Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso debate hoy el dictamen.
 
El Congreso de la República del Perú tiene la oportunidad de aprobar un instrumento legal que garantice el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y evite que se repitan conflictos que conducen a hechos trágicos como la Masacre de Bagua de junio de este año. Un instrumento que es norma internacional aprobada en las Naciones Unidas: la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
 
La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso se reúne hoy en su séptima sesión ordinaria. Su primer punto de agenda es el “Dictamen recaído en el Proyecto de Ley No, 1912, que propone elevar a rango de ley la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.
 
Este dictamen tiene un único artículo porque ya no hay nada que discutir. La Declaración de la ONU es fruto de más de veinte años de debates por los Estados y fue aprobada por 143 países el 13 de septiembre del 2007. En nuestro continente, el Estado boliviano le ha dado rango de ley.
 
La citada Comisión del Congreso proyecta aprobar el dictamen por unanimidad para luego elevarlo al Pleno. Su aprobación por el Legislativo no solo evitaría nuevos conflictos entre el Estado y los pueblos indígenas, sino que reconocería el derecho de existir y decidir de estos pueblos, cuyos derechos han sido y son sistemáticamente ignorados y vulnerados durante siglos.
 
La arremetida del neoliberalismo en los años noventa hizo que nuestros pueblos indígenas pasaran de la resistencia a la propuesta. Las industrias extractivas –minería, petróleo, gas, forestales- incursionan en sus territorios con el aval del Estado y sus protestas son respondidas con criminalización. Esto no cambiará solo con mesas de diálogo sobre problemas coyunturales y puntuales, se necesitan políticas públicas interculturales que garanticen el ejercicio de sus derechos. Así lo han recomendado organismos de las Naciones Unidas como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Relator Especial para Pueblos Indígenas James Anaya, tras su visita oficial al Perú luego de la Masacre de Bagua. El marco legal debe ser la Declaración de la ONU.
 
Demandamos a los congresistas de la República que asuman su responsabilidad y aprueben el dictamen cuando éste llegue al Pleno. Y llamamos a las organizaciones indígenas, al conjunto del movimiento social y a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, a estar atentos y pronunciarse para que la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU –cuya aprobación en la Asamblea General de ese organismo fue promovida por el Estado peruano- sea elevada al rango de ley en el Perú.
 
 
03 de noviembre de 2009.
 
Miguel Palacín Quispe
Coordinador General CAOI
 
COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS – CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina