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"Empezamos con los hidrocarburos; mañana será la minería, los recursos forestales, estamos preparados para recuperar la tierra para todos los bolivianos".
Presidente Evo Morales, La Paz - 03/05/2006

Los pueblos y organizaciones indígenas de la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena - ONIC, alentamos y apoyamos de manera incondicional al pueblo boliviano y al Gobierno Constitucional del presidente y hermano Evo Morales, en sus luchas por la construcción de un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, autónomo, descentralizado, democrático, libre, independiente, soberano e intercultural. Fundado en la pluralidad y en el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico. Que reconoce la preexistencia a la colonia de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, su libre determinación y autogobierno, en concordancia con el convenio 169 de la OIT y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, que se incorporan en el diseño del Estado.

Nos solidarizamos y aplaudimos la política humanitaria y de justicia e inclusión social del gobierno del presidente Evo Morales para desmontar el latifundio, abolir las practicas serviles y tramitar una tierra comunitaria de origen (TCO) a favor de los indígenas y los campesinos de su país.

Nos unimos a la defensa de las conquistas democráticas del pueblo boliviano, a la protección de sus derechos humanos, en torno a sus luchas por defender la vida, la igualdad y la diversidad; así como también frente a la causa indígena, pluriétnica y popular de sus ciudadanos y al proyecto político del gobierno del presidente y hermano Aymara, Evo Morales.

Rechazamos toda iniciativa para socavar el Estado de Derecho y deslegitimar el mandato constitucional de gobierno del presidente Evo Morales, ratificado recientemente y de manera mayoritaria por el pueblo mediante referendo; así mismo cualquier intento de vulnerar la integridad territorial, desestabilizar el orden institucional o desconocer el orden jurídico del Estado boliviano.

Condenamos las prácticas paramilitares de los hacendados y terratenientes bolivianos que mediante grupos armados de choque impiden a indígenas y campesinos la realización y el restablecimiento institucional de sus derechos territoriales.

Invocamos la acción de la justicia constitucional boliviana para quienes desde el Estado o en aras de perpetuar el orden colonial, pretenden fundar estados feudalistas dentro de la República de Bolivia, dirigidos por terratenientes, empresarios de recursos naturales y banqueros, auspiciados por gobiernos extranjeros y compañías trasnacionales.

Rechazamos las practicas genocidas y criminales de aventureros fratricidas, latifundistas y hacendados que invocando amañadas autonomías asesinan y masacran a nuestros hermanos bolivianos, desatan la violenta y siembran el pillaje; proponen un golpe de estado sólo para proteger la gran propiedad privada de la tierra de los terratenientes e impedir la titulación de nuevos territorios indígenas; atacan las instalaciones gubernamentales, violan los derechos humanos, amedrentan, lesionan a sus defensores, dirigentes campesinos e indígenas; asaltan y destruyen las oficinas de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y los derechos de los pueblos indígenas.

Los pueblos indígenas de Colombia, la comunidad internacional y los estados democráticos no podemos ser indiferentes al drama que viven los sectores populares, campesinos e indígenas bolivianos, pisoteados e ignorados por siglos, pero que en el presente tienen la perspectiva de la dignidad y la inclusión en un Estado democrático y pluralista.

Frente a las políticas de gobierno para erradicar el latifundio mal habido y el clamor de indígenas y campesinos que reclaman la abolición de la esclavitud y la restitución de las tierras que en el pasado fueron robadas a sus ancestros por terratenientes y hacendados, los mismos que hoy los esclavizan, retienen y confinan en sus feudos, se configura la violencia de los autonomistas y los cívicos por perpetuar sus infamias.

El gobierno del presidente Evo Morales debe acabar con las prácticas esclavistas de los terratenientes boliviano y emancipar a la población indígena que hoy no goza de derechos laborales elementales y trabaja en una condición de servidumbre por deudas análogas a la esclavitud. Así lo confirman decenas de informes y estudios realizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la Defensoría del Pueblo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), e inclusive por el departamento de Estado de Estados Unidos; quienes señalan: “Los cautivos analfabetos, que desconocen sus derechos y no tienen forma de controlar las cuentas, pierden su libertad y son obligados a trabajar de por vida e inclusive a heredar deudas a sus hijos”.

La servidumbre indígena, debe ser condenada y desterrada del Estado boliviano, esta cruzada nos incumbe a todos los pueblos indígenas, a la comunidad internacional y los defensores de la vida y los DDHH; así mismo, exige la presencia y la gestión del sistema internacional de los D0erechos Humanos.

Invocamos la unidad y la solidaridad del pueblo Latinoamericano para salvaguardar el Estado de Derecho y el gobierno constitucional del Presidente Evo Morales. Así como para que continúen los procesos gubernamentales de titulación de tierras a campesinos e indígenas y sean abolidas de una vez por todas las prácticas serviles y esclavistas de los terratenientes bolivianos.

AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDIGENA - ONIC
Bogotá, septiembre 15 de 2008.