Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI
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CIDH examina dramática situación de los pueblos indígenas colombianos
En Audiencia Temática, ONIC solicita a organismo de la OEA una visita para verificar la grave vulneración de derechos.
 
WASHINGTON DC, octubre 28.- La grave situación de los derechos de los pueblos indígenas colombianos fue expuesta hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el desarrollo de una Audiencia Temática solicitada por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y realizada en el marco del 140 Período de Sesiones del organismo de la OEA.
 
Javier Alexander Sánchez Reyes, Consejero de Territorios de la ONIC –organización integrante de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI)- lanzó un llamado de alerta respecto de los pueblos indígenas colombianos en peligro de extinción física y cultural, debido al conflicto armado interno que sufre su país desde hace más de 50 años y a la imposición de modelos de desarrollo ajenos a los pueblos afectados.
 
Acompañó al dirigente en su exposición Fernando Fierro Gómez, abogado del Observatorio y Defensoría Jurídica Indígena de la CAOI, quien recordó que la Corte Constitucional colombiana expidió un Auto que ordena al Estado implementar planes de salvaguarda para 32 pueblos indígenas considerados los más vulnerables.
 
El abogado precisó que esos 32 pueblos indígenas tienen poblaciones menores a 500 personas. De ese total, 18 tienen menos de 200 integrantes y 10 menos de 100.
 
Esta crítica situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas se debe a que ellos son las víctimas más frecuentes del conflicto armado interno, el abandono estatal y la discriminación estructural en Colombia, denunció la ONIC ante la CIDH.
 
Entre los derechos vulnerados, Fierro mencionó en primer lugar el derecho a la vida, señalando que durante el 2009 murieron violentamente 114 indígenas, y entre enero y agosto del 2010 las víctimas mortales llegaron a 70. Todos ellos precisamente en aquellos pueblos que están en peligro de extinción.
 
El Auto 04 de la Corte Constitucional colombiana ordena al gobierno generar políticas públicas de Estado para los pueblos indígenas, pero hasta el momento no hay un solo plan de salvaguarda completo y menos puesto en marcha.
 
Con respecto a la vulneración del derecho a territorio, Fernando Fierro indicó que existen más de 500 solicitudes de titulación de resguardos indígenas paralizadas en el Ministerio del Interior, muchas de las cuales llevan una espera de diez años. A ello se suma que han sido desconocidos títulos de propiedad de la época de la Colonia, pese a que desde 1991 se dio validez legal a estos títulos y el Estado incluso giraba recursos para esos resguardos.
 
Además, está en debate un proyecto de ley de ordenamiento territorial que no considera a los resguardos indígenas. Y las concesiones mineras en territorios indígenas son entregadas por el gobierno sin consultar a los pueblos afectados.
 
Otro derecho vulnerado es el del autogobierno, con la promoción desde el Estado de la creación de una organización paralela a la ONIC.
 
Pedidos a la CIDH
 
El Consejero Javier Sánchez, por su parte, resumió los pedidos de la ONIC a la CIDH: que realice una visita a Colombia para verificar la situación de los pueblos indígenas y haga un seguimiento a las medidas cautelares que el propio organismo de la OEA emitió, en particular la demanda al Estado de desarrollar políticas públicas diferenciales para los pueblos indígenas.
 
Asimismo, que inste al Estado colombiano a investigar las amenazas a la ONIC y sus organizaciones de base, a abstenerse de crear organizaciones indígenas paralelas y a definir con las auténticas organizaciones indígenas los mecanismos de consulta de las iniciativas legislativas.
 
En la Audiencia Temática expusieron también Luis Alfonso Hoyos, representante permanente de Colombia ante la OEA, y Pedro Posada del Ministerio del Interior y Justicia del mismo país, quienes fueron interrogados por los comisionados de la CIDH respecto de la seguridad jurídica de la propiedad territorial de los resguardos indígenas, las investigaciones y sanciones a los asesinatos, y los planes de salvaguarda para los pueblos en peligro de extinción. Ellos ofrecieron enviar información por escrito.
 
Mañana a las 9 de la mañana la CIDH realizará la Audiencia Temática sobre la situación de derechos humanos de las comunidades indígenas afectadas por las actividades de la industria minera en la región andina, solicitada por CAOI, ONIC, el Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CEADESC), el Comité de Fiscalización del Medio Ambiente de la Provincia de Angaraes, Huancavelica, Perú, e Indian Law Resource Center.