Colombia: CIDH condena muertes y expresa preocupación por la situación de violencia en el norte del Cauca
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena las muertes de personas indígenas y expresa su preocupación por los efectos de los enfrentamientos entre un grupo armado ilegal y la fuerza pública de Colombia en el Departamento del Cauca, que habrían causado lesiones a personas civiles, incluyendo niños. La Comisión Interamericana recibe con beneplácito la información sobre el inicio de un diálogo entre el gobierno de Colombia y el pueblo indígena del Cauca, y alienta a las partes a buscar por la vía del diálogo una solución pacífica a este conflicto.
La situación de los pueblos indígenas del norte del Cauca se habría agravado recientemente, como resultado del incremento de los enfrentamientos armados en zonas urbanas y rurales de varios municipios del Departamento. Según información de público conocimiento, en este contexto murió Eduar Fabián Guetio Bastos, joven indígena nasa, presuntamente como consecuencia de una herida letal producida por efectivos militares el 18 de julio, en una vía del Resguardo de La Laguna Siberia, Municipio de Caldono. Igualmente, se recibió información sobre la muerte de Mauricio Largo, presuntamente a causa de un impacto de bala durante disturbios ocurridos el 19 de julio en la vereda de Huasaná, Municipio de Caloto, Cauca. Asimismo, la CIDH expresa su especial preocupación por la situación de los miembros del Pueblo Nasa de los Resguardos de Jambaló, Toribío, San Francisco y Tacueyó en el Departamento del Cauca, quienes son beneficiarios de la medida cautelar 255/11, otorgada por la CIDH el 14 de noviembre de 2011, mediante la cual la Comisión solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los beneficiarios. En la solicitud de medida cautelar se alegaba que los miembros del pueblo Nasa de estos resguardos se encuentran en una situación de alto riesgo en razón del conflicto armado, y que han sido objeto de homicidios, desapariciones forzadas y otros hechos graves de violencia.
En marzo de 2012, la Comisión ya había condenado la muerte de miembros del pueblo nasa y la afectación a la integridad de tres niños por la manipulación de artefactos explosivos encontrados en la escuela de Jambalo, y expresó “especial preocupación ante información recibida sobre enfrentamientos armados que habrían tenido lugar el 23 de marzo entre la Policía Nacional, el Ejército Nacional y un grupo armado ilegal en zonas rurales y urbanas del Resguardo de Jambaló, hechos que habrían ocasionado lesiones al menos a dos personas”. El comunicado de la CIDH del 30 de marzo de 2012 instó “al Estado colombiano a evitar la realización de acciones armadas que pongan en peligro la vida o integridad de la población civil”.
Recientemente, la CIDH recibió información que indica que, desde el 3 de julio de 2012, se habrían registrado combates entre un grupo armado al margen de la ley y la fuerza pública colombiana en el área urbana de Jambaló, que causaron lesiones a cuatro civiles, entre ellos tres niños. Igualmente, se recibió información sobre la explosión de un artefacto en Toribio, que habría ocasionado heridas a cinco profesionales de la salud y una persona indígena. Asimismo, la CIDH fue informada que, ante las graves consecuencias de los enfrentamientos entre la fuerza pública y el grupo armado ilegal, las autoridades indígenas del Norte del Cauca habrían solicitado a ambos actores del conflicto el cese de los enfrentamientos armados y el retiro de su territorio. La información disponible indica que, entre el 17 y 18 de julio de 2012, miembros del pueblo Nasa habrían procedido a desalojar a los efectivos militares y posteriormente, éstos habrían retomado su posición en la zona. Según información de las autoridades indígenas, estos hechos violentos habrían dejado como resultado decenas de personas indígenas heridas, una persona detenida y diez con paradero desconocido.
La Comisión Interamericana condena estos hechos de violencia que afectan a la población civil, incluyendo beneficiarios de medidas cautelares. Asimismo, la CIDH urge al Estado a adoptar en forma inmediata todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad personal de la población civil.
La CIDH alienta al Estado de Colombia a buscar, a través del diálogo establecida con los pueblos indígenas de la región, el establecimiento de mecanismos efectivos para garantizar el respeto de los derechos humanos de los habitantes del Cauca.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.