Nosotros las comunidades de los andes y la costa organizadas en la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería saludamos la asunción de mando del Presidente de la Republica Ollanta Humala.
 
Para nosotros, la propuesta alentada desde el Nuevo Gobierno que asegure un crecimiento económico con inclusión social debe de tener como principio fundamental la definición e implementación de políticas públicas diferenciadas que incorporen los derechos y las propuestas de los pueblos indígenas en torno a demandas desatendidas por los sucesivos gobiernos:
 
i.- Desconocimiento de nuestros derechos como pueblos indígenas. Hoy en el país se viene incorporando en la agenda pública el reconocimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades en relación al desarrollo de actividades extractivas. Sin embargo, las propuestas avanzadas desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no recogen nuestros reales intereses y derechos reconocidos internacionalmente. Mas aun, se desconoce y se niega la vigencia y ejercicio de nuestros derechos al consentimiento, la autonomía y la libre determinación a elegir nuestros propios modelos de desarrollo. Estos derechos están amparados en instrumentos internacionales comprometidos con el Estado Peruano como son el Convenio 169 – OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas – ONU.
 
ii.- Agudización de los conflictos socioambientales generados por las industrias extractivas como la minería. Es reconocido que en el país, según los reportes mensuales de la Defensoría del Pueblo se registran en promedio 250 conflictos, la mayoría de ellos generados por las industrias extractivas. Una muestra de ello, son los casos sucedidos en el presente año relacionados a: el proyecto minero Tía María en la provincia arequipeña de Islay; el otorgamiento de las concesiones mineras en Puno; el proyecto minero Quellaveco en Moquegua, el proyecto minero Pampamali en Huancavelica.
 
iii.- Criminalización de dirigentes y líderes comunales.  Es reconocido que el Estado peruano, a través de sus diversas instituciones (Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional), con la finalidad de dar “solución” a los diversos conflictos sociales producidos en el país, terminen siendo solucionados con acciones penales y policiales. Esta política se enmarca dentro de una política de “seguridad jurídica“que a través de la represión penal de la protesta social se ha instalado con un nuevo paradigma: el de la seguridad jurídica de los inversionistas. Con ello la “seguridad jurídica” de los grandes grupos económicos se convierte en un bien jurídico digno de proteger, quizás más que los derechos de las comunidades. De manera especial,  los criminalizados en el marco de los conflictos socioambientales generados por actividades mineras siguen creciendo signifivicativamente. Sólo por citar algunos ejemplos, tenemos: i.- En Piura, existen alrededor de 300 procesados provenientes de las comunidades de Ayabaca y Huancabamba relacionados a las actividades de la empresa minera Zeijing. ii.- En Ancash, alrededor de 20 procesados provenientes de distritos de Huaraz relacionados a las actividades de la Empresa Minera Barrick Misquichilca S.A. iii.- En Huancavelica, existen alrededor de 17 procesados provenientes de las comunidades campesinas del distrito de Secclla relacionados a las actividades de la empresa minera Pampamali S.A. iv.- En Cusco, existen alrededor de 20 procesados provenientes de las comunidades de Canchis, alrededor de las actividades por la construcción de la Hidroeléctrica Salcca Pucará y por las concesiones mineras existentes en sus territorios. v.- En Puno, recientemente se han iniciado los procesos a 15 dirigentes provenientes de las zonas aymaras, relacionados con el otorgamiento de concesiones mineras existentes en sus territorios.
 
iv.-El aumento de mujeres y niños víctimas por metales tóxicos producto de la actividad minera. En el Perú existen comunidades en donde hay una evidente y demostrada vulneración del derecho a la salud y la vida producto de las actividades de exploración, explotación, procesamiento, transporte y almacenamiento de minerales por parte de empresas mineras nacionales e internacionales. Los casos de niños y mujeres con un alto grado de mercurio, plomo, cadmio, zinc, entre otros metales que sobrepasan los estándares internacionales, es una demostración clara de ello. Y es que el Estado peruano a través de los Ministerios de Salud y el Ministerio del Ambiente aun no han implementado medidas para remediar o indemnizar a las mujeres y niños afectados. De manera especial,  las autoridades públicas no han advertido seriamente ni sancionado oportunamente a las empresas causantes de estos impactos.
 
Entre los casos emblemáticos en donde existe un numero significativo de mujeres y niños víctimas por metales tóxicos identificamos: i)  Junín, existen alrededor de 30 mil personas en la localidad de La Oroya intoxicadas por las actividades de la fundación de DOE RUN. ii.- Pasco, existen alrededor de 300 personas en las localidades de Champamarca y Quiulacocha intoxicadas por los pasivos ambientales de Centromin Peru y Volcan S.A.. iii.- Lima, existen alrededor de 80 mil personas en sectores de la provincia del Callao intoxicadas por las actividades de transporte y almacenamiento de minerales de las empresas Peru Bar, Neptunia y Cormin. Tambien, existen alrededor de 200 personas de la localidad de San Mateo de Huanchor intoxicadas por los pasivos ambientales de la empresa Proaño. iv.- Huanuco, alrededor de 100 personas de la provincia de Lauricocha intoxicadas por las actividades de la empresa Raura.
 
v.- La presencia y expansión de las actividades mineras en zonas sensibles que son fuentes de recursos naturales y de actividades económicas sostenibles. La minería viene incrementándose en términos de concesiones, exploración y explotación de manera desmedida sin considerar la biodiversidad, las fuentes de recursos naturales, los servicios ambientales y el modelo de desarrollo económico (agricultura y ganadería) de los cuales se benefician muchas de nuestras comunidades. De manera especial, en un contexto de cambio climático  que amenaza el agotamiento de recursos hídricos, la minería viene generando impactos negativos y/o amenazando cabeceras de cuencas y diversas fuentes de agua( paramos, nevados, etc). Asimismo,  la minería amenaza importantes valles y ecosistemas que representan la base económica de las comunidades.
 
Es así que en diversas zonas del país se han otorgado concesiones mineras y pretenden desarrollar proyectos mineros en donde la población defiende y reafirma su modelo de desarrollo distinto  a la minería, entre los casos a destacar se encuentran: i)  las comunidades  de Ayabaca, Huancabamba y Tambogrande, ubicados en la región Piura vienen protegiendo su modelo de desarrollo agropexportador y las fuentes de agua como son los paramos y los bosques de neblina ante la amenaza de las concesiones mineras y el proyecto minero Rio Blanco , ii) Las comunidades de Islay en la región Arequipa,  vienen defendiendo el valle agrícola del Tambo ante la amenaza del proyecto Tia Maria, iii) la comunidades del distrito de Secclla, en la región Huancavelica vienen defendiendo sus fuentes de agua y sus actividades agropecuarias ante la amenaza del proyecto Pampamali, iv) las comunidades del distrito de Torata, en la región Moquegua, vienen defendiendo sus fuentes de agua y actividades agropecuarias ante la amenaza del proyecto Quellaveco. v) las comunidades del distrito de Ticaco, en la región Tacna, viene defendiendo sus fuentes de agua y el área de conservación regional Vilacota-Maure.
 
Todos estas demandas representan para el Nuevo Gobierno un gran desafío que requieren un tratamiento y una solución política urgente que contribuya a brindar mayores oportunidades de equidad y justicia social sobretodo para los pueblos indígenas del país. En ese sentido, las comunidades organizadas en CONACAMI hacemos un llamado al Presidente Ollanta Humala y su Gabinete para que incorporen en la agenda política del país propuestas referidas a:
 
1.- Ampliar el marco jurídico del país para cautelar los derechos de los pueblos indígenas, organizados en comunidades campesinas y nativas. Esto implica entre otras medidas urgentes, implementar procedimientos legislativos con la finalidad de incorporar los derechos internacionales reconocidos a los pueblos indígenas al cuerpo normativo nacional. Sobre todo el derecho a la libre determinación, al modelo de desarrollo propio, a la autonomía y a la gestión de su territorio y recursos naturales, Para avanzar en ese sentido, en el corto plazo se hace necesario constitucionalizar la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y reafirmar con políticas públicas vinculantes al Convenio 169 de la OIT.
 
2.- Un nuevo ordenamiento del territorio nacional con zonificación ecológica y económica, que nos permita señalar las zonas del país en los cuales se puede y no se puede hacer minería. Esto sobretodo tomando en cuenta de que somos un país de montaña y de cuencas, que somos el tercer país en el mundo que será afectado gravemente por los impactos del cambio climático y porque estamos ubicados entre los 30 países del mundo con mayor desequilibrio físico-social, es decir, que no hay una relación armoniosa entre el agua, la producción de alimentos y la energía.  
 
3.-  Incorporar en la agenda política nacional el otorgamiento de derechos a la naturaleza. El desarrollo de la minería y otras actividades extractivas que generan impactos negativos y contribuyen al agotamiento de los recursos naturales del país demandan la urgencia de otorgar otras dimensiones a la concepción y uso de los recursos naturales. Es decir, se requiere iniciar el debate nacional en relación a contar con un marco jurídico que incorpore el análisis y medidas que aseguren un equilibrio y armonía entre el uso de los recursos naturales y el bienestar de nuestros pueblos.
 
5.-  Asegurar un marco jurídico que privilegie la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales de la población, de manera especial de los cientos de pobladores procesados judicialmente y de las mujeres y niños víctimas por metales tóxicos producto de la minería. En ese sentido, se requiere derogar la normatividad vigente que promueve y acentúa las políticas de criminalización de la protesta social. Asimismo, planteamos la urgencia de establecer una política pública nacional que asegure contar con un registro nacional de las victimas por metales tóxicos, la identificación de los responsables de esta situación y se implementen reparaciones para las víctimas.
 
Y es hoy en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que hacemos un llamado al Nuevo Gobierno para que inicie la toma de decisiones  atendiendo nuestras demandas y propuestas. Estamos convencidos que con ello el Perú avanzará enormemente en el establecimiento de un orden jurídico que asegure el Estado de Derecho y de Inclusión Social.
 
Consejo Directivo Nacional
CONACAMI PERU