Hemos sido enterados, por medio de un comunicado de la Fiscalía General de la Nación, de la detención de un alto oficial del ejército como coautor de una masacre de los compañeros Awá, lo cual valoramos y esperamos que la justicia actúe en derecho y cumpla lo establecido en la orden judicial.
 
No obstante nos preocupa que no se haya actuado con más celeridad en el proceso y sólo se haya establecido un caso de responsabilidad cuando el grado de impunidad es realmente alarmante.
 
El Comunicado oficial asegura que “fue dictada medida de aseguramiento, detención preventiva sin beneficio de excarcelación, al teniente del Ejército Nacional, Alberto Williams Echeverry, por su presunta responsabilidad en la muerte de cinco miembros de la comunidad indígena Awá, durante un supuesto enfrentamiento entre tropas regulares y una columna de las FARC”.
 
La masacre a la cual se refiere la Fiscalía ocurrió el 09 de agosto de 2006 en zona rural de Ricaurte, municipio del departamento de Nariño; allí fueron reportadas como muertas en combate las siguientes personas: Blanca Adelaida Ortiz, Marleni Pai Burbano, Segundo Jairo Ortiz Taicus, Juan Donaldo Moran y Jesús Mauricio Ortiz.

La determinación judicial fue adoptada por un fiscal de Derechos Humanos y DIH, que sindicó al oficial como posible coautor del delito de homicidio en persona protegida. (Ver comunicado http://fgn.fiscalia.gov.co:8080/Fiscalia/contenido/controlador/controlador)
 
Según la Fiscalía, por los hechos investigados que ocurrieron en este proceso también está vinculado el sargento viceprimero Alexander Guerrero Castellanos.
 
Para la Onic es de suma preocupación el alto grado de impunidad que reina en el país y particularmente en el caso de los pueblos indígenas que han sido víctimas de varias masacres y asesinatos selectivos y, donde la responsabilidad establecida por los entes judiciales ha sido ineficiente.  
 
Para este caso consideramos que es un agravante el hecho que el sindicado sea un agente de Estado; lo cual nos indica que las autoridades encargadas de proteger los derechos de las personas sean, por el contario, quienes atenten contra la vida e integridad de nuestros hermanos indígenas.
 
En este sentido hacemos un llamado a la Justicia colombiana a que actúe en consecuencia con los principios constitucionales y en un verdadero trabajo de lucha contra la impunidad. Al gobierno nacional le exigimos garantizar las condiciones y los medios para tal propósito y no obstaculizar los procesos de investigación, sino coadyuvar para la aplicación de justicia. 
 

Consejo de Gobierno ONIC