Tras los crímenes de guerra de las FARC, el gobierno ordena cometer más crímenes de guerra.
 
La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca -ACIN- CXHAB WALA KIWE, rechaza de manera contundente la orden del presidente Juan Manuel Santos respecto de destruir las casas de los indígenas, campesinos y pobladores urbanos de Toribío, Caldono, Jambaló, Corinto y Caldono, donde la guerrilla se ha escudado y desde donde presuntamente dispara sus armas y lanza artefactos explosivos. Resulta totalmente inaceptable que luego de que la guerrilla de las FARC en un ataque demencial destruye y afecta cerca de 330 casas en el área urbana de Toribío y 150 casas en Corinto, el señor Presidente de la República ordene destruir las casas que han quedado en pie y seguidamente ordene la construcción de un batallón de alta montaña en el Corregimiento de Tacueyo, es totalmente absurdo todo esto.
 
Respecto a las casas señor Presidente.
 
Esta medida no es un acto militar, sino que de realizarse constituye un crimen de guerra. El ataque y las represalias contra bienes civiles están totalmente prohibidos por el DIH (Artículo 3 del IV Convenio IV de Ginebra, Artículo 52 de Protocolo Adicional I). Lo que ordena el Derecho Internacional Humanitario es exactamente lo contrario: si un actor armado violando las normas de la guerra utiliza un bien civil y sobre todo una vivienda como escudo, el actor enemigo debe abstenerse de atacarlo. Y cuando haya dudas, se debe presumir que se trata de bienes civiles protegidos que no pueden ser atacados.
 
El presidente Santos dice que la medida se aplicará luego de comprobar que efectivamente las casas hayan sido usadas para propósitos militares. Nosotros ya sabemos cómo es que los actores armados (legales e ilegales) comprueban: disparan primero y preguntan después. El gobierno es consciente de que una orden de este tipo, en un contexto de hostilidades cotidianas como el que se presenta en la zona, donde se reportan más de 600 actos bélicos en los últimos 10 años, con una fuerza pública paranoica y sedienta de mostrar resultados, terminen todas las viviendas en la mira de ser destruidas por considerarlas una amenaza latente.
 
Es contradictorio que cuando las comunidades están a la expectativa de la reparación de sus viviendas destruidas por la acción bélica, el gobierno en cabeza del Presidente – enceguecido por la obsesión de la guerra- solo piense en terminar de destruir lo poco de la infraestructura civil. Señor presidente, de manera respetuosa pero firme le decimos: ¡se trata de reconstruir Toribío y Corinto, no destruirlos!
 
Respecto al batallón de alta montaña.
 
Igualmente, rechazamos esta medida señor Presidente sin pretender rechazar la presencia del Estado en el país. Como están las cosas consideramos que este batallón es contra la comunidad, no contra la guerrilla. Estas instalaciones solo sirven como objetivo militar de la guerrilla, y no aportan para nada a la seguridad de las comunidades, ahora la guerrilla tendrá un argumento más para cargarla contra Tacueyo y su población. Le queremos recordar al gobierno que la Declaración de la ONU sobre los derechos humanos de los Pueblos Indígenas -que es fuente indiscutible de derechos en Colombia- establece que cualquier operativo y proyecto de infraestructura de tipo militar en territorios indígenas debe contar con el consentimiento libre, previo e informado de las autoridades y comunidades.
 
Señor presidente: la guerra no se termina con más guerra; eso ya está suficientemente demostrado en más de 50 años de confrontación armada en Colombia. Señor Cano: su guerra popular hace rato se convirtió en una guerra contra el pueblo. Es hora de dialogar para encontrar una solución política a este conflicto que nos extermina.
 
Santander de Quilichao, 11 de julio 2011.
 
CONSEJERÍA MAYOR ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS
 
DEL NORTE DEL CAUCA – ACIN - CXHAB WALA KIWE
 
Y AUTORIDADES QUE LA CONFORMAN