Derechos de la Madre Tierra

Del documento de Principios y Objetivos de la Misión Internacional se derivaban dos ejes prioritarios de atención en la labor de observación:
 
1- El libre ejercicio del derecho de expresión y manifestación desde el principio de no violencia que presidía la convocatoria de la Marcha
2- La identificación de los problemas que motivan los conflictos y su relación con el Derecho al agua potable y al saneamiento básico, recientemente reconocido por NNUU como un Derecho Humano.
 
El presente informe se centra por tanto en estas dos cuestiones. Posteriormente, en un plazo que esperamos no rebase el final del presente mes de febrero, el equipo técnico de la Misión aportará un segundo informe sobre la evaluación ambiental del proyecto CONGA. La Misión pretende contribuir así a clarificar aspectos técnicos, que a menudo son presentados de manera farragosa o con nomenclatura técnica, lo que dificulta la comprensión de argumentos importantes en los conflictos abiertos.
 
I - El Derecho de Manifestación y el Principio de No Violencia
 
Tal y como se reseñaba en el documento de Principios y Objetivos de la Misión Internacional de Observación, la Marcha Nacional por el Derecho al Agua, celebrada entre el 1 y el 10 de febrero en Perú, se basaba en el principio de la No Violencia. La Misión mantuvo destacados en la Marcha continuamente a dos personas del equipo de observación, a fin de seguir con detalle, tanto la organización interna, como la actitud de las fuerzas policiales y posibles incidentes con elementos externos a la Marcha. Valoraremos por separado ambos aspectos.
 
1- Dentro de la Marcha, el orden fue garantizado de forma eficaz por las Rondas Campesinas. Las personas que participaron en las distintas etapas de la Marcha fueron previamente identificadas e inscritas, con el fin de evitar la entrada de personas o grupos violentos. Valoramos y celebramos que el carácter No Violento de la Marcha fue respetado de forma rigurosa en todo momento.
 
2- En lo que se refiere a las fuerzas policiales, tanto sobre la base de nuestra observación directa, como por la información de los organizadores, su comportamiento fue correcto. En todo momento, tanto en el trayecto desde Cajamarca hasta Lima, como en la propia capital, las unidades policiales han dialogado correctamente con los organizadores y han facilitado el desarrollo normal de la Marcha y de las manifestaciones.
 
Por lo tanto, desde la Misión Internacional de Observación queremos felicitar, tanto a los organizadores, como al Gobierno y a las Municipalidades que estuvieron en el itinerario de la Marcha, por haber conseguido garantizar el derecho de manifestación desde un comportamiento cívico ejemplar.
 
No obstante, queremos reseñar la actitud negativa mostrada por algunos medios de comunicación que intentaron levantar el fantasma de la violencia y del terrorismo, mediante comentarios o informaciones infundadas sobre la pretendida participación de grupos violentos en la Marcha. Desde la Misión certificamos que tales informaciones y comentarios, no sólo son infundados y falsos, sino que sugieren la existencia de sectores interesados en fomentar, malintencionadamente, este tipo de noticias intentando deslegitimar el derecho ciudadano de movilización pacífica. Para la Misión, estas actitudes en determinados medios de comunicación, sin ser lo más importante, son preocupantes, puesto que suponen una manipulación de la información degradante de la vida democrática, en un país que busca superar las heridas que dejo la nefasta década de la violencia política.
 
II - El Estado del Conflicto
 
A lo largo de los días en que se ha desarrollado la Marcha, el equipo de la Misión Internacional de Observación ha dedicado una parte importante de sus recursos humanos a entrevistas con todos los actores sociales e institucionales que ha sido posible. Día a día, se han referenciado en el BLOG de la Misión estos encuentros, junto a los correspondientes resúmenes de lo tratado en las entrevistas.
 
Se han realizados encuentros y conversaciones con:
 

Organizadores de la Marcha y principales líderes de las Rondas Campesinas y de los Frentes de Defensa participantes.
Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SUTESAL)
Representantes de Asociaciones de Chimbote
Congresista Dª Claudia Coari, por la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos y del Ambiente
Congresista D. Javier Diez Canseco, del Partido Socialista, como experto en materia de minería en el Congreso
Ex Viceministros del Ambiente, D. José de Echave y D. Hugo Cabieses
D. Francisco Soberón, Dª Josefina Huamán y dirigentes de las ONGs de la ANC- Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, con una amplia representación encabezada por Dª Eva Arias, como Presidenta.
D. Peter Koenig, experto del Banco Mundial en economía del agua.
D. Abel Mejía, Rector de la Universidad Nacional Agraria de la Molina; D. Marco A. Núñez, Secretario General de la ANA, y el Doctor Axel Dourojeanni, junto a otros muchos académicos y expertos en el Auditorio principal de la Molina.
Defensoría del Pueblo, representada por Dª Alicia Abanto y su equipo.
Monseñor Barreto, primer Vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Perú.

 
La entrevista acordada con el Ministro del Ambiente, D Manuel Pulgar Vidal, prevista para el viernes día 10, fue reiteradamente retrasada, por una convocatoria extraordinaria del Gobierno que se extendió a lo largo de todo el día, quedando finalmente aplazada para la semana siguiente…
 
Otra fuente sistemática de información ha sido el dossier diario de medios de comunicación.
 
II.1 Consideraciones sobre el marco legal, político e institucional
 
De este amplio abanico de fuentes extraemos algunas consideraciones que permiten contextualizar el marco legal, político e institucional del Perú.
 
1- El contexto legal e institucional de Perú está fuertemente condicionado y marcado por el periodo de dictadura de Fujimori, en el que se implantó, de forma autoritaria y sin restricciones, un marco neoliberal que llevó a privatizar entre otros sectores públicos, el de la minería, relajando, cuando no haciendo desaparecer, todo tipo de regulaciones que pudieran condicionar o molestar a los grandes inversores privados internacionales (como la suspensión del capítulo de delitos ecológicos en el código de medio ambiente).
 
2- Más allá de su reciente creación, el actual Ministerio del Ambiente se viene demostrando, tal y como valora la propia Defensoría del Pueblo, débil desde el punto de vista institucional y competencial. De hecho, la Autoridad Nacional del Agua- ANA, ni siquiera está en el Ministerio del Ambiente, sino que depende del Ministerio de Agricultura, con lo cual el enfoque sigue siendo guiado por el consumo, la oferta y demanda y no por uno de sostenibilidad y derechos. Pero lo más relevante es la manifiesta debilidad, en el seno del Gobierno, de los argumentos y valores ambientales frente al poder y la influencia del sector minero; valoración que derivamos, tanto del análisis del dossier de prensa, como de las entrevistas realizadas.
 
3- Por otro lado, con el nuevo Gobierno del Sr. Ollanta Humala, ha crecido la proyección política de las comunidades indígenas y pueblos originarios, que sin duda jugaron un papel relevante en su victoria electoral. La reciente aprobación de la Ley de Consulta Previa es una concreción de este fenómeno. El reglamento, que debía estar aprobado en diciembre del año pasado, parece que estará listo de forma inminente, lo cual es percibido por mucha gente como una oportunidad para abrir un espacio de diálogo en los diversos conflictos y en particular en el de Conga, aunque todavía debe responderse a la demanda de los líderes de organizaciones indígenas en el sentido de que el reglamento exprese fielmente la letra del convenio 169 de la OIT, a cuyo efecto reclaman ciertas modificaciones en el articulado de la ley.
 
II.2 Visiones y argumentos en torno a los conflictos socio-ambientales que motivaron la Marcha Nacional por el Derecho al Agua
 
En la actualidad se extienden y agudizan por toda América Latina conflictos ambientales con una fuerte carga social, en la medida que se afecta la vida, la salud y la supervivencia de comunidades indígenas y rurales, al tiempo que, cada vez más, se ven más afectadas las actividades agropecuarias, y más involucradas las poblaciones urbanas aguas abajo en las cuencas fluviales. Perú es, sin duda, uno de los países en el que esa conflictividad se está agudizando más. En la Marcha Nacional por el Derecho al Agua se han federado múltiples conflictos: por minería a cielo abierto, explotaciones petroleras, construcción de grandes presas hidroeléctricas que desplazan a miles de familias, trasvases para actividades agroexportadoras que ponen en riesgo los recursos tradicionales o ancestrales de comunidades indígenas y rurales, amenazas de privatización de servicios urbanos de agua y saneamiento, etc… No obstante, aunque el conflicto central en esta Marcha ha sido el del proyecto CONGA, de Yanacocha, y la mayor parte de argumentos se centran en torno a este conflicto, no se debería de perder de vista, como deja perfectamente claro el Manifiesto de la propia Marcha, la perspectiva nacional que aportan los demás conflictos, en la búsqueda de soluciones integradoras y sostenibles.
 
1- En Perú, tal y como reflejan los informes de la Defensoría del Pueblo, vienen creciendo de forma alarmante los conflictos socio-ambientales, dominando claramente los que tienen relación con el agua y las actividades extractivas. De ellos, sin duda, los más graves y numerosos corresponden a la gran minería de oro a cielo abierto; aunque tienen mucha relevancia también los impactos de las petroleras, los desplazamientos masivos de comunidades por represas en Amazonía, e incluso la pequeña minería, a menudo al margen de la ley.
 
2- Los convocantes de la Marcha y muy en particular los representantes de Rondas Campesinas y Frentes de Defensa, reportan pérdida de caudal y problemas de calidad en ríos, lagunas y bofedales; así como la destrucción material, en unos casos, y graves afecciones (por perforaciones, tajos, relaves, y desmintes en zonas de recarga) en otros, en acuíferos que alimentan las cabeceras fluviales. Se reportan graves afecciones causadas por Yanacocha en 800 manantiales, 100 captaciones para consumo humano y 20 canales agropecuarios, en tres provincias de Cajamarca. Se denuncian numerosos episodios de mortandad de truchas en ríos, lagunas y piscigranjas. Sólo en la provincia de Hualgayoc (Departamento de Cajamarca) están registrados 1,262 pasivos ambientales, abandonados por antiguas empresas mineras, que contaminan las aguas de que disponen para beber, para regar y para la ganadería, así como graves afecciones a la salud en las comunidades. 16 de los 53 ríos que llegan a la costa están seriamente contaminados por relaves mineros, siendo la minería, junto a los vertidos urbano-industriales directos, las dos principales causas de contaminación de aguas en el país.
 
3- Hay una queja unánime por parte de campesinos y ganaderos sobre la pérdida de soberanía sobre sus tierras y aguas, que necesitan para vivir. Hay denuncias concretas que reseñan distritos cuyo territorio ha sido concesionado al 100% a empresas mineras. Esa queja por la pérdida de competencias y control sobre el territorio en cuestiones vitales se manifiesta institucionalmente, de forma pública desde el Gobierno Regional de Cajamarca.
 
4- Se presenta una oleada de quejas sobre las acciones represivas de la policía privada de Yanacocha, ahora “SECURITAS”, antes “FORZA”, que opera en el territorio desde tiempos de Fujimori, no sólo con operaciones de vigilancia, sino también de represión de manifestaciones, escuchas telefónicas, espionaje informático, seguimiento de dirigentes, etc… En Gobiernos anteriores, se reportan incluso denuncias de asesinatos de dirigentes campesinos. Respecto a la policía nacional, los dirigentes de Rondas y Frentes de Defensa denuncian que se sienten indefensos, pues los policías defienden a las empresas y no a la gente, recibiendo por ello pagas extras de las empresas, cuando colaboran en reprimir manifestaciones.
 
5- Otro notable caudal de quejas se refiere a la criminalización de las protestas y de los conflictos, con cientos de denuncias contra campesinos, que en muchos casos acaban en sentencias condenatorias en los tribunales. Hay una extremada sensibilidad ante las acusaciones de “terroristas” o “violentos” que, en efecto, hemos constatado son frecuentes en determinados medios de prensa, y en boca de algunos portavoces políticos. Frente a ello, los dirigentes de Rondas Campesinas esgrimen, como argumento, su papel decisivo en la lucha contra Sendero Luminoso en sus territorios.
 
6- Los Frentes de Defensa y Rondas Campesinas ofrecen un detallado informe sobre la génesis del actual conflicto de Conga. La historia deja claro que no se trata de un estallido súbito, sino de un conflicto que se viene gestando desde el año 2004 en que el municipio provincial de Celendín promulgo una ordenanza que prohibía las actividades mineras en la zona donde se ubica el proyecto minero de Conga. Según relatan, la Plataforma Insterinstitucional de Celendín – PIC empezó a superar las divisiones propiciadas por la política de compra de dirigentes practicada por las empresas, usando fondos del llamado “óbolo minero”. Tras sucesivas asambleas en Bambamarca, San Marcos y San Pablo, los Frentes de Defensa de siete provincias acabaron consiguiendo que el Gobierno Regional de Cajamarca asumiera su tabla de reivindicaciones. Los dirigentes denuncian, sin embargo, la imposibilidad de hablar con el Gobierno de la Nación, en la medida que ni siquiera fueron reconocidos para participar en la ronda de diálogo que el Gobierno organizó tras el Paro Indefinido en noviembre del 2011.
 
7- Los líderes campesinos y comunitarios de Cajamarca denuncian la brutalidad policial contra las manifestaciones durante el Paro Indefinido y tras la declaración del Estado de Emergencia, con disparos que causaron ocho heridos. Varios de ellos fueron de suma gravedad, como el Sr. Marino Rodríguez Castañeda, que ha perdido un ojo, y el Sr. Elmer Campos, de 31 años de edad, que recibió dos balazos en el riñón y en el bazo, que debieron ser extirpados, quedando además lisiado al afectarse la médula espinal. Al mismo tiempo, reconocen que en estas circunstancias, en la ciudad de Celendín, cuando se enteraron de la represión policial contra los campesinos en las lagunas, la gente acabó quemando las oficinas de Yanacocha, sin que se registraran daños personales.
 
8- Se denuncia que el proyecto Conga afectaría a cinco microcuencas que alimentan a los tres principales ríos de la región; implicaría la destrucción de cinco lagunas y la desaparición de 100 hectáreas de humedal, además de serios impactos en acuíferos y en la calidad de las aguas. Por otro lado, Conga sería el primero de una serie de proyectos aledaños en las mismas cabeceras de cuenca, entre los que figura “El Galeno”, de una empresa china Lumina Cooper; el Amaro de la misma propietaria de Conga; y Michiquillay de Angloamerican, de capital inglés.
 
9- Desde la perspectiva de las corporaciones mineras se niega el reconocimiento mismo de los conflictos, diag