Como estaba pronosticado, no se llegó a ningún acuerdo con el gobierno nacional

A las 6:30 de la noche del domingo 2 de noviembre se terminó la tercera fase de la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular, luego de seis horas de debate. La primera, las acciones en cada región; la segunda, la marcha por la dignidad; y la tercera, el debate entre autoridades.

Pese a que el presidente Álvaro Uribe se comprometió a seguir el debate en otro tiempo para seguir concertando las acciones, ante lo cual los pueblos indígenas, con el escepticismo que ello conlleva, se encuentran debatiendo tanto en el nivel local, regional y nacional los pasos a seguir.

No hubo respuestas concretas a los cinco puntos de la agenda nacional, el presidente de la República se dedicó a rendir un informe de las bondades de su gobierno, a prometer otro debate y otras mesas de concertación, como si las múltiples que se han hecho hayan servido para algo.

Se le olvida al presidente que las mesas tanto de Derechos Humanos y Territorio desde al año pasado se levantaron por parte de los Pueblos Indígenas, precisamente porque no hubo respuesta efectiva. La de Derechos Humanos se levantó porque el gobierno en su momento, como ahora, no respondió por qué no firmaba ni muchos menos adoptaba la Declaración de la ONU sobre los Pueblos Indígenas; y la de Territorio ni se instaló en la sede del Ministerio de Agricultura, debido a que los Pueblos Indígenas intuían que la presentación del decreto del Estatuto de Desarrollo Rural y los alcances del TLC con Estados Unidos serían presentados por parte del gobierno a la comunidad nacional e internacional, como consulta a los Pueblos Indígenas. En ambas, hace más de un año, le dijeron los Pueblos Indígenas "no nos prestamos para sus propósitos"; y hoy ha sido ratificado con el respaldo presente de miles de indígenas y otros sectores.

Nuestras luchas y reivindicaciones siempre han estado ajustadas al derecho y la legalidad vigente. Nunca hemos reclamado, quitado o recuperado nada que no nos pertenezca. Nuestras luchas siempre han sido orientadas a defender y hacer respetar lo propio que hemos heredado de nuestros ancestros los pueblos originarios. Estos ideales y derechos han sido reconocidos en su oportunidad por las naciones del mundo mediante instrumentos internacionales para nuestra protección y pervivencia; asimismo y tras esfuerzos centenarios y la pérdida de nuestros mejores hermanos por el Estado colombiano.

Hoy luchamos por nuestros derechos que incluyen la construcción de un Estado pluriétnico y multicultural, incluyente y tolerante, igualitario y respetuoso de los derechos humanos. Luchamos para que se respete nuestro derecho a participar con garantías ciertas en la vida económica, política, social y cultural de nuestra nación, desde las particularidades y derechos colectivos que nos asisten. Luchamos y trabajamos por una solución política al conflicto armado, social y político que vive nuestro país; afirmando el concepto de Paz con Justicia Social como condición para la reconciliación nacional y para superar las causas estructurales del conflicto.

Luchamos por construir un modelo de desarrollo para la nación que no se base en la entrega a las compañías trasnacionales de nuestros recursos naturales de biodiversidad y genéticos. Luchamos por la seguridad alimentaria, el bienestar, la protección social y las garantías de futuro para todos los colombianos.

Pero mientras los pueblos indígenas nos comprometemos con el futuro, la vida y la paz, existen sectores y núcleos de poder de la sociedad colombiana que se empecinan en tratarnos como animales dañinos que se deben eliminar, al igual que los conquistadores españoles, el General Uribe Uribe, los colonos del llano que salían a cazar indígenas en las tristemente celebres guahibiadas de mitad del siglo pasado o evangelizadores que prefieren vernos muertos a dejarnos disfrutar de nuestras culturas, usos y costumbres.
Ahora que nuestras luchas de resistencia social y pacifica están encaminadas en mayor grado a defender nuestros territorios, la madre tierra que nos da vida e identidad, somos considerados como un obstáculo al desarrollo económico del país. Por defender nuestros territorios somos tratados como objetivo militar, confinados, exterminados, condenados a morir de inanición, obligados al desplazamiento forzado y a refugiarnos en países. Se criminalizan nuestras reivindicaciones y organizaciones y se nos condena a desaparecer.

La lógica que nos señalaba como animales dañinos es la misma que hoy nos considera un obstáculo al desarrollo y ambas tienen en común que necesitan estigmatizarnos, negarnos y discriminarnos para que quienes las pregonan puedan apropiarse o realizar negocios con nuestros territorios y sus recursos.

Ese es nuestro conflicto, de ahí se deriva el genocidio que enfrentamos y la tragedia humanitaria que nos corresponde sobrellevar. Sin embargo, para el Gobierno Nacional, y así lo pregona ante la comunidad internacional, los pueblos indígenas disfrutamos a plenitud de nuestros derechos y tenemos garantizado y protegido nuestro futuro. Por lo mismo califica nuestra protesta y movilización social como actos de terrorismo que buscan desestabilizar el Estado.

Nosotros consideramos que el Estado colombiano y el Gobierno Nacional no protegen ni garantizan nuestros derechos y se erigen como nuestros victimarios o cómplices de terceros.

ComunicaONIC 062. 7:00 p.m. / 02-11-08

ORGANIZACIÓN NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA, ONIC

¡Nos debemos al mandato de nuestros pueblos!