“No más Chávez”, fue una de las arengas más exclamadas y escuchadas el pasado viernes en la carrera séptima de Bogotá, en varias ciudades del país y, en unas 80 ciudades más del mundo, según los medios de comunicación.
 
Este acto tendiente a representar un “sentimiento patriótico” al interior del país y de “solidaridad con Colombia” en el resto del planeta -así sea en una dimensión incipiente numéricamente, o poco significativa en la movilización de masas en general en toda las extensiones-, no sólo representa un acto simbólico, solidario y de patriotismo colombiano, sino que expresa el espíritu que subyace desde su interior y que se refleja en una realidad política, evidentemente visible a través de este tipo de actos.
 
El acontecimiento encuadra la representación de una coyuntura que surge desde un escenario mayormente dado en las esferas del Estado y la sociedad colombiana; este tipo de fenómenos no se puede entender a cabalidad, sí sólo se observa o se trata de interpretar desde nuestra propia cotidianidad nacional.
 
No se puede desconocer que los Estados de la región latinoamericana y particularmente los andinos, han venido presentando grandes transformaciones en su estructura política, institucional, cultural, societal y de partidos en los últimos diez años. Cambios que, por supuesto, han configurado cuadros ideológicos contrapuestos dependiendo del gobernante y las tendencias organizativas, sociales y políticas que sostengan el poder oficial en cada uno de los países.
 
Ejemplo claro de ello, puede ser el neo-giro de la “izquierda pragmática contemporánea latinoamericana”, que busca la forma de crear matices de una supuesta liberación de la región ante las tendencias economicistas y políticas impulsadas desde el “Imperio del Norte”.
 
Este tipo de direccionamiento político ha creado las paradojas más profundas de esa apuesta por la “supuesta liberación”. Pues no se puede argüir que se lucha contra el imperialismo haciendo alianza con otros imperios iguales o peor que el mismo que se cuestiona.
 
También es necesario entender, que este tipo de paradojas y acciones de una diversidad política e ideológica en los Estados de la región, no sólo se configura en un marco de competencia global cuyos orígenes se encuentran en la Guerra Fría, en la lógica de movilidad y alineamientos entre quienes conservan sentimiento con el bloque soviético de izquierda y los que mantienen las mimas directrices del norte y sus aliados.
 
Se resaltan nuevas tendencias, igualmente globalizadas y de competencias por el control del planeta que estriba a través de las políticas económicas. Un ejemplo claro de ello puede ser, la entrada de Irán, Rusia entre otros, a la región latinoamericana y, las estrategias de contención de los Estados Unidos, a través de aliados como Colombia. (Es lo que algunos expertos internacionalistas, ha denominado la nueva Guerra Fría).
 
La otra situación problemática es el manejo de la política exterior y, las proyecciones en la política económica y militar para los países denominados de izquierda en la región, el tema de la economía y la seguridad nacional a través del fortalecimiento de las estructuras militaristas, es un tema de soberanía nacional.
 
Para los que se identifican con una nueva visión e interpretación de los conflictos sociales como una tendencia no de beligerancia política sino de terrorismo, se hace necesaria la combinación de los acuerdos militares entre países.
 
En ese sentido, las políticas internas tienden hacer honor a la política exterior de cada Estado y viceversa. Eso debe entenderse también en que la realidad sociopolítica de cada país, por muy andinos que sean, es profundamente diferente. Para el caso colombiano que sería el más fiel representante de las tendencias del norte, donde pregonan los acuerdos bilaterales y el tema de la seguridad como una prioridad de orden por la vía de la fuerza o de las armas; preocupa cómo bajo este precepto se relega y se desconoce los conflictos sociales que son ocultos por la denominación que se les da de terroristas.
 
Queda claro que un acuerdo militar como el de las “bases”, que tanta polémica ha generado en la región -y, que el gobierno colombiano lo vende como un ideal de soberanía y de lucha contra el terrorismo desconociendo la problemática social interna y el conflicto armado, es en mayor medida la desgracia colombiana- termina agudizando la crisis política en la región, por la amenaza de tropas extrajeras que por su mera presencia en Colombia constituye un peligro para los movimientos sociales que resisten y para los mismo vecinos de tendencias ideológicas y política distintas.
 
Con este acto, se muestra una gran contradicción en la política del presidente Barack Obama, que ha sostenido que el TLC, con Colombia, es un tema que se debe mirar en viabilidad luego de una revisión exhaustiva respecto a los Derechos Humanos, en ese sentido la preocupación de los Demócratas, es contraria con la implementación de bases militares de Estados Unidos en territorio colombiano. Bajo la supuesta lucha contra el terrorismo lo que va hacer es ahondar en la violación de Derechos Humanos, por los antecedentes conocidos en Colombia y en el mundo, a través del Plan Colombia.
 
En esta lógica, definitoria de cuadros ideológicos, discursivo, político y práctico, Colombia se ubica no sólo en un centro de conflicto regional con sus vecinos, sino en el satélite estratégico de quienes ven amenazado el protagonismos que han ejercido históricamente en la determinación del orden político y económico de la región.
 
Desde esta interpretación, Colombia es caracterizado, como un país particular, cuya problemática es alimentada por el narcotráfico y los grupos al margen de la ley, específicamente por las guerrillas, lo cual da pie a una legitimación de política específica en la que se combina lo militar, lo burocrático y lo económico siempre en acuerdo, para este caso con los Estados Unidos. (Eso en cuanto a una visión que niega la beligerancia social y política, y resume los reclamos de derechos como un acto delincuencial y terrorífico).
 
En ese orden de planteamientos, se puede hablar en Colombia y en la región latinoamericana, propiamente en la andina, de una nueva lógica de la política, que alimenta un nuevo sentimiento del sentir nacional, crea una nueva ciudadanía, construye un nuevo referente de ciudadano neo-nacionalista, cuya identidad no responde a un patrimonio de territorialidad y de vida histórica y cultural. Al contrario, eso que se ha denominado como sueños y sentimiento nacional, es reemplazado por el “uribismo”, el “chavismo”, el “correismo” etc., en otras palabras, la representación cultural y política de la nación gira alrededor de estas figuras seudo-caudillistas, que han logrado marcar una polarización regional, que se expresa a mayor profundidad en estructuras atomizadas en cada uno de los países.
 
En ese orden de ideas, se ha logrado ver que este nuevo tipo de ciudadanía, responde más a un escenario de fanatismo que de proyección política. Esta nueva ciudadanía, “chavista”, “uribista” o “correista”, es el estereotipo de un ejercicio ciudadano ficticio, en la que el fanatismo destruye todo tipo de diálogo y tolerancia entre las partes. Desde allí, podemos encontrar en la región y en estos países un problema de orientación de masas sociales, promotoras de odios entre las diversas clases que defienden las distintas posturas ideológicas.
 
En ese sentido, se puede afirmar, que si en Colombia y los países aliados al “uribismo”, marchan contra el “chavismo”, no nos puede extrañar ver en el futuro marchas de los “chavista” y sus afines en el mundo, en contra del “uribismo”, y así sucesivamente, se configura unas “recochas”, en la que se juega al defensor del “mejor héroe”.
 
Desde allí nos ubicamos en un escenario en el que la institucionalidad, los partidos, los movimientos sociales entre otros, terminaran siendo reemplazados por este tipo de fanatismos. Con este ejemplo se podría afirmar que estamos pasando de una democracia oficial, al menos como instrumento institucional, a una democracia de pitos, arengas, insultos y platillos en las calles de Caracas y sus aliados internacionales y en Bogotá y sus áulicos en el mundo.
 
¿Pero qué, o más bien quiénes son los beneficiados en el caso colombiano de este juego de ciudadanos de platillos en las calles de Bogotá? ¿Será que existen responsables y responsabilidades? Tratemos de mirar algunos antecedentes internos que puede ofrecer cierta explicación sobre los actores interesado en seguir construyendo este tipo de ciudadanos.
 
Los protagonistas de este juego son: los “uribistas”, burócratas, los políticos, los medios de comunicación y los fanáticos. Esta quíntupla de actores, constituyen la fuente efectiva de auto-legitimación del poder gubernamental y la reafirmación de la ciudadanía uribista. Veamos:
 
Las fuentes afectivas de auto-legitimación de poder gubernamental[1]
 
Detrás de todo este tipo de teatro, se esconde una jugada del régimen político, que a través de los medios de comunicación, construyen ciudadanía y venden una realidad de país, de región y del mundo que no existe. Este tipo de intención se debe mirar con “malicia indígena”, en su trasfondo y respecto a el papel que debe jugar la sociedad en esta realidad y para ello se debe hacer un ejercicio reflexivo que describa y explique hacia el modelo de sociedad que nos está llevando a la transición de un gobierno que cuenta con el manejo de actos de popularidad favorable sin antecedentes en la historia presidencial en Colombia.
 
Este acto favorable del gobierno se sostiene en el discurso y en la práctica en su lucha contra el terrorismo y, la “consolidación” de la seguridad democrática.
 
Pero también lo relacionado con el sentido patriótico, que es a nuestro juicio uno de los recursos más efectivo en la constitución, estabilización y legitimación de poder, que viene siendo instrumentalizado con gran efectividad por el actual gobierno en lo que tiene que ver con las marchas de rechazo a la subversión, hoy contra el chavismo o más específicamente contra Chávez.
 
Este tipo de actos que no son más que acciones colectivas, legitimadoras del gobierno de turno y patrocinada por los medio de comunicación, es lo que debe llevarnos a una primera interpretación de cómo y hacia qué modelo de sociedad nos está llevando tales acciones.
 
Con anterioridad hemos venido comentando que las marchas promovidas por los medios de comunicación, el gobierno y muchos fanáticos desorientados por el uribismo virtual, no se puede ver sólo como una acto patriótico, y tampoco se les puede dar el calificativo de una estructura representada en un estereotipo de ciudadanía llena de sentimientos por valores políticos. Sino que debe entenderse este tipo de actos como acciones colectivas que llevan un gran trasfondo político que en el mismo marco de su sentido estratégico, marca la pauta de sus recursos metodológicos más claro de acción y referidos a las oportunidades políticas. Esto representa un margen de explicación más simple y sencillo en la realidad colombiana, sobre todo cuando nos referimos a los momentos explicados por los sucesos recientes y debidamente descritos anteriormente.
 
A nuestro juicio, las marchas que favorecen al régimen político, son acciones colectivas que sirven como actos de auto-legitimación del poder oficial y del gobierno de turno, que en un principio de oportunidad política, aplica acciones que favorecen sus intereses.
 
Esas acciones se ven sustentada en los sentimientos de quienes padecen el síndrome del analfabetismo político del país y de la región, y de quienes hacen de las descarriadas y burradas de Chávez un caudal de electores que lo único que entienden de la realidad política es lo que se logra ver en la televisión en la “cosa política”. (Allí encontramos un primer recurso de oportunidad política).
 
Otro recurso es el de la opinión pública nacional e internacional que a través de la campaña mediática determinan qué es democrático y quiénes pueden ser los padres de la democracia en la Región Andina.
 
Por último, son dos elementos los más básicos a la hora de entender la auto-legitimación de la institucionalidad desde las acciones colectivas y son las referidas a la contradicción política que tiene un doble significado, por un lado, las acciones de movilización de masa llena de sentimientos, totalmente enajenadas (alienadas), por el poder de convocatoria de los medios de comunicación y patrocinada por el poder gubernamental. Por otra lado, el verdadero sentido de la racionalidad política que debería encarnar una acción colectiva independiente de la oficialidad y propuesta objetivamente desde la sociedad.
 
En la primera, los actos de movilización de masas son inconcientes y llenos de sentimientos espontáneos tendientes a desaparecer aceleradamente en los momentos de coyuntura y contextos. Esta parte representa para la acción política un momento de paso y no de estabilidad social.
 
 La segunda, que debería ser la real acción colectiva aplicada al contexto colombiano, por ser una apuesta desde la sociedad, así sea para condenar al secuestro a las FARC, o al mismo Chávez no se da. Al contrario, las fuentes de acción de poder desde la sociedad termina siendo enajenada hacia el horizonte oficial del gobierno.
 
En el juego de pasiones, sentimientos y movilización de masas espontáneas, que representan un estereotipo de ciudadanía difusa y, la utopía de la movilización racional objetiva desde la sociedad nos podemos encontrar con un modelo de Estado precario en el sentido moderno de la política, en la que es la institucionalidad la que constituye los modelos de ciudadanía y no al contrario, la sociedad debe ser la que configura los valores democráticos y civiles de los Estados modernos.
 
Desde esa perspectiva, queda claro que, las acciones de Chávez, Correa o sus supuestas simpatías con las FARC o con el terrorismo, son las más condenadas por la sociedad colombiana y parte del mundo.
 
Con ello, se termina colocando un velo a otros temas como el de la “parapolítica”, los temas de corrupción que llevó a la aprobación inmediata de la reelección presidencial hace cuatro años, la forma en la que se está dando el debate sobre el referéndum reeleccionista de la actualidad y que permitiría un tercer mandato al Presidente Uribe, la crisis humanitaria y el genocidio que viven los pueblos indígenas y la situación de los más de tres millones de desplazados pasan a un segundo plano y no son de interés de la opinión pública nacional e internacional y para estas masas desaforadas.
 
En ese orden de ideas se puede seguir preguntando, ¿a qué modelo de sociedad nos están llevando las dinámicas del sistema político e institucional actual? Y, ¿Cuándo se aplicaran las debidas proporciones y condenas a los diferentes actores del conflicto y a los políticos latinoamericanos y colombianos, que violen los Derechos Humanos, debido que no tienen el mismo orden de rechazo civil solo porque la oficialidad se encarga de condenar más a unos y esconder y premiar otros?
 
 Hacía que modelo de sociedad vamos
 
No es necesario ser experto en temas politológicos para entender que al modelo de sociedad que vamos, no es alentador, al menos ante los ojos de un demócrata.
 
Los sentimientos expresados, en las marchas favorables al Gobierno y una clase política específica, lo que hace visible es el odio entre clases sociales. La criminalización de toda oposición, la estigmatización entre clases y la invisibilización de los procesos de resistencia civil de la oposición, son más o menos los flancos claros explicativos para entender que desde la institucionalidad y los medios de comunicación, vamos hacia un modelo de Estado republicano y conservador, en la que la tendencia y objetivo principal del Gobierno es homogenizar las voces y aptitudes ciudadanas. Es decir, de una clase social que se impone a las expresiones de opinión diferente al sistema oficialista.
 
Pero la preocupación no debe quedarse sólo allí, si nos ubícanos un poco en la literatura histórica de los modelos de represión oficial a las formas de resistencia civil, el fascismo europeo es el modelo más cercano a este tipo de situaciones oficiales.
 
Conservand