El sábado 5 de junio, las organizaciones indígenas del Perú conmemoraron un año de la Masacre de Bagua en una impresionante concentración que reunió a alrededor de tres mil personas en la Curva del Diablo. Ese mismo día presentaron un Memorial que contiene una serie de denuncias y propone diversas acciones.
 
Entre tales acciones propuestas, los pueblos indígenas, comunidades y ronderos del Norte Amazónico, andinos y costeros reiteran la necesidad de conformar una auténtica Comisión de la Verdad sobre el Baguazo, que el Poder Judicial identifique a todos los responsables de la masacre de la Curva del Diablo, que las autoridades cumplan el Informe de Expertos de la OIT que demanda al Estado peruano la suspensión inmediata de cualquier concesión sobre recursos naturales hasta obtener el consentimiento de las comunidades afectadas, que cese la persecución contra sus dirigentes y que se atienda e indemnice a los deudos de las familias awajun, campesinas y familiares que perdieron a sus familiares en la Masacre de Bagua.
 
El Memorial lleva las firmas de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P), el Consejo Aguaruna y Huambisa, el Foro Social Pan Amazónico (FSPA), las federaciones de rondas campesinas de Cajamarca, Utcubamba, Amazonas, la Federación Provincial de Campesinos de Ayabaca, la Federación de Estudiantes de la Provincia de Bagua, la Coordinadora Regional de Comunidades Quechua y Aymara de Puno, el SUTEP de Aramango y las comunidades de Yanta y Ujucam.
 
Reproducimos aquí las acciones propuestas en el memorial:
 

Indemnización y atención de las familias awajun, campesinas y policiales que han quedado desamparadas por la Masacre de Bagua.
Cambiar las órdenes de detención por las de comparecencia a los dirigentes presos y perseguidos.
Atención médica oportuna y adecuada de los heridos por la Masacre de la Curva del Diablo, que incluya su plena rehabilitación física, psicológica y laboral.
Conformar una auténtica Comisión de la Verdad sobre el Baguazo, integrada por colegios profesionales, iglesias y entidades y personalidades éticas internacionales.
Que el Poder Judicial identifique a los responsables del Poder Ejecutivo, Ministerio del Interior y jefes policiales que ocasionaron la masacre de la Curva del Diablo y sean sancionados con todo el peso de la ley.
Cumplimiento del Informe de Expertos de la OIT (febrero 2010) que demanda al gobierno peruano la suspensión inmediata de cualquier concesión sobre recursos naturales (minería, hidrocarburos, hidroeléctricas) hasta que sean consultadas y tengan el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas afectados.
Sanción a los responsables de las torturas efectuadas a los comuneros campesinos que defendieron sus territorios ante la invasión de Monterrico Metals en Majas (Piura).
Atención médica oportuna y adecuada de las más de 150 mil personas contaminadas por metales tóxicos, cancerígenos y degenerativos, por operaciones mineras y petroleras.
Priorizar las propuestas de las organizaciones indígenas, campesinas y ronderas de Cajamarca y Amazonas, referidas a agroforestería, agricultura orgánica, manejo forestal comunitario y productos hidrobiológicos.
Que las municipalidades realicen la Zonificación Ecológica y Económica y Ordenamiento Territorial, identificando las áreas vulnerables y estratégicas (fuentes de agua, corredores biológicos, etc.) donde no debe permitirse intervenciones extractivas depredadoras.
Precisar las normas aplicables al Perú de los límites máximos permisibles de metales pesados en humanos y ecosistemas, para acabar con el pretexto de la impunidad porque no hay valores oficiales para penalizar la contaminación.
Cumplimiento de la evaluación socioambiental estratégica de las políticas nacionales de minería, hidrocarburos e hidroeléctricas, con participación de las organizaciones indígenas, y no limitarse a los estudios de impacto ambiental.

 
 
Lima, 11 de junio de 2010.
 
Comunicaciones CAOI