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Desde octubre del año 2007 se han generado enfrentamientos entre pobladores de San Juan Sacatepequez y fuerzas de seguridad. Estas confrontaciones se deben a que prevalecen los intereses de la Familia Novella, quienes quieren construir una Empresa de Cementos PROGRESO en la Región y que viene afectar la vida de 12 comunidades indígenas Kaqchikeles que viven alrededor de la finca San José Ocaña y por el paso constante de vehículos pesados en estas comunidades.
 
Las comunidades de San Juan Sacatepequez han manifestado su rechazo a la construcción de dicha cementera durante la consulta comunitaria realizada en mayo del 2007 en 12 comunidades, lo cual fue más que evidente con un resultado de 8,936 votos en contra y 4 votos a favor. El derecho a la consulta está manifestado en el convenio 169, y en la actual Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los Pueblos Indígenas, disposiciones internacionales ratificadas y firmadas por el Estado de Guatemala.
 
El Presidente de la Republica ha Indicado: "No podemos permitir que la mayoría del pueblo trabajador de San Juan Sacatepéquez, al cual conozco muy bien, sea manipulado por una pequeña minoría”. Ante ello cabe preguntar si es valido que los intereses de algunas familias sean considerados de prioridad ante las necesidades y demandas de los Pueblos. Efectivamente son 12 comunidades las que se oponen a la construcción de la Cementera, y son todas ellas las que viven alrededor de la finca San José Ocaña, lugar donde se pretende construir la cementera, pero es únicamente una familia la interesada en su creación,  la “Familia Novella”. Será ésta la actitud de un gobierno denominado Social Demócrata?  Dónde está el rostro maya de su gobierno? 
 
Esta forma de intimidación, de someter al terror a las comunidades, amenazarlas, violando los derechos fundamentales de la población, tal y como lo ocurrido durante los 36 años de Conflicto Armado Interno, donde los gobiernos Militares masacraron a las comunidades en nombre de la “patria”.
 
En el corto período que lleva este gobierno, este es el segundo “Estado de Prevención” decretado por el Presidente Álvaro Colon, lo cual pone en evidencia su actitud represiva y violenta, contradiciendo su política de dialogo. Esta medida decretada el 22 de junio del presente año, ha dado como resultado la detención de 43 personas y una persona muerta en San Juan Sacatepequez, producto de los allanamientos llevados a cabo en esté municipio.  La violencia que se generé en estas comunidades es responsabilidad del Estado por permitir que las transnacionales que se apropien de los recursos de los pueblos.
 
La defensa de la tierra y el territorio de parte de los pobladores de San Juan Sacatepequez, es por la defensa de la vida, la seguridad de sus Hijos y de la sociedad en General. Se ha generado algunas justificaciones indicando que la cementera no originará cambios y efectos negativos en el ambiente. Pero sabemos que los daños son irreversibles, no solo hacia el entorno, si no en la salud de las personas, el medio ambiente, el uso excesivo y contaminación del agua, que tanta falta hace en estos momentos.
 
El señor presidente Álvaro Colom, esta utilizando los recursos del Estado, impuestos del pueblo, para defender los intereses de una familia adinerada y quiere imponer la construcción de Cementos “PROGRESO” en contra de la voluntad de las 12 comunidades Maya Kaqchikel de San Juan Sacatepequez.
Al señor presidente le recordamos sus discursos y frases diciendo que estamos en tiempo de solidaridad, pero es evidente que para los que le financiaron su campaña si existe la solidaridad, para las comunidades  y campesinos es la Represión, y la Criminalización de las luchas Históricas de los Pueblos, quienes hacemos usos de nuestros derechos legítimos.
 
Responsabilizamos al Gobierno por todos los efectos que este “Estado de Prevención” signifique, ya que al enviar mil efectivos militares y mil efectivos policíacos al área no son la solución a la conflictividad.  El ejército y la policía no están educados para defender a las comunidades, solo basta una mirada hacia los 36 años de guerra.  El gobierno esta militarizando nuevamente la sociedad, una clara violación a los acuerdos de Paz, al convenio 169 y a la actual Declaración de las Naciones Unidas Sobre Pueblos Indígenas,  en cuanto a la desmilitarización de la sociedad.
 
Por lo que: respaldamos las consultas realizadas en las 12 comunidades de San Juan Sacatepequez y Exigimos su reconocimiento.  
 
EXIGIMOS levantar el “Estado de Prevención”, e instalar de inmediato la Mesa de diálogo con dichas comunidades.  Hay que escuchar directamente el  planteamiento, de las 12 comunidades, no a través de intermediarios.
 
 
PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS... DE LA RESISTENCIA AL PODER
 
 
COORDINACIÓN Y CONVERGENCIA NACIONAL MAYA WAQIB’ KEJ.