El Cabildo Indígena de Cerro Tijeras, situado en el municipio de Suárez, Cauca, y la ACIN, informaron que el día sábado 10 de julio de 2010, un artefacto explosivo impacto por lo menos cinco personas, de las cuales hasta el día de hoy han sido identificados Germán Dagua, alguacil del cabildo indígena de la comunidad de Altamira, Andrés Zúñiga estudiante de 16 años y el joven indígena Edwin Martín Dagua. 

 
Según versiones, las víctimas fueron alcanzadas por la onda de un artefacto explosivo, al parecer activado por la guerrilla, hecho sucedido al momento en que agentes de la policía adscritos al puesto policial de Suárez realizaban un pare de requisa a varios vehículos que transitaban por la vía que conduce del casco urbano de Suárez a Altamira.
 
Germán Dagua, era integrante del Cabildo Indígena de Altamira, padre de 4 hijos, quien había sido desplazado por la masacre del Alto Naya; Andrés Zúñiga era estudiante de décimo grado y Edwin Martin Dagua, quien se movilizaba en motocicleta hacia su casa en Pueblo Nuevo Ceral, tenía 18 años de edad y apoyaba económicamente a su madre, hija y esposa.
 
Este hecho se enmarca dentro la situación de zozobra existente en la zona, la cual es ocasionada por la presencia de grupos ilegales, entre los cuales se encuentran las guerrillas y los paramilitares, estos últimos a nombre de las Águilas Negras y bajo el argumento de defender al gobierno nacional, amenazan y acometen hechos violentos sobre quienes reclaman sus derechos y se oponen a la entrega de sus territorios a las multinacionales. Por otra parte, las guerrillas con su actuar desenfrenado y ciego, crean situaciones lamentables y violatorias del derecho internacional humanitario, como la sucedida el pasado 10 julio.
 
En diversos comunicados, expedidos por las autoridades indígenas del Cabildo de Cerro Tijeras y de organizaciones campesinas y afros de la región, se ha denunciado que desde el año anterior las Águilas Negras, han amenazado a líderes, Autoridades Tradicionales indígenas, concejales y comuneros en general por oponerse a que multinacionales como la Ashanti Gold y Smurfing Cartón de Colombia se establezcan en la zona. Estas voces de alerta, han sido desconocidas y solo se observa un solo silencio cómplice y tendencioso por parte de las instituciones del Estado.
 
Ante esta situación de crisis del orden público, tanto Autoridades Tradicionales Indígenas, como líderes de las comunidades afros y campesinas de la región han rechazado y exigido de los grupos armados que abandonen el territorio, expresando que “no los queremos, no los necesitamos, no los hemos invitado, no les hemos pedido que se queden, no nos interesa su presencia. Si su intención es amedrentarnos para desalojar nuestros sitios ancestrales y así poder entrar a sus anchas con máquinas y tecnología, la respuesta es categórica y rotunda: NUNCA NOS IREMOS”.
 
Estos hechos ratifican lo constatado y afirmado por el Foro Permanente de Naciones Unidas para Asuntos Indígenas en su reciente visita a Colombia: “la situación de los derechos humanos de los pueblos aborígenes colombianos es sumamente grave, crítica y profundamente preocupante", por lo cual el Consejo Regional Indígena del Cauca se une al dolor de las familias afectadas ante este nuevo caso de violencia, acompaña la denuncia emitida por la comunidad y el cabildo de Cerro Tijeras y reclama de la comunidad nacional e internacional su intervención ágil y oportuna para que demande del Estado colombiano una investigación eficiente que brinde respuestas oportunas, identifique a los culpables, permita aplicar justicia y evite la impunidad y nuevos hechos de violencia.
 
La Consejería Mayor del CRIC reclama del Estado colombiano que de forma urgente atienda el Auto 004 de la Corte Constitucional, concerte de forma urgente un plan de garantías que contribuya a evitar la impunidad, cesen las muertes, las amenazas y el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas del departamento del Cauca, en especial de la comunidad de Cerro Tijeras, quienes desde hace varios años son víctimas sistemáticas de los grupos paramilitares, guerrilleros y de la fuerza pública del Estado colombiano.
 
CONSEJERÍA MAYOR
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA –CRIC-