“Cuando mis hijos escucharon la noticia de lo ocurrido a su papá, tomaron la decisión de no estudiar más, porque sin el padre no eran nadie.  Lo único que queremos es morir, me dijeron”
Miriam Yatacué, esposa de Roberto Bastidas, asesinado por paramilitares.
 
Víctimas de Toribio
 
EL 6 de diciembre de 2010 la fiscalía de Cali, Valle, hizo entrega de 15 cuerpos, víctimas de la violencia en Colombia, a distintas familias del Valle y del Cauca. Entre ellos se encontraban los restos mortales de Roberto Enrique Bastidas y de José Orlando muñoz, asesinados por paramilitares.
 
Ocho años de sufrimiento vivieron los familiares de estas víctimas, el cual se originó el 3 de abril de 2002 cuando se produjo el secuestro y posterior asesinato de Enrique y José Orlando. Ninguno de ellos tenía antecedentes judiciales. Su trabajo consistía en repartir víveres para graneros entre las ciudades de Cali, Santander de Quilichao y Toribio. De esta forma contribuían con sus familias para su sostenimiento.
 
Días después de haber desaparecido, los familiares informaron al Cabildo de Toribio, quienes con la ayuda de la comunidad iniciaron su búsqueda. Sin embargo no fue posible encontrarlos ni obtener información sobre ellos.
 
Desde ese entonces la presencia de paramilitares ha sido una constante en el norte del departamento del Cauca, especialmente en los municipios de Buenos Aires, Suarez, Santander de Quilichao, Caloto y Corinto. Igualmente, se siente la presencia de la guerrilla y de la fuerza pública, quienes atemorizan a la población con estrategias de terror que producen muerte y desplazamiento.
 
Ante esta situación, la ACIN, a través del Tejido de Justica y Armonía, inició un proceso de acompañamiento a los familiares de las víctimas para exigir sus derechos, pero además, para denunciar estos hechos ante el estado y exigir las medidas pertinentes para su protección.
 
Estos no son casos aislados. Hasta el momento se han encontrado alrededor de 3100 fosas en Colombia, con un total de 3650 cuerpos. Según el fiscal que hizo la entrega de los cuerpos en el Valle, falta hacer entrega todavía de muchos cuerpos en otras ciudades como Montería, Popayán, Medellín y Bucaramanga.
 
Los casos de Roberto Enrique Bastidas y José Orlando Muñoz hacen parte de un proceso de miles de familias que buscan la verdad y que piden justicia para la memoria de sus seres queridos. Muchas de estas familias viven en la incertidumbre pues no saben si sus seres queridos están vivos o muertos. Miriam Yatacué la compañera permanente de Roberto Enrique Bastidas, describe como un logro importante tener los restos mortales de su esposo. “Mis hijos preguntaban mucho por su papá, decían ¿cómo estará mi papá, será que está más gordo, con más canas?, queremos verlo pronto” describe Miriam con nostalgia.
 
Las familias de estas víctimas exigen el esclarecimiento de sus muertes. Los distintos actores armados señalan como informantes a la población civil y utilizan esa excusa para asesinarlos. Por eso muchas muertes quedan en la impunidad, pues las justifican diciendo que las víctimas formaban parte de un grupo armado. “Queremos que no nos involucren con la guerra, que no nos acusen de informantes, que respeten el buen nombre de nuestras familias” afirma Miriam antes de enterrar el cuerpo de su esposo en el cementerio de Toribío.