En demanda de la derogatoria de los decretos legislativos recientemente aprobados por el gobierno, los mismo que atentan contra los derechos de las comunidades indígenas campesinas, los pueblos quechuas y aymaras del Collasuyo iniciarán el 11 de agosto próximo una paralización indefinida.
Ese fue el principal acuerdo al que llegaron los dirigentes comunales que participaron del IV Hatun Tinkuy, realizado en la localidad de Progreso, en el distrito de Asillo, ubicado en la provincia de Azangaro en Puno, el último fin de semana.
La paralización indefinida es también en rechazo al marco legal impulsado por el gobierno aprista, que criminaliza la protesta social.
Además, los dirigentes de las comunidades quechuas y aymaras, acordaron nombrar como mártir de la defensa de los territorios y de la lucha contra los abusos de las empresas mineras, a la niña Francisca Ticona (13) quien falleció durante la paralización del pasado 8 y de julio.
De otro lado, se pronunciaron en rechazo a la entrega de concesiones mineras en terrenos comunales, sin que se consulte previamente a las comunidades; y en contra de las concesiones petroleras (lotes 154,  155 y 156) ubicadas en las orillas del lago Titicaca.
Los representantes de los pueblos quechuas y aymaras se pronunciaron en contra de la reversión de terrenos a favor del Estado, con la que se pretende despojar a las comunidades de sus territorios. Por ello, demandan la desactivación del COFOPRI.
Finalmente, declararon personas no gratas al presidente de la República, Alan García; el primer ministro, Jorge del Castillo y al ministro de Agricultura, Ismael Benavides; a quienes se les señala como los principales promotores de las normas que atentan contra los derechos de las comunidades indígenas campesinas.
Prensa CONACAMI