Análisis. No es sólo el desplazamiento lo que embarga a las personas desterradas de su tierra y su entorno. La mera posibilidad de ser desplazados inhibe a las comunidades el ejercicio de una forma de territorialidad, garantizada en la legislación, pero negada en la vida real…
“Muchos relatos de campesinos desplazados, una vez llegados a las ciudades, son nostálgicas remembranzas del terruño y la cotidianidad apacible de sus vidas: el cultivo, la chagra, la gallina pavoneándose por la casa, el perro -hoy seguramente flacuchento y desamparado-... Estos relatos hacen referencia a un periodo en el cual la vida campesina es sinónimo de
1. Desplazamiento
“Cuando asesinaron a mis hijos, me mataron a mí también”, dijo con voz apagada una mujer afrocolombiana sentada frente a varias mujeres indígenas y a un periodista, quienes nos mirábamos abrumados e impotentes; el alma de esta mujer estaba destrozada, la guerra le arrebató a dos de sus hijos y gran parte de sus esperanza.
Le pidieron que contara su historia… ella bajo su cara, apretó sus manos, suspiró hondo e irrumpió en llanto… Luego desembarazó su dolor: “mataron a mis hijos, ellos eran mi vida; fue como si también me hubieran matado… estoy sola… allí, en mi tierra -mi hogar- ya no hay razón de estar; estoy aquí para servir en este proceso y mitigar mi dolor, un dolor… un dolor profundo que desgarra… desgarra el alma…”
Luego que mataron a sus dos hijos tuvo que salir de su territorio y sin poder, siquiera, visitar sus tumbas ha vivido de los recuerdos y de la fraternidad de una comunidad indígena -también desplazada- que le acogió, compartió con ella su angustia, y juntos han tratado de superar las secuelas amargas que sembró la violencia en sus corazones, así como en el de millones de colombianos…
Esta mujer es una de las miles de víctimas que deja el conflicto colombiano, casi que a diario; desplazada del municipio de Tumaco, región donde el accionar paramilitar sembró el terror por años -los paramilitares aún siembran pánico e intimidan a la gente-. Ahora ella se sumó a la Guardia Indígena del Pueblo Awá, vive en el resguardo indígena El Gran Sábalo y, con centenares de indígenas Awá, confinados en su propia tierra, esperan soluciones efectivas del gobierno para el retorno…
La expresión de mujeres como ella, marcadas hondamente por la guerra, como miles de personas en Colombia, evidencia el recrudecimiento del conflicto, no obstante no justifica la inversión económica desproporcionada para la militarización; justifica sí, que haya una atención humanitaria con enfoques preventivos, enfoques de protección y de solución a tan cruda realidad y que el gobierno y los medios masivos de comunicación han querido negar.
Un record de vergüenza nacional
En Colombia la situación de millones de desplazados, además de ser glacial e incierta, se ha vuelto casi invisible, con actitudes insensibles frente a este fenómeno irresoluto e inconcluso. “Nuestra historia es la historia de un desplazamiento incesante, sólo a ratos interrumpido”, plantea el escritor y periodista colombiano Alfredo Molano [2]
Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, entre 1985 y 2008 el desplazamiento forzado afectó aproximado a 4’628.882 personas que integran en promedio 925.776 familias. [3]
Las cifras del gobierno sólo muestran algo más de tres millones de personas afectadas en este mismo periodo de tiempo; algo que de todas formas debería conmover la conciencia nacional. Colombia ostenta, para vergüenza nacional, el segundo puesto en el mundo en record de desplazamiento forzado después de Sudan.
Para los pueblos indígenas no ha sido menor la odisea. A diario miles de familias tienen que vérselas con la presencia de actores armados en sus territorios. El Sistema de Información de Derechos Humanos y Desplazamiento de la ONIC corrobora esta situación: en el albor del nuevo milenio (8 años) más de 70.000 indígenas han sido desplazados; muchos, aún, no regresan a sus comunidades por temor a confrontaciones militares, amenazas e intimidaciones por parte de uno u otro actor del conflicto. [4]
Sólo en lo corrido del año la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha reportado varios desplazamientos masivos: más de tres mil embera en el departamento del Chocó, en Nariño y Vaupés. A lo cual se suma la situación de Timbiquí (Cauca) donde permanecen confinados más de 1.400 miembros del Pueblo Eperara Siapidara, según la Asociación de Cabildos Indígenas Eperara Siapidara del Cauca, ACIESCA. Y el confinamiento que padecen por lo menos unos 17 mil desplazados en el departamento del Guaviare, según datos de las comunidades y de la Defensoría del Pueblo; de entre ellos por lo menos unos dos mil pertenecen a comunidades indígenas: Nukak, Jiw, y cubeos entre otros. Para comienzos de año, la Unidad Indígena del Pueblo Awá, UNIPA, recibió en su sede administrativa a más 400 miembros de sus comunidades, que huyeron de su territorio tras la masacre de 11 de sus hermanos, asesinados por la guerrilla de las FARC a comienzos de febrero pasado en Barbacoas, Nariño. Hoy en una comunidad cercana a Tumaco, La Guayacana, se encuentran desplazados unas 300 personas a causa de una reciente masacre donde fueron asesinados 12 indígenas entre ellos siete niños.
Los anteriores son apenas algunos de los casos más relevantes; a diario más de 880 personas se desplazan a causa del conflicto armado, según el informe de CODHES.
En muchos casos de desplazamiento el gobierno impone una serie de requisitos para “ser” desplazado, pareciera que no bastará el drama de tener que perderlo todo, sino que ahora hay que cumplir requisitos para acceder al desafortunado título de desplazado… Pero “sí, esto no ha dolido a los representantes del Estado, ¡entonces hasta cuándo! A gritos se escucha que los actores armados continúan en nuestros territorios; continúan las masacres y los desplazamientos… Los pueblos indígenas nos debatimos entre la vida y la muerte…”, expresó Lorenzo Muelas, autoridad indígena del Pueblo Guambiano, para referirse al histórico conflicto que han franqueado los 102 pueblos indígenas para poder pervivir como pueblos y culturas y, para resistir al exterminio que les asecha.
Estas penosas y adversas circunstancias en que viven muchas comunidades indígenas hicieron que, por lo menos una institución del Estado -la Corte Constitucional-, volviera su mirada hacia ellas.
Lo hizo mediante una orden judicial, el Auto 004 de enero 26 de 2009, en el cual ordena al gobierno central tomar medidas urgentes y efectivas para proteger a 34 pueblos indígenas que se encuentran en “peligro de ser exterminados cultural o físicamente por el conflicto armado interno y, han sido víctimas de gravísimas violaciones de sus derechos fundamentales individuales y colectivos y, del Derecho Internacional Humanitario, DIH”.
2. La des-territorialidad
“Me afectaron en el alma los asesinatos de los indígenas caídos por exigir el respeto a su tierra y a sus tradiciones… de quienes denunciábamos los efectos mortales de la fumigación de los cultivos ilícitos; de los abogados que se apersonaban de la causa de los derechos humanos y, de periodistas que investigábamos desapariciones forzadas, secuestros y masacres…”, A. Molano. [5]
No es sólo el desplazamiento lo que embarga a las personas desterradas de su tierra y su entorno: “la decisión del éxodo implica el abandono del hogar, la tierra, la comunidad y los bienes materiales y, la incertidumbre sobre los resultados de la jornada hacia el campo de refugio, hacia la cabecera municipal o a la ciudad”, explica Pilar Riaño Alcalá, antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia [6]
Desde la perspectiva del dolor y del terror que implica el desplazamiento, algunos autores plantean más allá del desplazamiento forzado, “procesos de des-territorialización o exilio” que más de ser categorías teóricas, son realidades que dislocan el tejido social y cultural de numerosas familias, comunidades y pueblos en Colombia.
Para las personas que abandonan su tierra es un drama de muchos matices, por un lado el desarraigo de lo que les es más querido; la incertidumbre del regreso; las despedidas y los recuerdos; el karma, en muchos casos, de haber visto morir a sus seres queridos -a veces sin poder enterrar sus cuerpos-; las amenazas y sobre todo el terror sicológico que implica dejar su tierra y sus formas tradicionales de vida.
En muchos casos el miedo se confunde con el dolor y la nostalgia; “yo casi nunca había sentido frío y esa vez lo sentí porque llegó acompañado del miedo. Miedo a que alguien llegara y miedo a que no llegara nadie. Miedo a la noche y al tigre. Miedo a los muertos que habían matado, miedo a que hubieran caído mis papás y mis hermanos… El miedo siempre escoge con qué cara lo quiere a uno mirar. Lo peor es cuando lo mira con varias caras y uno no se puede esconder de ninguna…”, relato de un niño que logró escapar de una masacre del paramilitarismo, dejando atrás su hogar y en él a su familia asesinada [7].
Los eventos que precipitan “el desplazamiento forzado o el exilio -asegura Riaño- crean una disyunción entre lo que, para estas personas constituye su modo familiar de relacionarse con el entorno y la realidad presente cuyas circunstancias socio-políticas dislocan, desarticulan, sus modos habituales de estar en el mundo y les fuerzan a verlo de manera diferente”.
Riaño concluye que las historias que cuentan los desplazados-refugiados colombianos sobre los momentos de terror y huida, y sobre su llegada a centros urbanos dan cuenta de ese dislocamiento y reubicación del ver; la visión que se tiene del mundo y de la vida puede implicar modificaciones dado el momento de vulnerabilidad, ésta pasa a ser una alteración forzada que resulta dolorosa y nociva.
Desplazamiento o Des-territorialización
El desplazamiento forzado ha estado presente en la historia nacional, desde las guerras civiles del siglo XIX. En la época denominada La Violencia 1946-1956, muchas personas tuvieron que dejar sus territorios; con el auge de las guerrillas y la horrible noche del paramilitarismo -“que, aún no ha cesado”- se generaron centenares de éxodos masivos.
Recientemente la creciente ofensiva militar y el despojo territorial a causa del narcotráfico e intereses de empresas multinacionales se han convertido en causantes directos de este fenómeno de des-territorialización, siendo los más afectados campesinos, indígenas y comunidades afrocolombianas.
Ulrich Oslender, investigador de la Universidad de Glasgow, explica cómo las víctimas de este proceso violento se denominan desplazados, pues son “cruelmente sacados de su entorno rural y trasladados a un espacio urbano desconocido y frecuentemente hostil” [8]. “Me pregunto -continúa-, sin embargo, si no estamos dejando de lado algo muy importante con el empleo de esta categoría. ¿Hasta qué punto hablar de desplazamiento forzado expresa adecuadamente la experiencia de los pobladores que han vivido en un contexto de amenazas, masacres y terror en sus tierras mucho antes que se volvieran desplazados?”
Ulrich plantea que los discursos en torno al desplazamiento, sobre todo los oficiales, que están orientados hacia políticas