SEÑOR:
Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
Profesor James Anaya
 
ASUNTO: por defender el medio ambiente, defender la vida, defender el territorio, el gobierno peruano ordena asesinar, por no atender la agenda indígena.
 
En la región de Puno (sur andino del Perú) y en todo el país, desde hace una década se viene vulnerando los derechos de la comunidades, sin aplicar el Convenio 169 de la OIT, ni respetar los derechos fundamentales de los Quechuas y Aimaras en esta parte del Perú. A la fecha existen más de cuatro mil petitorios solicitando la concesión minera y petrolera, de los cuales 1500 ya son titulados, el 70% del territorio de la región está concesionado a las empresas trasnacionales para actividades mineras y petroleras, quedando solo el 30% del territorio de las comunidades indígenas para realizar las actividades agropecuarias.
 
La región de Puno desde tiempos inmemoriales es eminentemente agrícola y ganadera, actividades que son parte de la vida cotidiana de los quechuas y aimaras. En estas concesiones se observa que las mineras llegan intempestivamente con sus maquinarias a iniciar la exploración, luego la explotación, iniciándose así una agresión a las comunidades, a la vida, tierra, agua, aire, ambiente y derecho de los pueblos a la determinación de sus formas de vida y desarrollo.
 
Como consecuencia de esto, el 24 de junio de 2011, en el aeropuerto de Juliaca, por órdenes del presidente Alan García, la policía hizo uso de sus armas de reglamento con el pretexto de salvaguardar los bienes públicos. La población desarmada que busca hacer respetar sus derechos, fue respondida con bombas y balas, para proteger los intereses económicos de las mineras; sin dar una solución al problema.
 
Desde hace varios años se viene acusando y acosando a los quechuas y al pueblo del Perú en general, con especial ensañamiento en contra de las poblaciones originarias. Las mineras prácticamente tienen en el gobierno a un operador.
 
La policía, que tiene la obligación de resguardar los bienes, el orden y las vidas de los peruanos, por el contrario, ha abierto fuego; y el proceder sistemático con un patrón de agresión en las intervenciones de este tipo, no dejan duda de que se trata de una política de Estado para la implementación del miedo a la población civil. Indudablemente, las órdenes provienen del Presidente; por ello tiran impunemente a matar al tórax y a la cabeza; y reciben el apoyo de los medios de comunicación que moldean a la opinión pública. El Presidente Alan García ha comentado: “es lamentable, pero el orden es el orden y la ley es la ley, así sea dura”.
 
No nos caben dudas de que la cadena de mando nace en el Palacio de Gobierno y del Ministro del Interior. Esta orden de disparar a matar a los manifestantes de Azángaro quedó registrada en el audio con las voces de los efectivos policiales encargados de la custodia del aeropuerto, que exhortaban a esta acción, y se puede ver en un video colgado y difundido en Youtube, sobre los luctuosos sucesos del viernes 24 de junio, que terminó con seis muertes.
 
En dicho video se observa como las víctimas corren presurosas para ponerse a resguardo de una violenta carga policial combinada de bombas lacrimógenas y balas a discreción. En medio de la agresión policial, se entremezclan los gritos de los azangarinos con los de efectivos policiales que pugnaban por expulsarlos del lugar. Y, en un determinado momento, se escucha claramente cómo una voz exige, con groserías de por medio, asesinar a una de las pobladoras que se encontraba en el área de aterrizaje.
 
“Vuelvan a su punto… Recupérenlo (la pista de aterrizaje tomada)… A la que está con huaraca (honda), a la que está con huaraca… ¡Mátala a esa chola de mierda, mátala, mátala!… ¡Mátala a esa chola de mierda, mátala!… ¡Oye, ahí nomás!, ¡ahí nomás!”, registra la grabación de la voz de un oficial de la Dinoes a partir del segundo 50, aproximadamente. Este oficial, al mando de los efectivos encargados de la custodia del terminal aéreo, fue el que prácticamente clamaba porque se cumpliese inexorablemente la orden de asesinar a una de las manifestantes que las imágenes muestra corriendo por la pista de aterrizaje.
 
Precisamente, entre los fallecidos por la matanza desatada por la fuerza policial de la Dinoes figura el nombre de Petronila Coa Huanca, la única mujer de los seis caídos, abatida de un impacto de bala en la parte superior del abdomen. Según versión del analista político Eduardo Toche, este material fílmico es un importante elemento que permite ir acumulando indicios sobre responsabilidades penales en la cadena de mando que va desde el ejecutor policial del terminal aéreo hasta el propio presidente Alan García, pasando por el titular del Interior, Miguel Hidalgo, y la Primera Ministra Rosario Fernández. Alan García se ratifica indicando “lamentamos las muertes ocurridas pero la policía actuó como debe hacerlo en caso extremo”. 
 
Como resultado de la agresión policial perdieron la vida: Raúl Cancapa Huaricallo (38), Edwin Félix Yrpanoca Turpo (20), Petronila coa huanca (54), Gregorio Huamán Mamani (56) y Antonio campos huanca (65), a quienes declaramos Mártires de la Democracia Directa Comunal Andina; que se movilizaban cumpliendo los acuerdos de su comunidad, en defensa de la Pachamama (Naturaleza) de la Humanidad y de la Vida.
 
Para los que amamos la vida, este acto es un genocidio, un crimen de lesa humanidad. Wilber Perlacio Limache abogó por su hermano Javier, quien se encuentra en estado de coma en el hospital Carlos Monje Medrano, por una bala que le ingresó por el abdomen y se alojó en su columna. Él es natural de Ayaviri, tiene 33 años y requería una operación quirúrgica de alto riesgo, a falta de atención es la sexta víctima. Se trata de Javier Perlasías Limachi, de 33 años de edad, natural del distrito de Orurillo, perteneciente a la provincia de Melgar.
 
Como se recuerda, Perlasías Limachi había sido herido de bala el 24 de junio pasado; un proyectil le había atravesado el abdomen, reventándole el intestino grueso, por lo que fuera internado en la Clínica Americana de la ciudad de Juliaca. Hilaria Puma Mamani, natural del poblado de Titiri perteneciente al distrito de Santiago de Pupuja, con lágrimas en los ojos llama a la solidaridad de los juliaqueños, de la región y del país, para poder derivar a Arequipa a su hijo Marco Antonio Apaza Puma, estudiante de Ciencias Sociales de la Universidad nacional del Altiplano, que corre el riego de perder la visión por una bala que le impactó en uno de sus ojos.
 
Raúl Quilca Pacha exhorta a la generosidad de la población para que le ayuden a solventar los gastos y recuperación de su padre Basilio Quilca Gutiérrez de 59 años de edad, quien padece por una bala que le impactó en el hombro. Ellos proceden de la comunidad de Jila San Jerónimo del centro poblado de Progreso. En el establecimiento de salud se quedaron todavía cinco hospitalizados y un herido continúa en el hospital Carlos Monge Medrano.  
 
Frente a esta realidad es urgente que el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU inste al gobierno peruano que asumirá el mando el 28 de julio, para que se establezca una comisión integrada por los líderes indígenas y representantes de la ONU, para que se juzgue y sancione a los responsables de este crimen y los de Cocachacra y Chala - Arequipa, Madre de Dios, Cusco, Ancash, Huancavelica y otros ocurridos durante el segundo gobierno de Alan García, donde la investigación independiente nos dé luces sobre las verdaderas causas, e identifique y sancione a los responsables. Las acciones posteriores a los crímenes orientados a amedrentar a los testigos y a silenciar las denuncias demuestran que quieren que nadie haga nada contra este genocidio en Puno, quieren que nadie exija sus derechos, porque si no peligra su vida, inducen el miedo para imponerse y moldean la opinión para que se nos vea criminalizados.
 
Por las limitaciones que tiene la justicia en el Perú, es que recurrimos al Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y por ello declaramos MÁRTIRES DE LA VIDA Y DE LA DEMOCRACIA DIRECTA COMUNAL ANDINA a las 7 víctimas que cumpliendo los acuerdos de su comunidad salieron en DEFENSA DE LA PACCHAMAMA (Naturaleza) y de la humanidad; emblemáticamente el nefasto 24 de Junio del presente año. 
 
CONACAMI PERU Perú
Julio de 2011.
 
 
PABLO SALAS CHARCA                                EFRAIN QUISPE YUCRA
SEC. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SECRETARIO DE CORECOQA PUNO
CONACAMI PERU.                                                corecoqa@gmail.com
CEL. 511 84 974371437
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