Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina
 

Las protestas contra los impactos sociales de los proyectos extractivos impuestos en territorios indígenas sin cumplir la obligación de la consulta y consentimiento previo, libre e informado, la criminalización y represión de las protestas, la impunidad de los asesinatos de Bagua en el 2009 y la negativa del Presidente Alan García a promulgar la Ley de Consulta, son los temas que aborda Amnistía Internacional en el capítulo referido al Perú de su Informe Anual 2010. Veamos:
 
Hubo protestas generalizadas contra el impacto social y ambiental de diversos proyectos de desarrollo en gran escala, como las realizadas en junio por un vertido de petróleo en el río Marañón, en la Amazonía peruana, y por otro de residuos tóxicos en el río Escalera, en la provincia de Huancavelica, así como las manifestaciones de septiembre por la construcción de una presa que afectaría al derecho al agua de la población del distrito de Espinar, en Cusco.
 
En respuesta, el presidente Alan García promulgó en septiembre un decreto ley que permitía el despliegue del ejército para controlar las protestas civiles, lo que suscitó preocupación por la posibilidad de que aumentara el número de incidentes de uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad.
 
En junio, el presidente García se negó a promulgar la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, histórica ley que se había redactado con la participación de las comunidades indígenas y que había sido aprobada por el Congreso en mayo. Las autoridades tampoco cumplieron una resolución dictada en junio por el Tribunal Constitucional en la que se pedía la creación de un marco para garantizar la consulta de los pueblos indígenas afectados por proyectos de desarrollo, con arreglo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Se otorgaron decenas de nuevas concesiones a empresas para la explotación de petróleo sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas.
 
Centenares de personas heridas y las familias de las 33 personas que perdieron la vida –entre ellas 23 policías– en los enfrentamientos ocurridos en 2009 en un corte de carretera en Bagua, en la región amazónica, seguían esperando a que se hiciera justicia. Se formularon cargos contra 109 civiles, en su mayoría indígenas, y al menos 18 agentes de policía. Al concluir el año, los jueces aún no habían determinado si existían pruebas suficientes para iniciar procedimientos contra los agentes.
 
El dirigente indígena Segundo Alberto Pizango Chota, acusado en relación con la protesta de Bagua, permaneció detenido durante un día a su regreso del exilio en mayo y luego fue puesto en libertad bajo fianza. Al finalizar el año seguían pendientes los cargos penales formulados contra él y otros cuatro dirigentes indígenas.
 
Dos sacerdotes extranjeros corrían el riesgo de ser expulsados del país debido a su labor de defensa de los derechos de las comunidades locales frente a proyectos económicos en gran escala. Uno de ellos, el padre Bartolini, acusado de delitos contra la seguridad pública, fue absuelto en diciembre. En el mismo juicio, cinco dirigentes indígenas y comunitarios fueron declarados culpables y condenados a penas condicionales de cuatro años de prisión. Al parecer, todos los cargos se formularon para obstaculizar la labor de derechos humanos de los acusados. Al finalizar el año estaban pendientes los recursos contra las condenas.