Representantes indígenas de 23 estados, de 57 pueblos indígenas, reunidos en el corazón de México, convocados por el Movimiento Indígena Nacional bajo el tema: “La Agenda de los pueblos indígenas en el proceso electoral 2012”, tomamos la palabra para expresar nuestras posiciones y la de nuestros pueblos acerca del proceso electoral 2012, y:
 
Declaramos:
 
En la época de la Conquista, fuimos masacrados más de 6 millones de indígenas por los españoles en un período de 10 años.
 
En ese entonces, éramos más de 350 pueblos indígenas y todo el territorio de la Nueva España era indígena, hoy sólo somos 62 pueblos con 86 lenguas indígenas y, con una quinta parte del territorio mexicano; no obstante a ello, en la Guerra de Independencia, el 80% del ejército libertador estaba compuesto por indígenas de casi todos los pueblos; en la Revolución, también el ejército era mayoritariamente indígena, pero no fuimos considerados en la Constitución de 1917, y; en 1994, nuevamente, los indígenas irrumpimos la ”paz” para exigir los derechos pueblos indígenas.
 
Hoy, nos encontramos en un momento en el que los pueblos indígenas de México en una nueva etapa de coordinación y fortalecimiento de las luchas y movimientos de nuestros pueblos y sus organizaciones, reconociendo que la unidad es una necesidad para visibilizarnos ante la sociedad mayoritaria nacional y el mundo, así como fijar posturas políticas de reivindicación y propuestas de desarrollo ante un Estado que ha negado históricamente nuestros derechos y nuestra existencia.
 
En esta coyuntura de reencuentro y de rearticulación, está el compromiso de luchar por el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, a fin de allanar el camino para el reconocimiento y cumplimiento de derechos históricos de los pueblos indígenas, entre los que es necesario destacar:
 
Incluye además la Agenda Nacional Indígena demandas y planteamientos de una parte importante de los pueblos indígenas, y por la otra, la respuesta necesaria y obligada que exigimos del Estado mexicano en sus tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, así como en el ámbito de los poderes del estado: ejecutivo, legislativo y judicial, ante los nuevos retos con el estado mexicano.
 
Es oportuno destacar nuestra preocupación por la evidente ausencia de compromisos de los candidatos y la candidata a la presidencia de la República, en su visión de cómo se abordará la relación del triunfador o triunfadora con los pueblos indígenas.
 
Es preocupante que nos vean solo como grupos vulnerables o simples beneficiarios de migajas públicas, cuanto que somos sociedades que damos origen a la Nación Mexicana y de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como al derecho internacional damos soporte al país, por su riqueza natural, estratégica, política, social, cultural o lingüística.
 
Nadie puede pasar sin reconocer nuestros derechos territoriales, políticos y económicos en una relación de iguales, donde hombres y mujeres abonemos en el fortalecimiento de la República.
 
Por ello, no puede olvidarse el pendiente del cumplimiento de los Acuerdos alcanzados en Samkamchén de los Pobres, Chiapas.
 
Tampoco se puede dejar de lado la represión, desaparición hostigamiento, encarcelamiento, despojo, de que son objeto nuestras comunidades, representantes y dirigentes indígenas quienes defienden sus territorios
 
Resaltan innumerables casos en defensa del territorio y los recursos naturales entre estos, de lucha contra las mineras, proyectos inmobiliarios, de agua, manantiales, bosques, proyectos ecoturísticos en Oaxaca, Guerrero, Morelos, Hidalgo, Puebla, por mencionar algunos.
 
Es el caso de la lucha contra la minería, en Wirikuta por el sitio sagrado; en Oaxaca y Guerrero contra las mineras canadienses, o el acoso del INAH hacia el municipio Náhuatl de Tehuipango por defender su Centro Ceremonial.
 
O la injusticia hacia las mujeres como el de las nahuas de Guerrero y Veracruz, por mencionar algunos ejemplos, como el de la señora Ernestina Ascencio, muerta por violación de militares en la Sierra de Zongolica, Veracruz.
 
También el caso de la activista Petra Martínez, asesinada en Morelos junto con su hijo y nieto de 5 años en el marco del Programa “Morelos Seguro”.
 
Las exigencias de los pueblos indígenas son inmensas pero de manera emblemática exponemos los puntos básicos:
 
PRIMERO.- Derecho a la tierra y al territorio. Esto implica que el gobierno federal, estatal y municipal no deben otorgar concesiones sobre explotación minera, aguas, bosques y otros recursos que existen en los territorios de los pueblos indígenas, para esto deben someterse a consulta –libre, previo e informado- a los pueblos indígenas involucrados, y en el caso muy concreto de la comunicación, asignar a los pueblos indígenas un 30 % del espectro radioeléctrico, bajo el principio de respeto al espacio aéreo que nos corresponde.
 
SEGUNDO.- Ejercicio pleno de la Libre Determinación y la Autonomía en los pueblos indígenas, en el marco de lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, de la Declaración de la ONU de los derechos de los Pueblos Indígenas. La Autonomía de los pueblos indígenas de México, no es ir en contra de la unidad nacional, ni pretende la independencia o separación, por el contario, es la mejor forma de resolver las carencias históricas de los pueblos indígenas. Urgen las Reformas Constitucionales para vincular los derechos de los pueblos indígenas con los Acuerdos, Convenios y Declaraciones Internacionales referentes a los pueblos indígenas.
 
TERCERO.- Plena representación política de los pueblos indígenas, de hombres y mujeres, y su participación en la definición y aplicación de políticas públicas con respecto a sus pueblos, en los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, así como en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Una real representación en el Congreso de la Unión con la creación de VI Circunscripción Indígena con 75 diputados federales y 20 Senadores indígenas, hombres y mujeres, así como el reconocimiento del IV Nivel de Gobierno.
 
CUARTO.- Nueva relación de respeto y reconocimiento mutuos entre los pueblos indígenas con el Estado mexicano. De entrada, esto exige una reforma inmediata a la ley que crea la CDI y a sus instrumentos normativos internos, para eliminar los obstáculos burocráticos y legales de acceso; la redefinición de la Educación Indígena –desde inicial hasta la superior- para los pueblos indígenas, así como la aplicación de la Educación Intercultural a todo el Sistema Educativo de México.
 
QUINTO.- La mujer indígena debe tener especial atención en la salud, justicia, educación y cultura. Ella es la portadora de la identidad y filosofía de nuestros pueblos, por ello, la política para las mujeres indígenas debe ser creada, dirigida y aplicada porellas mismas. Será compromiso del nuevo Congreso de la Unión las reformas Constitucionales para proteger y cumplir los derechos de las mujeres indígenas de México.
 
Las mujeres indígenas reclamamos, la garantía y respeto de los derechos fundamentales, sobre todo, referente a los derechos a una vida libre de violencia así como el acceso a la justicia de manera gratuita y eficiente en un marco intercultural.
 
A que se cumpla y respete los instrumentos internacionales (CEDAW, CONVENIO 169 DE LA OIT, Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Belem do Para) relativos a pueblos y mujeres indígenas, así como las recomendaciones del Foro Permanente Indígena de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
 
El acceso libre, gratuito y de calidad a los servicios de salud que aún no garantizan la vida por enfermedades curables y prevenibles de las mujeres, ancianas, niñas y niños indígenas; también, el inmediato compromiso en asegurar el acceso a la educación intercultural de calidad que incluyan, temas de salud sexual y reproductiva, clara y precisa.
 
Mayores espacios de participación política de las mujeres en función de la paridad e igualdad de género en la toma de decisiones.
 
Destacamos como parte fundamental en nuestras demandas, los derechos lingüísticos, culturales y sociales, que dan identidad a nuestros pueblos.
 
SEXTO.- Proponemos un diálogo constructivo entre los diferentes actores políticos sociales de nuestros pueblos, así como abrir el espacio para encuentro y diálogo con las otras sociedades que componen la sociedad mexicana y del mundo.
 
SÉPTIMO.- Exigimos a los gobiernos federal y estatales, así como a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y Congresos Locales, la asignación de un presupuesto suficiente y realista en proporción a nuestra contribución a la nación mexicana, toda vez que en nuestras tierras se explota el petróleo, muchas de nuestras tierras se han inundado para la construcción de presas hidroeléctricas y en ellas se explotan recursos estratégicos que aportan suficiente riqueza a México, pero no así a los pueblos indígenas.
 
OCTAVO. Reclamamos a los candidatos a la presidencia de la república, a los candidatos a diputados y senadores que cumplan su palabra con los Pueblos Indígenas, una vez que sean electos, o serán ellos los responsables que no se instalen urnas en los territorios indígenas en las siguientes elecciones;
 
NOVENO.- Emplazamos al Presidente Electo o a la Presidenta Electa, a los Diputados y Senadores, que a los 100 días posteriores al 1° de julio del presente año, que las Instancias que atienden a los pueblos indígenas, sean asignadas profesionlaes indígenas con amplia solvencia moral y conocimiento de la agenda política indígena, de lo contrario, no habrá voluntad política.
 
Nos pronunciamos por:
 
El respeto al ejercicio autonómico de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), policía comunitaria de la montaña y costa chica de Guerrero.
 
El apoyo a la comunidad indígena de Cherán, Michoacán en el ejercicio de los derechos autonómicos.
 
Exigimos respeto a Wirikuta territorio sagrado-espiritual de los hermanos Wirrárikas.
 
Que los Centros Ceremoniales bajo la administración el INAH, pasen a manos de los pueblos indígenas