La Muriel Mining Corporation, atropella y desconoce las autoridades indígenas en la Mina Cerro Cara de Perro (Atrato antioqueño y chocoano)

· Con la anuencia del Estado y gobierno colombiano, ya están construyendo campamento con pista de aterrizaje.

· Una bebe indígena murió en la zona, mientras talan bosques vírgenes.

· Más de 700 indígenas están sembrados en la comunidad de Coredocito, desde hace 15 días.

Desde hace años las autoridades indígenas de la ONIC, Aso-OREWA y la OIA, en compañía de organizaciones afros, campesinas y ONGs, venimos denunciando las múltiples irregularidades que acompañan la presencia de la multinacional Muriel Mining Corporation en el cerro Cara de Perro, municipio Carmen del Darien y Murindó, Atrato antioqueño y chocoano de Colombia.

Denuncias, sobre todo por la presencia inconsulta de la empresa en la zona desde finales del 2004; los Pueblos Indígenas y las comunidades afro colombianas le hemos dicho que no es procedente la explotación, porque atenta contra nuestros territorios, la preservación de los ecosistemas y la vida de las comunidades, sin embargo ésta ha hecho caso omiso a las autoridades indígenas, al desarrollar sus operaciones en la zona con la anuencia del Estado y el gobierno colombiano.

En este orden, en el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos, el año pasado la Mueriel Mining Corporation fue una de las empresas multinacionales juzgada y condenada por los procesos viciados de la consulta previa, atropello a los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas y comunidades afro colombianas.

Dentro del megaproyecto minero Mandé Norte, Ingeominas y la Gobernación de Antioquia, otorgaron a la multinacional minera Muriel Mining Corporation NUEVE permisos para la exploración, explotación y comercialización de las reservas de cobre, oro y molibdeno que se encuentran en los municipios de Carmen del Darien (Chocó) y Murindó (Antioquia), cuyas zonas afectadas corresponden a territorios colectivos de comunidades negras y territorios tradicionales del pueblo Indígena Embera.

El Carmen del Darien ha sido una zona golpeada por la violencia desde el inicio de la llamada operación Génesis en 1997 por parte del ejército colombiano, apoyado por los grupos paramilitares, generando desplazamientos continuos en comunidades indígenas y afro-colombianas, de la mano con el permisivo abandono estatal; solo recordemos el caso de la comunidad indígena de Mamey Dipurdó, que desde diciembre del 2005 fue violentada por un contingente de dos mil paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas.

Violando los tratados y leyes que nos protegen así como nuestra autonomía y gobierno propio, la empresa de la mano del Ministerio del Medio Ambiente y Vivienda (¿de cuál medio ambiente?) ha tejido artimañas para desarrollar un proyecto de explotación aurífera por más de 30 años. Estas artimañas van desde señalarnos como insurgentes, compra de líderes y procesos ficticios de consulta previa.

Mientras esto sucedía, la paciencia del indio se fue rebasando, la cual estalló ante las acciones militares, que en aras de proteger los intereses de la empresa y no la de los colombianos y en particular de nuestras comunidades, invadieron con sus tropas al estilo Israel allanando el territorio para que la empresa iniciara las exploraciones desde el pasado 3 de enero.

Ante esta provocación, las autoridades indígenas reiteraron la posición de no permitir la exploración ni muchos menos la explotación La respuesta de la política de la Seguridad Democrática ha sido la utilización de los territorios como helipuertos e invasión con carros pesados y personal de fuera de la región, entre otros; ante lo cual los pueblos indígenas con dignidad ejercen vehementemente su autonomía y su gobierno propio.

Con la fuerza de la Madre Tierra y nuestros espíritus, desde mediado de enero más de 700 indígenas realizamos un ejercicio de reconocimiento y control territorial en la comunidad de Coredocito, sitio donde se está construyendo un campamento que queda a una distancia de 3 horas de la comunidad.

También verificamos la construcción de un campamento bien equipado en donde están los obreros de la empresa y militares, al parecer empezaron con la exploración, rumbo a la explotación ya que el lugar cuenta con una pista de aterrizaje bien construida. A esto se suma el desastre ecológico palpable por la tala indiscriminada de bosque, desconociendo así lugares sagrados y de reserva para las futuras generaciones de los colombianos, sobre todo porque son lugares de refugio de los espíritus ancestrales, lugar donde nuestros antepasados han dejado guardada esa gran riqueza como un legado para nuestros hijos.

Con dolor de tierra constamos la muerte de un bebé indígena y muchos otros menores afectados por hambre y enfermedades derivadas de las actividades propias de dicha exploración sin que ninguna autoridad oficial esté salvaguardando la vida de los nuestros y respetando nuestros derechos humanos y de pueblos.

Por todo lo anterior, la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, ONIC, denunciamos jurídicamente a la multinacional, mientras instamos a la Defensoría del Pueblo a tomar cartas en el asunto y en cumplimiento con su misión hacer efectiva una intervención en el lugar de los hechos en defensa de nuestros derechos.

Igualmente exigimos que la dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Room, verifique y se pronuncie sobre las irregularidades que viene cometiendo la multinacional frente al proceso de consulta previa, libre y bien informada, a fin que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto para proteger nuestros territorios, vida e integridad física, cultural y espiritual como pueblos con autonomía y gobierno propio.

Exigimos también el cese inmediato de las operaciones militares en la zona. Así como el retiro inmediato de la Muriel Mining Corporation de los territorios ancestrales.

Por todo lo anterior, responsabilizamos al Estado Colombiano en cabeza del señor presidente, de todas las acciones y atropellos que esta multinacional y los grupos armados puedan cometer contra las comunidades y autoridades indígenas de la zona, máxime cuando es deber y competencia del gobierno y el Estado salvaguardar nuestros derechos.

De igual forma, hacemos una vez más el llamado a la comunidad nacional e internacional, a las organizaciones defensoras de los derechos humanos y de los pueblos, a las organizaciones solidarias, que se pronuncien y desarrollen campañas de denuncia en las ciudades y países para develar las atrocidades que esta multinacional está cometiendo en nuestros territorios ancestrales.

El oro no lo necesitamos para vivir, el maíz y el patachuma (plátano) Sí, por tanto: ¡Tomemos chicha, sembremos maíz, FUERA MULTINACIONALES DEL PAÍS! ¡Fuera la Muriel Mining Corporartion de los territorios indígenas y afrocolombianos!

"2009, EL AÑO DEL DESAFIO, PARA CONSOLIDAR EL GOBIERNO PROPIO DE LOS PUEBLOS, SEGUIMOS EN MINGA…"

AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDÍGENA – ONIC