La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, denunció hoy que el Congreso de la República, en una nueva maniobra dilatoria, ha “suspendido” por noventa días la vigencia de los decretos legislativos 1064 y 1090, en un inútil afán de desmovilizar la movilización nacional y la presión internacional por el respeto irrestricto a los derechos de los pueblos indígenas.

“Este acuerdo impuesto por la mayoría apro-fujimorista-Unidad Nacional evidencia el reconocimiento de la inconstitucionalidad de los mencionados decretos, pero también la intransigencia de negarse a derogarlos en el afán de saquear y privatizar los territorios indígenas, así como el de pretender justificar la masacre de Bagua”, señaló Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la CAOI, organización integrante del Frente Nacional por la Vida y la Soberanía.

Anunció que, frente a ello, las organizaciones del movimiento social peruano “ratificamos el acuerdo de realizar la JORNADA NACIONAL DE PROTESTA de mañana, jueves 11 de junio. Y llamamos a las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y los organismos internacionales de derechos humanos, a pronunciarse enérgicamente en demanda del respeto a los derechos de los pueblos indígenas”.

La Jornada Nacional de Protesta de mañana continuará en todo el país con acciones escalonadas de lucha de los diversos sectores hasta el Paro Nacional desde el 7 de julio.

La CAOI llamó también a las organizaciones sociales de todos los rincones del planeta que han expresado su solidaridad con nuestra lucha a través de pronunciamientos, marchas y plantones ante las sedes diplomáticas peruanas, a mantener esta presión internacional y realizar acciones masivas desde el 7 de julio, hasta que el gobierno aprista de Alan García Pérez y sus cómplices en el Parlamento Nacional emitan leyes que garanticen los derechos indígenas, en particular, que los territorios de los pueblos originarios dejen de ser considerados como una “propiedad de segunda clase”; y que cese la criminalización de la protesta social.

Exigimos, por tanto:

1. Derogatoria de los decretos legislativos emitidos para implementar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
2. Derogatoria de los once decretos legislativos de la criminalización de la protesta social.
3. Carácter de Ley Nacional a la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.
4. Amnistía para los más de mil dirigentes procesados por defender sus derechos.

Lima, 10 de junio del 2009.

Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas - CAOI
Miembro del Frente Nacional por la Vida y la Soberanía