueblos Indígenas del Ecuador, Ley No 86, publicada en el Registro Oficial No 175 del 21 de septiembre de 2007, que creó el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador – CODENPE; la Secretaría Nacional de Salud Intercultural de las nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador; y, el Fondo de Desarrollo de las nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador – FODEPI”.
 
El Proyecto de Ley Orgánica de Coordinación y Cooperación entre la Justicia Indígena y la Justicia Ordinaria tampoco ha sido consultado a los pueblos indígenas y sus organizaciones. Su contenido recorta este derecho reconocido por la Constitución ecuatoriana.
 
Toda esta discriminación contra los pueblos indígenas por parte del Estado ecuatoriano está debidamente sustentada en el Informe de los pueblos indígenas presentado al CERD por la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI y la Confederación de los Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador – ECUARUNARI.
 
CAOI y ECUARUNARI, además han enviado a Ginebra como delegado ante el 81 Período de Sesiones del CERD a Luis Contento, Vicepresidente de ECUARUNARI.
 
Informe completo en:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/ngos/CAOIEcuador81.pdf
 
Lima, 6 de agosto del 2012
 
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia