Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina
 

Encuentro Regional en Huaraz analizará el contexto político y jurídico de la judicialización del ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas.
 
Los Estados criminalizan la protesta social para favorecer la expansión de las multinacionales, cuyo interés se centra en los bienes naturales que se encuentran en los territorios de los pueblos indígenas. Para implementar esta sistemática política de criminalización, emiten normas que vulneran sus propias constituciones y los tratados internacionales de derechos humanos.
 
Para examinar este contexto político y jurídico de la criminalización, presentar testimonios (casos emblemáticos) de los directamente afectados y articular estrategias de defensa de los derechos humanos y colectivos de las comunidades y pueblos indígenas, el domingo se realizará en Huaraz, capital de la Región Ancash, Perú, el Encuentro regional “Defensores del Agua y Judicialización de la Protesta”.
 
La represión contra los pueblos indígenas ha estado siempre presente. En la segunda mitad del siglo pasado, las tomas de tierras de las grandes haciendas que ocupaban territorios ancestrales indígenas fueron respondidas violentamente, provocando prisión, heridos y muertos.
 
Con la imposición del neoliberalismo por la dictadura de Alberto Fujimori, se sentaron las bases del nuevo modelo de legalidad para el sistema penal peruano, recurriendo a una legislación penal de emergencia con el pretexto de combatir el terrorismo. Esta “legislación antiterrorista” es utilizada contra los pueblos indígenas también en Colombia, Chile y recientemente en Ecuador. Esto, pese a que se sabe que en el caso de Colombia y Perú el mayor número de víctimas de las organizaciones armadas irregulares está en los pueblos indígenas.
 
En el Perú, para criminalizar la protesta se utilizan las siguientes figuras penales, cuya pena es mayor a veinte años de cárcel:
 
·         Atentado contra los medios de transporte y servicio público.
·         Atentado contra la seguridad común.
·         Entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos.
·         Disturbios.
·         Apología.
·         Asociación ilícita.
·         Secuestro.
·         Extorsión.
 
En julio del 2007, el gobierno de Alan García dictó once decretos legislativos que agudizan la criminalización de la protesta. Estos decretos legislativos extienden los plazos de detención preliminar y prisión preventiva, amplían la noción de flagrancia del delito, dan a la policía tareas que antes competían solo al fiscal, crean la figura delictiva de “invasión” de tierras, facultan a las fuerzas armadas a intervenir en las movilizaciones, militarizando así los conflictos sociales, y dan impunidad (licencia para matar) a policías y militares que reprimen manifestaciones de protesta.
 
Las organizaciones indígenas y organismos de derechos humanos del Perú han presentado una demanda de inconstitucionalidad contra los decretos legislativos de la criminalización y están a la espera de la respuesta del Tribunal Constitucional. Mientras tanto, los líderes y dirigentes indígenas judicializados bordean el millar.
 
Los propios líderes judicializados expondrán sus testimonios en el Encuentro Regional “Defensores del Agua y Judicialización de la Protesta”, que se realizará en el Auditórium de la Universidad (ULADECH), ubicado en la avenida Confraternidad Internacional Oeste N° 731, Huaraz, región Ancash, Perú, el domingo 6 de febrero desde las 8:30 de la mañana.
 
Tras el debate, las conclusiones y los acuerdos del domingo 6, a las 9 de la mañana del lunes 7 se realizará una movilización frente a la sede del Poder Judicial de Huaraz.
 
 

 
Comunicaciones CAOI