“En enero de 2008, Luis Carlos salió como de costumbre a entregar los cilindros de gas al restaurante, pero esa noche no regresó. Luego nos dimos cuenta que estaba junto con otros dos cuerpos en la morgue de Piendamó, Cauca.
 
 “Al otro día la noticia era que habían sido muertos tres guerrilleros en combate. Mi yerno salió de la casa con un buso azul y un jean, pero en la morgue estaba con un camuflado, le habían puesto armas y unas botas pantaneras que no eran de él y para que le quedaran buenas le habían cortado los talones.   También lo habían torturado.
 
“Nos cuentan que cuanto los bomberos fueron a recoger los cuerpos, el ejército no los dejó y muchas personas y testigos nos dijeron que fueron miembros de la cuarta brigada del batallón José Hilario López.
 
 “Pero semanas después comenzaron las amenazas y nos hicieron salir desplazadas de Silvia. Nunca recibimos ayudas del estado porque denunciamos y nos sostuvimos que Luis Carlos fue muerto a manos del ejército”.
 
 Maribel
Familiar de una víctima de un falso positivo
 
Además de los hechos denunciados por las valientes madres de Soacha, que permitieron develar la tragedia de los falsos positivos, hay muchos casos de los cuales aún no se ha mencionado nada. Continúan sembrados en el corazón de muchas familias como la de Maribel, que saben que la justicia y la verdad continúan todavía lejanas.
 
 Este lunes el presidente Juan Manuel Santos intervino ante el pleno de la Corte Penal Internacional, con el objetivo de explicar los supuestos avances en la defensa de los derechos humanos. Pero al igual que otros mandatarios, niega el conflicto interno que se vive en el territorio, la violación de los derechos fundamentales y del Derecho Internacional Humanitario y la existencia perversa de los falsos positivos. Con descaro se atreve a decir que en Colombia estamos viviendo un escenario de post-conflicto.
 
 El presidente Santos argumenta sus palabras con la desmovilización de algunos grupos paramilitares y su vinculación a la ley de Justicia y Paz y con bombardeos y acciones militares que han ocasionado la muerte a varias cabecillas de las FARC. Frutos que según el mandatario está recogiendo de su antecesor, gracias a la política de seguridad democrática.
 
Hay que mencionar que sólo hace algunas semanas el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, cuestionó la ley de Justicia y Paz por la falta de condenas que ha producido, pues hasta la fecha sólo han sido condenados tres ex jefes paramilitares.
 
 En esta audiencia el presidente olvidó mencionar que los paramilitares (supuestamente desmovilizados) hoy conforman otros grupos: las Águilas Negras, los Rastrojos, las Águilas Negras Nueva Generación, etc. Ellos, continúan señalando, amenazando y asesinado a campesinos, indígenas y comunidades negras que exigen sus derechos o que simplemente cometen el delito de vivir en tierras fértiles sembrando alimentos para sobrevivir.
 
En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales de campesinos, jóvenes e indígenas inocentes que fueron reportados como guerrilleros muertos en combate, el presidente mencionó el sistema de asesores jurídicos e inspectores delegados y el fortalecimiento de la Justicia Penal Militar. Sin duda alguna, el fortalecimiento en estos casos significa mayor protección para los militares, quienes se juzgan entre ellos mismos y dejan a las víctimas con el único recurso de acudir a instancias internacionales.
 
 Mientras la Fiscalía investiga a cerca de mil militares de diferentes rangos, señalados de ser responsables de falsos positivos, en el senado de la república se debate la Ley de Victimas. Esta Ley, es una propuesta asistencialista que sólo busca atender y reparar económicamente a los más de cuatro millones de afectados por el conflicto armado. Sin embargo, no clarifica el derecho que tienen las víctimas a conocer la verdad y a que se haga justicia frente a los autores materiales e intelectuales de los crímenes. No se puede permitir que en nombre de la reparación se silencie la verdad y la justicia. Por eso es necesario entender muy bien esta Ley, para que no entreguemos la dignidad de quienes han padecido el conflicto a cambio de un fugaz recurso económico.
 
 De estas políticas y leyes Maribel dice que entiende poco. Ella continúa en el rebusque, con su venta de minutos, buscando un mínimo recurso para alimentar a su familia. Mientras mira por televisión a las víctimas del invierno, espera que a ellos sí les presten el cuidado y la protección que a ella y a su familia les negaron. Que a esas víctimas no les suceda lo que les pasó a cientos de familias víctimas de la violencia, quienes fueron interrogadas una y otra vez ofreciéndoles justicia y reparación y ahora sus testimonios permanecen en folios devorados por la humedad y el abandono.
 
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