Detenido ilegalmente el Vocero de la Minga Social y Comunitaria y Consejero de Paz del CRIC Feliciano Valencia Medina

El Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN denuncian la detención abiertamente ilegal y violatoria de la Constitución Política de que ha sido objeto nuestro compañero Feliciano Valencia, comunero del resguardo indígena de Munchique Los Tigres;  fue Gobernador de su resguardo, Consejero del CRIC, ACIN;  actualmente se desempeña como Vocero de la Minga Social y Comunitaria y Consejero de Paz del CRIC.

HECHOS:

El día 10 de abril de 2010 a las 3:00 pm, Feliciano Valencia se disponía a iniciar una gira por Argentina, Brasil y Bolivia en calidad de representante de las organizaciones indígenas del Cauca, cuando fue detenido por funcionarios del DAS en el control de inmigración del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira,  los funcionarios que lo retienen alegan tener una orden de captura en su contra por los delitos de secuestro simple agravado y lesiones personales.  Alrededor de las 5:00 pm Feliciano Valencia es trasladado a la sede del DAS, en la ciudad de Cali, donde pasó la noche y hoy domingo 11 de abril, Feliciano Valencia, será trasladado a la ciudad de Palmira y presentado ante un juez de garantías.

Frente a este acto de violación contra la dignidad y los Derechos de los Pueblos Indígenas, las comunidades y sus autoridades tradicionales desde nuestro ejercicio autónomo  fundamentado en los principios colectivos de respeto, unidad y solidaridad, hacemos presencia en la audiencia pública para reclamar la libertad inmediata de nuestro compañero Feliciano Valencia.

La acusación por secuestro y lesiones personales es totalmente falsa y temeraria. Los hechos a que se refieren, corresponden al momento en que el pueblo Nasa, en uso de sus facultades jurisdiccionales, aplicó remedio a un indígena que con sus acciones causó desarmonía y desequilibrio en su territorio.  Se trata de un indígena que presta sus servicios en las fuerzas militares y se infiltró como informante y provocador en la Minga Social y Comunitaria que se realizaba en el Resguardo Indígena de la María Piendamó, a quien la Guardia Indígena le encontró elementos de uso privativo del ejército; hechos que son reconocidos por el militar ante la asamblea pública y sus autoridades tradicionales.

El comunero Feliciano,  en ese momento consejero del CRIC en representación de la ACIN-CXAB WALA KIWE,  acompañó la sesión de La María (Piendamó) en que la Autoridad Indígena aplicó justicia de acuerdo a la Ley de Origen,  amparado en el Artículo 246 de la Constitución Política que claramente dice: “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus usos y costumbres.

Por aplicar justicia, el Estado pretende castigar a Feliciano, así como a la ex Consejera Aída Quilcué y a Daniel Piñacué, contra quienes también hay orden de captura por los mismos hechos. Tanto la Fiscalía como el juez de Piendamó conocen la legalidad de nuestro proceder, porque ya se les hicieron todas las aclaraciones las cuales aceptaron hace varios meses.  De nuevo y contra todas las evidencias, vuelven a perseguir a nuestro comunero y vocero.

Que el Estado desconozca la aplicación de justicia ejercida por nuestras autoridades indígenas dentro de nuestro territorio y la equipare con crímenes dentro de la justicia ordinaria, es un perverso antecedente que contribuye a la estigmatización de nuestras organizaciones, autoridades y líderes indígenas.  Peor aún cuando a pesar de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de Feliciano Valencia y otros líderes para garantizar sus derechos, el Estado colombiano es quien deliberadamente se los viola.

Como autoridades tradicionales competentes y organizaciones indígenas, el CRIC y la ACIN rechazamos esta agresión contra nuestro líder y compañero Feliciano y exigimos su inmediata liberación. El atropello contra Feliciano lesiona la libre autodeterminación y la aplicación de justicia; la Jurisdicción Especial Indígena; desconoce el sistema de justicia y armonía que nuestras autoridades tradicionales aplican como nos lo enseñaron nuestros ancestros; y es un castigo a la dignidad defendida por la Minga Social y Comunitaria, que en el Municipio de Piendamó exigió al presidente Uribe rendir cuenta de sus actuaciones contra nuestros territorios y comunidades indígenas.

Ante estos lamentables hechos solicitamos:

A la comunidad internacional, inicie la vigilancia sobre este caso para que se mantengan todas las garantías judiciales a Feliciano Valencia.

Al Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas James Anaya, la  Relatora Especial sobre la situación de Defensores de Derechos Humanos Margaret Secaggya y la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Navy Pillay, que desplieguen de manera urgente a las agencias del Sistema de Naciones Unidas  en Colombia para evitar que se continúen violando los derechos de Feliciano Valencia.

Al Estado colombiano exigimos que libere inmediatamente al comunero indígena  Feliciano Valencia y aplique, por parte de todas las ramas del poder, las disposiciones internas y los tratados internacionales que le obligan a respetar la vida, libertad e integridad de nuestro comunero Feliciano Valencia, así como el derecho del pueblo Nasa a la libre determinación, reconocida en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

Llamamos a los pueblos indígenas y los caminantes de la Minga Social y Comunitaria a sumar esfuerzos para liberar la palabra que camina, y para liberar a nuestro hermano Feliciano.

CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA-CRIC Y ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL NORTE DEL CAUCA-ACIN