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El Gobierno Colombiano menciona la existencia de la agenda de movilización de los pueblos. En este texto, avanzamos con un análisis serio de lo que esta implica y propone y lo sometemos a la consideración de la opinión pública.

 En la edición matinal del Noticiero de Caracol Televisión, el Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias finalmente reconoce a nombre del Gobierno Nacional, los cinco temas de la agenda de la Minga de los Pueblos. Aunque la presenta de manera displicente y distorsionada, este es un avance significativo frente a la actitud y declaraciones de los últimos días. Respondemos a este hecho avanzando con unas explicaciones y claridades para que la opinión pública comprenda lo que estamos proponiendo. En estas líneas hacemos una lectura exclusivamente desde los pueblos indígenas, para ilustrar el análisis de la temática, entendiendo que aplican con especificidades a otros asuntos, pueblos, sectores y procesos.

1.    Es claro que nuestra lucha, en el aspecto reivindicativo, incluye el tema de tierras que es trascendental para los pueblos indígenas. Pero lo reiteramos para que quede claro, no exigimos que se cumplan convenios y se resuelvan necesidades y derechos solamente en el tema tierras; el tema tierras no es un problema exclusivo de los pueblos indígenas ni se trata de una exigencia solamente para el Cauca. Sobre este tema seguiremos profundizando nuestras propuestas desde la abundante experiencia, evidencia y documentación que existe de modo que superemos los planteamientos superficiales que viene haciendo el Gobierno desde el propio Presidente. En esencia se trata de que el Gobierno cumpla con compromisos adquiridos que debe conocer la opinión pública. Dado que ya existen acuerdos y convenios, no buscamos negociar nada nuevo por el momento, sino que se de cumplimiento a lo convenido.

2.    Frente al tema de los Tratados de Libre Comercio. En primer lugar reiteramos con toda claridad que sí es un tema trascendental de nuestra agenda de movilización y que debe ser abordado. Le recordamos al Gobierno Nacional que el TLC con los Estados Unidos ya cumplió su trámite en Colombia y ha sido aprobado por el Congreso de Colombia. Aunque tenemos reparos serios frente a todo el proceso de negociación, al carácter inconsulto del mismo y al trámite de aprobación, en este momento el TLC está en manos del Congreso de los Estados Unidos. Reconociendo esta realidad, proponemos mecanismos de interlocución frente al Congreso de los Estados Unidos. No tiene ninguna utilidad debatir el tema con el Gobierno de Colombia. Los motivos para rechazar este tratado y otros similares han sido planteados ampliamente y los reiteramos. Recordamos además que realizamos consultas populares transparentes, internacionalmente verificadas y democráticas en las que el 98% de los votantes dieron un rotundo NO al TLC.

3.    El tema que hemos denominado “Legislación de Despojo” es ejemplificado por el Estatuto Rural o Ley 1152 de 2007. Tomamos como precedente la Sentencia C-030 de 2008 de la Honorable Corte Constitucional que declaró inexequible la Ley Forestal1 . En ese sentido exigimos que el Estatuto Rural, el código de Minas, los Planes de Aguas y todas las leyes que han debido ser sometidas a consulta previa según lo ordena el Acuerdo 169 de la OIT, Ley 21 de 19912 . Frente a esta demanda, exigimos que se deroguen de inmediato estas leyes (empezando por el Estatuto Rural) y se sometan proyectos de Ley al Congreso, que las sustituyan y que contemplen claramente los resultados y contenidos de un proceso apropiado y democrático de consulta previa.

4.    En cuanto al tema de “Seguridad Democrática”, terror y guerra, repudiamos el repetitivo asesinato de indígenas, en promedio más de 100 por año durante los 6 años de presidencia del doctor Álvaro Uribe Vélez, 17 crímenes de los cuales han sido cometidos entre el 17 de septiembre de 2008 y el día de hoy, ocho (de ellos por la fuerza pública, uno (1) por la guerrilla, cuatro (4) por los paramilitares y dos (2) por autores aun no conocidos. La ONIC ha estado elaborando reportes sobre violaciones de derechos humanos de manera seria y sistemática, sin que se haya logrado un compromiso serio y eficaz por parte del Gobierno Nacional para que se detenga la guerra sucia y el terror contra los indígenas, se investiguen los hechos y no queden en la más absoluta impunidad y se establezcan garantías para la vida y seguridad de personas y colectivos en coordinación con los pueblos y autoridades indígenas. El record del Gobierno Nacional frente a los pueblos indígenas es vergonzoso. El diagnóstico y las recomendaciones hechas por el Relator Especial para los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, sigue siendo válido. Hay evidencia de un franco deterioro que apunta hacia el etnocidio y genocidio e inclusive la extinción de varios pueblos. A esto se suma el tratamiento criminal y de guerra que se le dio a la presente movilización, lo que amerita una investigación y documentación que conduzca a procesos de verdad, justicia y reparación integral a la vez que a la protección real de los pueblos indígenas en tanto pueblos y culturas y sujetos de derechos. En este momento, como consecuencia de los señalamientos fabricados y falsos que nos ha hecho el Gobierno y la fuerza pública como terroristas y manipulados por las FARC, nos ha involucrado directamente en el conflicto armado y en razón de esto, ha provocado un riesgo inminente de ataques contra la integridad, bienestar y seguridad individual y colectiva de todos los que hemos tomado parte en la Minga de los Pueblos. Responsabilizamos al Gobierno Nacional de haber creado esta situación de riesgo y de inminente amenaza contra nuestros pueblos. El propio Estado que debe protegernos, nos amenaza. En consecuencia, se hace necesaria la intervención y presencia inmediata de una comisión internacional que pueda asumir funciones concretas para que se de respuesta real a esta gravísima situación. Comisión para la que solicitamos la presencia y coordinación de James Anaya, Relator Especial para los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

Durante la presente movilización, al igual que durante todo su mandato, el Presidente Uribe y su Gobierno, han asumido una actitud particularmente preocupante frente a los pueblos indígenas, insistiendo en negarnos los derechos específicos que debe reconocernos y garantizarnos por mandato constitucional y legal. Insiste en presentar estos derechos como privilegios inmerecidos o abusos, en el propósito de generar resentimiento y promover conflicto con otros sectores sociales. Llamamos la atención sobre esta actitud y políticas peligrosas y amenazantes, que van generando discriminación y promoviendo prejuicios.

El Presidente y el Ministro de Agricultura manipulan cifras e interpretan diversos hechos de manera distorsionada para que otros sectores y la ciudadanía en general perciban que recibimos privilegios inmerecidos o que, peor aún, somos culpables de sus problemas y dificultades. Esto es falso y no tiene sustento en la realidad. La pobreza y la injusticia social nos afectan y son responsabilidad de las políticas de Estado de las que somos víctimas.

Afirmamos nuestro compromiso con el bienestar de todos los pueblos, con la equidad y la justicia social y lo hacemos como pueblos ancestrales y originarios. En consecuencia, exigimos que el Gobierno cese en su empeño de confundir la garantía de derechos colectivos, justicia social y equidad, obligaciones permanentes postergadas y negadas desde el Estado, con el derecho a la diferencia y el respeto por la diversidad.

Como pueblos indígenas, exigimos que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas sea ratificada por el Estado Colombiano como Ley de la República. De la misma manera, respaldamos los derechos específicos de los demás pueblos y sectores sociales, siempre dentro un marco de justicia social y equidad. Lo que es aberrante y debe desaparecer es la concentración de tierras y riquezas y la legislación que garantiza beneficios y privilegios a gamonales, terratenientes, estratos altos y transnacionales a costa de la pobreza y explotación de la mayoría.

Una vez que nuestra agenda sea reconocida, comienza un proceso ya postergado de manera excesiva e innecesaria para abordarla y resolverla de manera integral y seria. Ello impone transformaciones profundas, no solo frente a los pueblos indígenas, sino para todos los sectores y todo el país. Se requiere asumir esta realidad de la manera más seria y madura posible. Seguir postergando estas transformaciones es irresponsable y está sumiendo al país en una sin salida que hasta ahora beneficia algunos intereses particulares, pero que resulta insostenible en el corto plazo, aún para quienes han acumulado beneficios. Transformar la institucionalidad Colombiana para beneficio de toda la sociedad, es necesario, posible e inevitable.

El manejo irresponsable que le da el Gobierno y los medios comerciales de comunicación a estos temas, requiere de la movilización consciente de amplios sectores y de la consolidación y desarrollo práctico de una agenda nacional en Minga para avanzar hacia el país posible y necesario. Esta Minga se propone establecer un camino sólido desde los pueblos para construir y poner en marcha una agenda de unidad, desde la diversidad y el respeto, a partir de sentir y compartir el dolor para que se haga camino de vida y libertad.

Notas

1. Dice la sentencia literalmente: “Para que se hubiese cumplido con el requisito de la consulta habría sido necesario, poner en conocimiento de las comunidades, por intermedio de instancias suficientemente representativas, el proyecto de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronunciaran sobre el mismo. Ese proceso no se cumplió, razón por la cual la Corte concluye que, dado que la ley versa sobre una materia que se relaciona profundamente con la cosmovisión de esas comunidades y su relación con la tierra, y que, por acción o por omisión, es susceptible de afectarlas de manera directa y específica, no hay alternativa distinta a la de declarar la inexequibilidad de la ley.

2. Por todo lo anterior, la Corte declarará la inexequibilidad de la Ley 1021 de 2006 “Por la cual se expide la Ley General Forestal”.

Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca-ACIN
ACIN – Cxab Wala Kiwe
Santander de Quilichao, Octubre 20 de 2008.

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