La imposición de los Tratados de Libre Comercio entre Estados Unidos Perú y Colombia han traído consigo no solo la imposición de una serie de medidas económicas que terminarán afectando a nuestros pueblos, sino la imposición de la presencia de tropas militares dentro de nuestros territorios, ya sea bajo el pretexto de la ayuda en el combate del narcotráfico o acciones de apoyo en la lucha contra la pobreza.
 
Sin embargo, el verdadero interés de la presencia militar estadounidense en la región es otro. Mario Palacios Panéz, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI PERU), sostiene que esta presencia militar en Perú y Colombia tiene como objetivo quebrar el eje andino.
 
Agrega que en estos momentos las demandas y propuestas que surgen desde los movimientos, en especial de los pueblos indígenas representan  una amenaza para los intereses del país del norte.
 
Por ello, considera, es peligroso para ellos que se hable del reconocimiento de los derechos de los pueblos ancestrales, que se reconozca los derechos de la Pachamama, que se plantee el buen vivir como una alternativa a la crisis sistémica que afecta el planeta.
 
Palacios Panéz reiteró que es por estas razones que se cuestiona la presencia de los militares extranjeros en territorio peruano y colombiano, cuyos gobiernos son aliados incondicionales en esta nueva oleada colonializadora.
 
La paramilitarización es también un problema
 
De otro lado, el presidente de CONACAMI PERU, sostuvo que si bien la militarización es un problema que preocupa a todos los sectores de la sociedad, hay un tema que está afectando directamente a los pueblos indígenas.
 
Y es que la presencia de grupos paramilitares en zonas donde se desarrollan actividades extractivas es más frecuente.
 
Según comenta, esto se debe a que las empresas multinacionales que operan ilegalmente dentro de territorios indígenas vienen promoviendo la aparición o formación de estos grupos.
 
Explicó que el soporte de este brazo armado de las empresas que buscan imponerse en lugares donde la población se ha manifestado en contra de las actividades extractivas, son los servicios de seguridad particular.
 
Ellos, bajo esta nueva fachada están operando con total impunidad golpeando, torturando, violando los derechos y hasta matando a los pobladores de estos pueblos, incluso contando con la complicidad, en algunos casos, del propio Ministerio Público.
 
Mencionó como ejemplo lo que viene sucediendo en la zona de Ayabaca y Huancabamba, donde pretende imponerse un proyecto minero por parte de la empresa Río Blanco (de capitales chinos e ingleses). Ahí se ha torturado y asesinado a varios comuneros, sin que nadie responda por esos hechos. Lo mismo sucede en la zona de Cajamarca, donde se desarrolla el proyecto minero Yanacocha.
 
Cabe señalar que además de esta presencia de las empresas de seguridad mencionadas como el soporte de estos grupos paramilitares, las empresas vienen promoviendo la creación de organizaciones paralelas a las ya existente en las comunidades.
 
Se sabe que en la zona de Huancabamba y en muchos otros lugares se ha promovido la creación de rondas campesinas paralelas, las mismas que reciben armas de fuego de parte de las empresas. Claro está que estas rondas están conformadas por personas que trabajan para las mineras.