Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En la Región Andina se concentra la mayor población indígena de Suramérica. Y la violencia contra la mujer indígena se manifiesta en múltiples formas de discriminación, por su doble condición de mujeres e indígenas. Entre ellas, las mayores víctimas son aquellas encerradas entre el múltiple fuego de los conflictos armados. La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) quiere hoy rendir homenaje a las mujeres indígenas colombianas, como símbolo de sus hermanas de la región.
 
Asesinatos, torturas, desplazamiento y reclutamiento forzados y violencia sexual, son atentados permanentes contra las mujeres indígenas colombianas, un país donde la tercera parte de sus pueblos indígenas está en peligro de extinción física y cultural.
 
Un informe elaborado por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) revela que entre 2002 y 2009 más de mil indígenas fueron asesinados por causas violentas, siendo los pueblos más afectados los Nasa, Wayúu, Kankuamo, Awá y Embera Chamí. Aproximadamente un 15% (151 víctimas) eran mujeres, niños y niñas. También reporta que en el mismo periodo 187 mujeres indígenas fueron víctimas de violencia sexual y tortura.
 
En su Informe Anual del 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que “la prostitución forzada y la violencia sexual hacia mujeres y jóvenes indígenas es usada como táctica bélica, principalmente por parte de los actores armados ilegales y que muchos de los casos de violencia sexual denunciados por la Corte ante las autoridades competentes tienen por víctimas mujeres, niñas y adolescentes indígenas en todo el país”.
 
La Corte Constitucional de Colombia, en su Auto 090 del 2008, ha comprobado que “las mujeres indígenas y afrodescendientes son, entre el grupo de mujeres desplazadas, el segmento poblacional que ha sido afectado con mayor dureza por los crímenes, las injusticias e inequidades que forman parte constitutiva tanto de la violencia armada como del desplazamiento forzado”.
 
Al ser desplazadas por los actores del conflicto armado, “las mujeres indígenas sufren el impacto desproporcionado […], se exponen al abuso y explotación sexual, a la mendicidad, a la explotación en trabajos como el trabajo doméstico, entre otros, sin contar las condiciones infrahumanas en las que les toca vivir en los cinturones de miseria en las ciudades”.
 
La Corte Constitucional de Colombia también ha enfatizado en varias de sus resoluciones la ausencia de enfoques diferenciados en las políticas públicas nacionales para las mujeres afectadas por el conflicto, en particular de las mujeres desplazadas. Una de las preocupaciones de la CIDH es que los sistemas y registros de información estadística “no reflejan adecuadamente la realidad de la situación de la violencia contra las mujeres a nivel nacional y local, especialmente la magnitud de problemáticas como la violencia sexual causada por los actores del conflicto”.
 
En resumen, la CIDH señala cuatro manifestaciones de violencia que afectan especialmente a las mujeres en el contexto del conflicto armado: a) la violencia física, psicológica y sexual utilizada para “lesionar al enemigo” y avanzar en el control de territorios y recursos; b) la violencia destinada a causar el desplazamiento forzado del territorio y desarraigo del hogar y de la vida familiar; c) la violencia sexual que puede acompañar el reclutamiento forzado de las mujeres por parte de miembros de la guerrilla o las fuerzas paramilitares, y d) la violencia como una pauta de control social impuesta por grupos armados ilegales en poblaciones o territorios bajo su control.
 
Violencia sexual
 
La Comisión observó que los principales perpetradores de la violencia sexual son la policía, las fuerzas militares y los actores ilegales del conflicto armado (guerrillas y grupos paramilitares). De dicha información también se desprende que la violencia sexual es perpetrada mayormente en acciones militares, enfrentamientos armados y acciones guerrilleras.
 
La Corporación Sisma Mujer ha documentado más de 70 casos de violencia sexual perpetrados en contra de mujeres por actores armados o contra mujeres desplazadas por actores civiles entre el 2006 y 2009. Estos casos no han sido registrados en las estadísticas oficiales y de los testimonios de las mujeres se ha podido verificar “el agudo impacto y la profunda desestructuración que implica la violencia sexual en la vida de las mujeres y las comunidades”.
 
De acuerdo con Amnistía Internacional: “Todas las partes involucradas en el conflicto atacan deliberadamente a mujeres y niñas para explotarlas como esclavas sexuales, para sembrar el terror en las comunidades y facilitar así el control militar del territorio, para obligar a familias enteras a huir de sus casas y apropiarse de las tierras abandonadas y para vengarse del enemigo”.
 
La Corte Constitucional de Colombia en el 2008 reconoció que: “la violencia sexual contra la mujer es una práctica habitual, extendida, sistemática en el contexto del conflicto armado colombiano” y que esta violencia permanece en la “casi total impunidad”.
 
También la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en el país notó que: “En algunos departamentos, como el de Cauca y Chocó, la oficina en Colombia recibió información de casos de tratos crueles y degradantes contra mujeres y niñas por miembros del Ejército, que, en ocasiones, se tradujeron en violencia sexual”.
 
También en el Perú
 
El Perú también sufrió un conflicto armado entre 1980 y 2000. El Informe elaborado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación reveló que este conflicto dejó más de 69 mil víctimas, de las cuales el 75% fueron indígenas.
 
Aunque las estadísticas muestran que de ese total de víctimas mortales el 20% eran mujeres, las sobrevivientes sufrieron terribles impactos. Las tres cuartas partes del total de víctimas tenían más de quince años, lo que obligó a las mujeres a asumir el rol de jefas del hogar. Muchas huyeron de sus comunidades, en un desplazamiento forzado que las arrancó de su cultura y las llevó a  ciudades donde solo las esperaba la pobreza y la marginación.
 
También las mujeres indígenas peruanas fueron víctimas de la violencia sexual en el marco del conflicto armado. Muchas de las víctimas eran niñas entre 12 y 15 años de edad. Muchas quedaron embarazadas y a algunas la violación les produjo lesiones que las dejaron incapacitadas para concebir.
 
Acción urgente
 
A estas mujeres indígenas defensoras de la vida, de sus territorios, de su cultura, de su identidad, va hoy nuestro homenaje. Porque ellas siguen adelante, en las peores condiciones, defendiendo los derechos de sus pueblos. Para estas mujeres exigimos la implementación de políticas públicas de reparación (física, psicológica, económica, etc.), de fortalecimiento de su liderazgo, de garantías para quienes siguen sufriendo amenazas, de prevención, de sanciones para que los crímenes contra ellas no continúen impunes. De reconocimiento a su invalorable a aporte a sus pueblos, a sus organizaciones y a sus países.
 
 
Región Andina, 25 de noviembre del 2011,
 
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina