La Sala Penal de la Corte Suprema presidida por el juez Javier Villa Stein acaba de emitir una sentencia que exime del delito de lesa humanidad a los integrantes del Grupo Colina, comando militar que durante la dictadura de Alberto Fujimori tenía a su cargo el secuestro, tortura, asesinato y desaparición de opositores. Con la exclusión de este delito, las condenas impuestas a estos homicidas serán reducidas.
 
El solo hecho de favorecer y acelerar la libertad de tan crueles criminales ya hace repudiable esa sentencia, que constituye una falta de respeto a la memoria de las víctimas, a sus familiares y a la forja de una paz verdadera y duradera en el Perú. Pero el contenido de la cuestionable sentencia va mucho más allá y, en la práctica, justifica la ejecución de asesinatos por parte del Estado.
 
En efecto, la sentencia señala que si bien es posible reconocer que los crímenes del destacamento Colina fueron parte de una política de Estado, esta política no era contra la población civil sino contra los terroristas.
 
¿Qué significa esto? ¿Qué el secuestro, la tortura, el asesinato y la desaparición forzosa se justifican para combatir el terrorismo? ¿Qué el Estado tiene derecho a actuar de manera idéntica al terrorismo que dice combatir? ¿Qué una persona es culpable porque lo determina un dictador, sin derecho a investigación policial, fiscal y judicial? ¿Dónde queda el principio universal del derecho según el cual toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario? ¿Para qué entonces las instituciones como el Poder Judicial y el Ministerio Público?
 
¿O lo que se busca es sentar un precedente para acelerar la libertad de Alberto Fujimori, condenado a 25 años por violación de derechos humanos y corrupción?
 
El 70% de las víctimas de la guerra sucia que azotó al Perú durante dos décadas fueron indígenas, sobre todo andinos. Los pueblos indígenas, encerrados en el fuego cruzado de Sendero Luminoso y las fuerzas del orden, eran asesinados y hubo un número inmenso de desplazados. Hasta que las comunidades indígenas decidieron enfrentar el terror y su participación fue decisiva para la derrota de Sendero Luminoso.
 
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI rechaza el asesinato y el terror, en general los crímenes de lesa humanidad, vengan de donde vengan. Por eso se suma al rechazo nacional que viene concitando la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema. La paz verdadera y duradera solo es posible si existe justicia.
 
Crímenes del Grupo Colina:
 
Según el informe de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación las acciones del Grupo Colina fueron las siguientes:
 
§  Masacre de Barrios Altos. El 3 de noviembre de 1991, el Grupo Colina ingresó a un solar ubicado en el jirón Huanta en Lima y asesinó a catorce personas, incluyendo a un niño de ocho años, Javier Ríos Rojas.
§  Desaparición de campesinos de Santa en Chimbote. El 2 de mayo de 1992, el Grupo Colina encabezado por Santiago Martín Rivas secuestraron y desaparecieron a diez campesinos en el valle del Santa: Carlos Alberto Barrientos Velásquez, Roberto Barrientos Velásquez, Denis Atilio Castillo Chávez, Federico Coquis Velásquez, Gilmer Ramiro León Velásquez, Pedro Pablo López Gonzáles, Jesús Manfredo Noriega Ríos, Carlos Martín Tarazona More y Jorge Luis Tarazona More. La masacre fue instigada por intereses privados a través del entonces comandante general del Ejército Nicolás Hermoza Ríos. 
§  Masacre de La Cantuta. El 18 de julio de 1992, el Grupo Colina, encabezado por Rivas, secuestró, asesinó y desapareció a nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta.
§   Asesinato de Pedro Yauri. El 24 de junio de 1992, el periodista, director y conductor del programa radial  “Punto Final” en Radio Universal fue víctima de desaparición forzada y ejecución extrajudicial por parte del Grupo Colina, en Huacho, capital de la provincia limeña de Huaura.
 
Por ello:
 
§  Condenamos la sentencia por propiciar la impunidad, contener una tácita aceptación del secuestro, tortura, asesinato y desaparición por parte del Estado y vulnerar principios fundamentales del Derecho.
§  Expresamos nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas del Grupo Colina que llevan veinte años en una infatigable búsqueda de justicia.
§  Demandamos la destitución de Javier Villa Stein como Magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República.
§  Rechazamos de manera categórica todo intento de recortar la condena o indultar al ex dictador Alberto Fujimori, culpable de corrupción y de violación de derechos humanos.
§  Llamamos a las organizaciones internacionales de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los Organismos de las Naciones Unidas a pronunciarse sobre esta ilegal sentencia.
 
Lima, 24 de julio del 2012.
 
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia