Luego de aprobarse en el Congreso de la República la “suspensión” de los decretos legislativos 1064 y 1090, el Congresista aprista Jorge del Castillo Gálvez, acusó ayer a las organizaciones indígenas, específicamente a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, y la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, de “antimodernos, cobardes y violentistas”, de llamar a la rebelión e incluso a la masacre de policías. Y dijo que derogar los decretos legislativos del TLC con Estados Unidos sería “entregarle un triunfo a la violencia, el asesinato y la subversión”.

Estas declaraciones provocadoras se unen a la campaña que los medios de comunicación alineados con el gobierno, que atribuyen a la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala supuestos acuerdos de realizar acciones violentas en relación a la movilización de los pueblos indígenas de la amazonía peruana, con lo cual pretenden argumentar a favor de las acusaciones de injerencia internacional detrás de esas movilizaciones y eludir la responsabilidad de los poderes Ejecutivo y Legislativo en los hechos sangrientos de Bagua.

El peligro de las declaraciones del congresista Del Castillo es que constituyen una amenaza contra los dirigentes de las organizaciones indígenas. Recordemos que el propio Presidente Alan García tildó de “delincuente” al presidente de AIDESEP horas antes de que se expidiera la orden de detención contra él. Y que el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, denunció presiones del Ejecutivo al Ministerio Público para que emitiera esa orden.

Nuevamente se pone de manifiesto la actitud matonezca propia del APRA y que treinta años en el Parlamento no le han servido a Del Castillo para aprender a disimularla. Los Pueblos Indígenas estamos en la tarea de avanzar para responder a estos políticos criollos y racistas que rematan al Perú a las empresas transnacionales. Y que acusan, persiguen y presionan para detener a dirigentes indígenas y sociales sin prueba alguna.

La comunidad internacional y los organismos de Naciones Unidas (Relator Especial para Pueblos Indígenas, James Anaya; Alto Comisionado de Derechos Humanos, Comité para la Erradicación de la Discriminación Racial) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tienen conocimiento de que en el Perú existen más de mil dirigentes de las comunidades originarias procesados por defender sus derechos. La criminalización del ejercicio de derechos indígenas es una política sistemática del gobierno de Alan García Pérez y ha sido llevada a extremos con la masacre de Bagua.

La opinión pública nacional e internacional, entonces, sabe perfectamente que el que incita a al asesinato y la violencia es el gobierno aprista, con su intransigente negativa a derogar los decretos legislativos que han sido declarados inconstitucionales por la Defensoría del Pueblo y la Comisión Multipartidaria del Congreso que los examinó. Así lo prueban las decenas de pronunciamientos y plantones ante las sedes diplomáticas peruanas que se multiplican en el mundo y las declaraciones de los organismos de la ONU y la CIDH, además de instituciones de derechos humanos como Amnistía Internacional.

Finalmente, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, condena las muertes producidas en Bagua, tanto de nuestros hermanos indígenas y campesinos como de los policías a los que se envió a un enfrentamiento innecesario, por la parálisis e ineficacia de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Exigimos una investigación imparcial de estos hechos, con participación de instituciones neutrales nacionales e internacionales, como la Defensoría del Pueblo, la Conferencia Episcopal Peruana y organismos de las Naciones Unidas.

Lima, 11 de junio de 2009

Miguel Palacín Quispe
Coordinador General CAOI

COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS – CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina