La huelga indefinida en Islay, región Arequipa, Perú, contra la imposición del proyecto minero Tía María a cargo de Southern Peru Copper Corporation, llega ya a los 18 días. La represión policial ha dejado hasta el momento cuatro muertos y más de cincuenta heridos. El gobierno de Alan García Pérez está repitiendo el libreto que en junio del 2009 desembocó en la masacre de Bagua: oídos sordos a la razón y el derecho que sustentan las demandas de los pueblos y represión desproporcionada. Porque al igual que en Bagua, en Islay la policía ha lanzado bombas lacrimógenas y disparos de balas desde helicópteros contra los manifestantes inermes.
 
La razón asiste a los pueblos de Islay porque ellos se han manifestado contra el proyecto minero cuya ejecución envenenaría las aguas del río Tambo, vitales para su consumo y para sus actividades de subsistencia (agricultura). Lo hicieron en la consulta realizada por la Municipalidad Distrital de Cocrachacra el 27 de noviembre del 2009, donde más del 90% dijo no a la minería.
 
Esta oposición ha recibido el respaldo técnico de un organismo al que el gobierno de García Pérez no puede acusar, como acostumbra, de “trabar el desarrollo”: la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) ha formulado más de 300 observaciones al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Tía María.
 
El documento de la UNOPS, difundido por Héctor Chunga de CONAGUAVIDA, se titula Revisión Ad Hoc del Estudio de Impacto Ambiental, Proyecto Tía María. Informe de Observaciones y Requerimiento de Información Complementaria.
 
Entre sus conclusiones, este Informe señala que “el esfuerzo de relevamiento de información primaria presenta ciertos vacíos de información que impiden la correcta evaluación de los impactos ambientales. Así, cabe citar el grave ejemplo de la inexistencia de un estudio hidrogeológico completo sobre el área del proyecto”.
 
Advierte asimismo que “En materia social, también se han identificado significativas limitaciones en la elaboración de la línea de base y la presentación de conclusiones derivadas de los procesos participativos, lo cual supone una subvaluación de esta dimensión, en un contexto por demás sensibilizado”.
 
El informe de la UNOPS subraya además que “los criterios regulatorios seguidos por el titular no han podido analizarse en la mayoría de los casos, debido a la generalizada omisión en el Estudio de una referencia regulatoria para cada una de las acciones que son materia de análisis”.
 
El documento, de 84 páginas, constituye en sí mismo un respaldo a la demanda de la población de Islay: la cancelación inmediata del proyecto minero Tía María.
 
 
Lima, 08 de abril del 2011.
 
Comunicaciones CAOI
 
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas - CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina