En un nuevo y provocador atentado contra los pueblos indígenas, el Gobierno peruano presidido por Alan García Pérez emitió el Decreto Legislativo 1064, que en la práctica consiste en la abolición de la consulta a las comunidades como requisito para el otorgamiento de concesiones mineras.

Esta norma, violatoria de la Constitución y de tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas de la ONU, forma parte de un paquete de decretos emitidos por el Gobierno, excediendo las atribuciones otorgadas por el Congreso para legislar en materia del Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos.

El Decreto Legislativo 1064 ha abolido el artículo 7º de la Ley 26505, que reconocía el derecho de las comunidades afectadas a dar su aprobación para la incursión minera en sus territorios. Las consecuencias de esta norma serán:

1. La comunidad ya no podrá negociar con las empresas sobre el valor que ella le otorgue a su propiedad, debiendo acatar lo que el Estado le imponga vía tasación como indemnización por la imposición de la servidumbre minera.

2. Se resta todo poder de negociación a los propietarios de predios rurales en sus relaciones con las empresas.

3. Las empresas ya no necesitan contar con el requisito del acuerdo previo para iniciar actividades mineras. Estas podrán obtener una licencia ambiental de parte del Ministerio de Energía y Minas sin contar con el premiso de los propietarios, pues sólo tendrán que solicitar que se imponga la servidumbre respectiva.

4. Al no ser el acuerdo previo un requisito para realizar actividades mineras, su cumplimiento dejará de ser materia de fiscalización por parte del OSINERGMIN. Esto traerá como consecuencia la indefensión de las comunidades donde se llevarán a cabo las actividades mineras.

5. Esta situación generará mayor tensión en las comunidades y propietarios rurales, dado que su percepción sobre la norma y la actuación del Estado es que éstos beneficias solamente a las empresas mineras en perjuicio de su derecho de propiedad, con lo que se incrementará la oposición de la población a los proyectos mineros.

El paquete legislativo emitido por el Gobierno comprende otras normas destinadas a la destrucción de las comunidades, como el D. Leg. 1015 y la llamada "Ley de la Selva", que también atentan contra los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Y son emitidos precisamente en momentos que las organizaciones indígenas campesinas del Perú preparan un Paro Nacional para el 8 y 9 de julio en defensa de esos derechos.

Esto constituye una actitud abiertamente provocadora por parte del Gobierno, que actúa como un agitador social para generar movilizaciones de protesta y así tener el pretexto para agudizar su línea autoritaria y profundizar la criminalización de la protesta que ya viene implementando, con normas represivas, persecución policial y judicial a los líderes indígenas, a quienes llega al extremo de acusar de terroristas, y el asesinato de comuneros, como ocurrió en el Paro Nacional Agrario de febrero pasado.

Lima, 04 de julio de 2008.

Miguel Palacín Quispe
Coordinador General CAOI

COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS – CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina