AIDESEP, 09 de junio de 2009. El señor Alberto Pizango Chota no es un rebelde ni un conspirador y es víctima de una persecución política sistemática de parte del gobierno aprista, afirmó esta tarde –en conferencia de prensa- Marco Barreto, abogado defensor del presidente de la AIDESEP, quien se encuentra actualmente asilado en la embajada de Nicaragua en el Perú.
 
Barreto recordó que el 29 de mayo pasado, una semana antes de los lamentables sucesos, hubo una reunión en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros entre el equipo legal de la Aidesep y Asesoría Legal del primer ministro Yehude Simon en la que acordaron sacar un pronunciamiento conjunto.
 
Ese día se reunieron el responsable de Asuntos Indígenas de la PCM, Ronald Ibarra, y el procurador de la PCM Raúl Castro Belapatiño, además de Alberto Pizango y la junta directiva en pleno de Aidesep. El texto convenido fue preparado y entregado tres días después por Aidesep a la PCM sin que haya sido respondido a la fecha. “Asumo que (el premier) no conoce lo que hizo el Área Legal de la PCM”, afirmóBarreto.
 
Instructiva de Pizango
 
En conferencia de prensa, el abogado defensor recordó  que el 2 de junio, Pizango se presentó voluntariamente ante la 44 Fiscalía que despacha la doctora Silvia Sack Ramos y ante quien declaró: “Nosotros, los pueblos indígenas somos respetuosos de la democracia y respetuosos de los derechos fundamentales de la persona como lo estipula nuestra Constitución (…). Los pueblos (indígenas) no hacen violencia no vamos a caer en la violencia, somos respetuosos en eso y respetamos a las autoridades del Estado”.
 
Barreto consideró además que el pedido de detención de Pizango “es trillado” y “sui géneris” en el Perú porque no proviene del Ministerio Público sino de Seguridad del Estado. Sostuvo que la Policía de Seguridad del Estado realizó una investigación alterna a la que realizaba la 44 Fiscalía, la cual no se tenía conocimiento hasta hoy martes.
 
El abogado defensor de Pizango observó que la fiscal modificó su posición en su resolución inicial al disponer la visualización de videos “con intervención de las partes”, pero que el mismo 5 de junio saca una nueva resolución decidiendo que esta diligencia  se haga a puerta cerrada y sin la presencia de las partes.
 
Según se supo, el pedido de Seguridad del Estado fue la detención de Pizango y el allanamiento de la sede institucional de Aidesep, pero que horas más tarde la representante del Ministerio Público desistió de la pretensión de descerraje de la Policía.
 
Presiones al PJ
 
Barreto saludó más bien la posición del presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, ante las presiones políticas de algunos ministros a la magistrado encargada del caso.
 
Barreto cuestionó la actitud de la ministra de Justicia, Rosario Fernández; y de la titular del Interior Mercedes Cabanillas, quienes responsabilizaron a Pizango por los hechos en Bagua. “La señora ministra de Justicia está mal asesorada y la ministra del Interior debe tener paciencia”, indicó.
 
Resaltó que la fiscal Sack decidió ayer la desacumulación porque entiende que no es competente para pronunciarse sobre los delitos de rebelión, sedición y conspiración, por lo que pasó el caso a una Fiscalía de Bagua.
 
“Es la segunda funcionaria pública, después de la ministra Carmen Vildoso que mantiene una posición decorosa al respecto”, destacó.
 
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