La Asamblea Nacional de Diputados se prestan para aprobar las modificaciones al Código Minero, marginando de las discusiones a las comunidades más afectadas por la explotación minera: los Pueblos Indígenas y campesinos.
 
Está misma Asamblea de Diputados aprobó sin consulta la Ley 30 que dio inicio a protestas de poblaciones indígenas Ngäbe Buglé, dejando un saldo de 10 muertos, centenares de heridos y lisiados de la vista de por vida en la Masacre de Bocas del Toro el año pasado. Sumado a la intromisión del  Tribunal Electoral panameño para eliminar la estructura tradicional y la dirigencia Ngäbe Buglé, para la  colaborar con la explotación minera de parte de gobiernos extranjeros y de empresas privadas.
 
Todos los órganos del Estado tienen el objetivo de acabar sistemáticamente con la poca autonomía del pueblo indígena Ngäbe Buglé, es una guerra de exterminio silencioso que convierte la violencia, la expropiación de sus tierras, territorios y recursos naturales como legales, justos, democráticos, para el bien del país y del desarrollo.
 
La Asamblea Nacional de Diputados viola el principio del Consentimiento Previo, libre e informado, reconocido por convenios y tratados internacionales, como la Declaración de la ONU sobre derechos humanos de los Pueblos Indígenas y la Declaración sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, la Convención del niño, El Convenio de la Diversidad Biológica, puesto que atenta contra la seguridad y soberanía alimentaria de las comunidades indígenas y campesinas, nuestra identidad, nuestra cultura, la biodiversidad, los ríos, la niñez y la herencia de las próximas generaciones.
 
El gobierno panameño, los gobiernos extranjeros la banca internacional (Banco Mundial, BID) y otros actores internacionales deben reconocer la importancia de los recursos naturales como bienes comunes naturales para nuestra sobrevivencia como comunidades indígenas y campesinas, para la co-existencia armoniosa de los diferentes miembros de la sociedad. Nuestros bienes comunes naturales forman parte intrínseca de  cada miembro de nuestra comunidad, forma parte de nuestro ser, de manera espiritual y religiosa, es nuestra vida, sin ella nos condenan al exterminio como cultura, como naciones indígenas.
 
Consideramos que la Asamblea Nacional de Diputados aprueba las modificaciones al Código Minero para beneficio de los gobiernos extranjeros (Canadá, USA, Corea del Sur, Indonesia) y de empresas privadas panameñas y olvida que estos recursos naturales, nuestros bienes comunes pertenecen unicamente al pueblo Ngäbe Buglé, y son ellas, las comunidades indígenas afectadas y sus máximas instituciones tradicionales,  las únicas que deben participar, administrar, controlar, gestionar, planificar, auditar y evaluar constantemente todo el proyecto, así como recibir todos los beneficios que emanen de esta explotación de muerte.
 
Finalmente, les recordamos a nuestras hermanas y hermanos indígenas y campesinas que hoy luchan contra la explotación minera en sus territorios indígenas, que así como nosotros expulsamos a toda explotación minera en nuestros territorios Kunas por el Estado y las trasnacionales, tengan la seguridad y solidaridad de nuestro pueblo y nuestro respaldo ante la amenaza de expropiación de sus recursos naturales, tierras y territorios.
 
MOVIMIENTO DE LA JUVENTUD KUNA