Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, Otorga Medidas Cautelares al Pueblo Nasa del Norte del Cauca y solicita al Gobierno Colombiano Concertarlas con el Pueblo Indígena.
“Nos sentimos atrapados y acorralados por una guerra que nos trajeron de afuera la cual nos desplaza, nos aterroriza, nos mata, y trata de sacarnos del territorio. Muchas veces hemos acudido al gobierno para que nos proteja, y este, en vez de llegar con soluciones verdaderas, nos llega con más guerra. Por eso nos toca acudir a la comunidad para encontrar solidaridad y ayuda”
La ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL NORTE DEL CAUCA, ACIN – CXHAB WALA KIWE, se pronuncia de manera efusiva y con esperanzas ante el otorgamiento de medidas cautelares para el pueblo Nasa y la solicitud dirigida al gobierno colombiano en términos de adoptar medidas urgentes y cautelares a los resguardos y comunidades de Toribio, Jámbalo, Tacueyo y San Francisco, ubicados en los municipios de Toribio y Jámbalo Cauca.
Pronunciamiento público
Los pueblos y comunidades indígenas ubicados en el norte del departamento del Cauca, están agrupados en 19 Cabildos (autoridad política tradicional) a saber: Tacueyo, San Francisco y Toribio en el municipio de Toribio, Corinto en municipio de Corinto, la Cilia la Calera en el municipio de Miranda, Huellas y Toez en el municipio de Caloto, Jámbalo en el municipio de Jámbalo, Munchique los Tigres, Canoas, Guadualito, La Concepción, y Nasa Kiwe Thexc Cxhaw en el municipio de Santander de Quilichao, las Delicias, Pueblo Nuevo Ceral y Alto Naya en el municipio de Buenos Aires, Cerro Tijeras en el municipio de Suarez, y Kite Kiwe en el municipio de Timbio, 109 habitantes y 14 resguardos conforman el Territorio de la Cxhab Wala Kiwe – el Gran Territorio Nasa del norte del Cauca.
Es de conocimiento público, debido a las denuncias que en reiteradas ocasiones la organización indígena ha venido haciendo, que desde el surgimiento y ocupación territorial por parte de los actores armados legales e ilegales, el territorio y las comunidades hemos sido victimas de múltiples y sistemáticos atropellos, violaciones flagrantes de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario tales como: asesinatos selectivos, masacres, amenazas, desplazamientos, ocupación de bienes civiles, campos minados, reclutamiento de menores y adultos, señalamientos, bombardeos indiscriminados, persecución a la jurisdicción indígena, etc. Hechos que colocan en inminente riesgo a la pervivencia armónica de las comunidades y pueblos de la región.
Hechos como el bombardeo a un supuesto campamento de las farc en la vereda Gargantillas resguardo de Tacueyo donde fueron masacrados 4 menores de edad y civiles en el mes de marzo realizado por la Fuerza Aérea colombiana, la chiva bomba activada en pleno día de mercado en la plaza principal de Toribio por miembros de la guerrilla de las farc, el asesinato del menor Wilder Fabián Hurtado en el resguardo de Jámbalo hecho por miembros del ejercito nacional en el año 2004, el asesinato del The Wala Aparicio Ñuscue del resguardo de San Francisco hecho por miembros del ejercito nacional, y el artefacto explosivo instalado en una de las paredes de la Casa de la Justicia en el municipio de Toribio donde resultaron comuneros heridos entre ellos el Alcalde de esta localidad, entre otros casos son argumentos que muestran cono la guerra sea ensañado con estas poblaciones indígenas enclavadas en las estribaciones de las montañas del norte del Cauca.
Debemos tener en cuenta que si bien es cierto que el conflicto armado interno representa alto riesgo dado la intensidad del mismo en la región en los últimos años, no significa que es el único problema que nos aqueja a los indígenas del norte del Cauca. Existen otros factores de orden político, económico y legal de carácter internacional, que junto a la estrategia de guerra se convierten en el problema de fondo para los pueblos indígenas y comunidades rurales. En este sentido, para nadie es un secreto que en el norte del Cauca se desarrolla la implementación de la política de Recuperación Social del Territorio la cual es financiada por el Plan Colombia y orientada por el Comando Sur de los Estados Unidos y el Ministerio de Defensa Nacional.
Así mismo las actuales iniciativas legislativas aprobadas por el Congreso de la Republica, las locomotoras del gobierno nacional, la firma y ratificación del TLC, el desconocimiento soterrado por parte de la institucionalidad colombiana de la normas internacionales y nacionales respecto a los derechos de los pueblos indígenas, la creación de estructuras paralelas como la OPIC, los reiterados incumplimientos de los acuerdos, entre otros aspectos, el panorama se torna cada vez mas complejo y dramático para los indios en el país. Advertimos que la combinación y aplicación perversa de estrategias sociales y militares agenciadas en su mayoría por el gobierno nacional en medio de la confrontación armada y la alta pobreza existente en las comunidades, se convierte en el detonante más propicio para fomentar la violencia en la región.
Si bien es cierto que la violencia histórica ha golpeado a las comunidades y pueblos indígenas del norte del Cauca, también es cierto que no nos hemos quedado quietos, pasivos o amedrentados. A la par de la violencia, los pueblos indígenas, orientados por los Mandatos comunitarios, fortalecimos la resistencia, pacifica, ancestral, y propositiva; en esto llevamos 40 años y ha sido reconocida tanto por la sociedad colombiana como por la comunidad internacional. Sentencias y Fallos Constitucionales, Convenios, Tratados y Declaraciones Internacionales, premios y reconocimientos están a la orden del día. Ha sido altamente positivo y clave resistir en defensa del territorio y la pervivencia digna de los pueblos, pero no es suficiente dado la alta complejidad que el modelo aplica para imponer su política económica global, y sus intereses fijados en nuestros territorios.
Por esto, y ante la pasividad del Estado colombiano respecto a establecer mecanismos concretos que protejan a los pueblos indígenas, es altamente grato para nosotros que en un ejercicio de honrar la resistencia pacifica, autónoma y tradicional que los pueblos indígenas del Cauca venimos haciendo desde hace siglos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH emita el siguiente requerimiento:
“la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, con sede en la ciudad de Washington, el día 10 de noviembre del año 2011, dirigió al Estado colombiano la solicitud de adoptar medidas urgentes y cautelares a favor del Pueblo Nasa de los Resguardos de Toribio, San Francisco, Tacueyo y Jámbalo en Colombia. Concretamente, la Comisión solicitó al Gobierno de Colombia en vista de los antecedentes del asunto, otorgar medidas cautelares en los términos del artículo 25 (2) de su Reglamento con el fin de garantizar la vida y la integridad personal de los miembros del Pueblo Nasa de los Resguardos Toribio, San Francisco, Tacueyo y Jámbalo. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno de Colombia que:
1. Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Pueblo Nasa de los Resguardos Toribio, San Francisco, Tacueyo y Jámbalo;
2. Concerte las medidas a adoptarse con la beneficiaria y su representante; e
3. Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares”
Cabe resaltar que la solicitud de medidas urgentes y cautelares otorgadas por parte de la CIDH al gobierno colombiano, son de carácter colectivo e individual pues van dirigidas a atender en términos de protección al pueblo Nasa, las comunidades y a las personas en situaciones de riesgo de dichos territorios indígenas. Por fin un órgano internacional encargado de salvaguardar la existencia de pueblos aborígenes en el mundo, interpreta la voluntad, el querer y el enfoque integral de las comunidades indígenas del norte del Cauca que tanto habíamos exigido, es un buen avance en términos de encontrar mecanismos concertados de protección integral.
Los pueblos indígenas y las comunidades beneficiarias de la solicitud de la CIDH, esperan que por fin, el Estado y el gobierno colombiano de manera concertada con las comunidades, autoridades y organizaciones implemente medidas eficaces que garanticen, por un lado, la integridad física, territorial y sociocultural, y por el otro, el goce pleno de los derechos establecidos en la norma nacional e internacional.
En calidad de pueblos que nos ahogamos asfixiados por la confrontación armada, el abandono estatal, el exterminio sistemático, producto de la intervención militar, económica y legal del modelo económico global, y el gobierno nacional, nos aferraremos a esta herramienta jurídica internacional que nos llega en buena hora, para encontrar garantías estatales en función de sortear las trampas de la guerra, claro sin pretender creer que es la solución definitiva.
La ACIN, saluda y agradece inmensamente el esfuerzo y voluntad manifiesta de la CIDH hecho expresa en el otorgamiento de medidas urgentes y cautelares a las comunidades indígenas, y exhorta al gobierno nacional para que en el marco de lo establecido por la CIDH, nos encontremos en términos de conversar respecto al tipo de medidas que merecemos y necesitamos los pueblos indígenas en aras de salvaguardar la integridad física, territorial y sociocultural de las comunidades beneficiarias, en los términos que establece la CIDH.
Esperamos de los actores armados que operan en nuestros territorios de manera arbitraria, acojan y respeten las medidas que de manera concertada se establecerán en las comunidades y territorios beneficiarios de la solicitud internacional.
Convocamos a los órganos de control del Estado para que hagan un efectivo proceso de acompañamiento, evaluación y veeduría en términos que lo establecido en el requerimiento de la CIDH se lleve a buen término.
ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL NORTE DEL CAUCA, ACIN – CXHAB WALA KIWE
Santander de Quilichao Cauca, noviembre 16 de 2011