Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI
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Exijamos al gobierno sancionar a los responsables de la muerte de un manifestante los heridos y el retiro del proyecto minero Tía María.
 
La represión en Islay ya ha dejado un muerto y once heridos. Nuevamente el gobierno de Alan García responde con la violencia desenfrenada la justa protesta de los pueblos que defienden sus territorios y bienes naturales. Pero no logra hacerlos retroceder: Islay lleva una huelga de más de quince días que cuenta con el apoyo de los movimientos sociales de la región Arequipa y de todo el Perú. Y va a continuarla hasta lograr el retiro definitivo del proyecto minero Tía María.
 
Este apoyo y solidaridad debe expresarse en acciones concretas. “Las organizaciones sociales, los organismos de derechos humanos, las ONG, la Iglesia, todos los sectores deben pronunciarse y exigir al gobierno el cese de la represión y el castigo para los responsables de la muerte de un manifestante”, señaló Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI).
 
De acuerdo con informaciones llegadas desde el lugar, la represión policial se inició a las seis de la mañana de ayer en la zona de Alto Catarindo. La policía lanzó piedras y bombas lacrimógenas desde helicópteros contra los manifestantes, además de dispararles. La víctima mortal recibió un balazo en la cabeza y los heridos fueron abaleados en diversas partes del cuerpo.
 
“El gobierno central y el gobierno regional no pueden solo hablar demagógicamente de diálogo, tienen que implementarlo y cumplir los acuerdos a los que lleguen con la población”, añadió Miguel Palacín.
 
El Proyecto Minero Tía María es rechazado por la población desde que fue anunciado, debido a los graves impactos sociales y ambientales que generaría su ejecución. El 27 de noviembre del 2009 se realizó una Consulta Vecinal en el distrito de Cocrachacra, en la que el 93.4% de la población dijo no a la minería. Y en lugar de aceptar y acatar los resultados de esta consulta, el gobierno ha denunciado penalmente a los dirigentes locales.
 
No se trata de una oposición caprichosa. La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) ha formulado serias observaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA), a las que Southern Perú, a cargo del proyecto, debe responder en un plazo de noventa días. Tampoco es este el único cuestionamiento al EIA. El año pasado, la Municipalidad Distrital Cocrachacra encargó su examen a un equipo multidisciplinario de profesionales, el cual encontró más de seis mil observaciones.
 
El Ministerio de Energía y Minas dispuso ayer, a través de una medida administrativa, la paralización por 180 días calendario de la evaluación del EIA del proyecto minero Tía María. Y el gobierno regional de Arequipa acordó en sesión de consejo suspender todos los actos, plazos y procedimientos administrativos de este proyecto hasta que el gobierno central resuelva las demandas de los pobladores de Islay.
 
La demanda central de Islay es el retiro definitivo del proyecto minero Tía María, porque afectará al río Tambo, que la abastece de agua para el consumo humano y la agricultura. Por tanto, la mera suspensión de trámites por un plazo determinado no es suficiente. El gobierno central debe respetar la voluntad de la población, expresada en una consulta hecha al amparo del Convenio 169 de la OIT y la legislación nacional.