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Una adecuada distribución del Impuesto a la Renta y un impuesto a las sobreganancias mineras resolvería las demandas de Moquegua sin afectar a Tacna
 
La explosión social suscitada en la región Moquegua pudo evitarse. No es con una caricatura de diálogo entre el Gobierno Central y las autoridades regionales y locales, mientras se ordena reprimir a sangre y fuego a la población, que se va a lograr la "paz social" que reclama el Poder Ejecutivo. Esa es solo una maniobra para "calmar las aguas" y así poder seguir otorgando más y más gollerías a las empresas mineras. Es decir, cuando no hay forma de resolver en el diálogo, la solución es vía la represión.
 
Tampoco se trata de pedirle a la compañía Southern Perú que divida sus contabilidades por región, sin tocar para nada los impactos sociales, económicos, culturales y ambientales de la actividad minera contra las comunidades campesinas. ¿Por qué Moquegua recibiría en el 2009 solo 178 millones de nuevos soles y Tacna 712, si la primera región (Cuajone) produce 182 toneladas métricas de cobre (52%) y la segunda (Toquepala) 177 toneladas métricas (48%)? Porque, inexplicablemente, el canon se fija sobre la base de la cantidad de tierra removida y no sobre el nivel de producción.
 
Pero la solución no pasa solamente por la necesaria reforma del Canon Minero. La pregunta de fondo es: ¿por qué el Gobierno Central se queda con la mitad del total recaudado por Impuesto a la Renta y solo la otra mitad se convierte en canon para ser distribuido entre todos los gobiernos regionales y locales, que son los que producen esa renta y sufren los impactos de la actividad minera? Y ese 50% se distribuye en los gobiernos regionales, locales y hasta los trabajadores, cuando las comunidades son dueñas de los territorios donde se ubican los yacimientos.
 
No entendemos por qué el Gobierno Central pretende dialogar sobre un fondo que le corresponde a las regiones. La salida correcta es que el cien por ciento de ese Impuesto a la Renta sea distribuido entre los gobiernos regionales y locales, con lo cual Moquegua y Tacna y todas las zonas mineras recibirían lo que realmente les corresponde, sobre la base de los volúmenes de producción de minerales.
 
¡Pero no!, se alarma el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo Gálvez: ese 50% que se queda con el Gobierno Central es para equipar a las fuerzas del orden. Es decir, los pueblos afectados por la actividad minera, los que producen esa renta, la entregan para otros gastos del Ejecutivo y para que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas estén bien equipadas para reprimirlos cuando protestan contra los impactos de la minería y los exiguos montos que reciben por concepto de canon minero.
 
 
 
Para este problema también hay una solución: que Alan García cumpla su promesa electoral de aplicar un impuesto a las sobreganancias mineras, lo cual generaría recursos que permitirían atender no solo el eqquipamiento y las demandas salariales de la policía y las fuerzas armadas, sino también ampliar considerablemente la cobertura de los servicios básicos y los programas sociales, así como la atención en salud y educación.
 
El impuesto a las sobreganancias se justifica porque las empresas mineras jamás han pagado un solo centavo por la extracción de la materia prima.
 
Lo anterior implica un cuestionamiento al modelo económico neoliberal, diseñado para facilitar el saqueo de nuestros bienes naturales y multiplicar las ganancias de las empresas transnacionales. Sería un pequeño paso para empezar a hablar de una verdadera descentralización y de un gobierno para las mayorías nacionales, no para los grandes capitales.
 
El país requiere un justo diseño y una equitativa distribución del canon, así como un impuesto a las sobreganancias mineras. Y estas son soluciones en el plazo inmediato, mientras las comunidades y el conjunto de los movimientos sociales, construimos un proceso que reconozca los derechos de los pueblos a decidir sobre el uso de sus bienes naturales. Finalmente, en el Perú requerimos un nuevo marco constitucional que equilibre las demandas, para tener un país que trabaje con justicia y equidad en un Estado Plurinacional.
 
 Lima, 17 de junio de 2008.
 
 Miguel Palacín Quispe
Coordinador General CAOI.
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Norma Aguilar Alvarado
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