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El día miércoles once de junio del año en curso, a partir de las nueve y treinta de la mañana se desarrolló en la Comisión Segunda del Senado, el debate citado por el Senador indígena Jesús Piñacue con los Ministros de Defensa, Juan Manuel Santos, y del Interior y de Justicia,  Carlos Holguín,  sobre el incumplimiento del Estado Colombiano a los Acuerdos suscritos con los indígenas  del Cauca y el uso desmedido de la fuerza contra los indígenas que se encuentran en el proceso de Liberación de La  Madre Tierra.
 
 En el  debate participaron además de los ministros citados y los senadores de la Comisión Segunda;  Aída Quilcue, Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC- y Luís Evelis Andrade Casama, Consejero Mayor de la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena - ONIC. También se hicieron presentes en esta sesión en calidad de observadores las autoridades indígenas del Cauca.
 
 El  Senador Piñacue y los Consejeros Mayores del CRIC y de la ONIC, enfocaron sus intervenciones a demostrar la falta del voluntad política del Gobierno Nacional para cumplir con los acuerdos suscritos por el Estado Colombiano, para reparar a las victimas de la Masacre del Nilo; así mismo  a señalar la satanización que hace el Gobierno Nacional de las luchas de los pueblos indígenas del Cauca encaminadas a proteger los derechos territoriales que los asisten.  Con testimonios documentales los Consejeros Mayores cuestionaron los pronunciamientos del Presidente Uribe quien abusando del poder y las funciones  propias de su cargo, califica a las autoridades indígenas del Cauca que orientan el proceso de liberación de la Madre Tierra, como delincuentes y terroristas relacionadolas  con la FARC y en un alarde de gamonal ensoberbecido ofrece recompensas para quienes los denuncien.
 
 Para el presidente Uribe los indígenas que reclamos nuestros derechos somos delincuentes susceptibles de dividir por medio del dinero de las recompensas que NO romperán la unidad de acción que siempre nos ha caracterizado.  De igual manera los Consejeros demostraron que la política del Estado colombiano y el Gobierno Nacional para los pueblos indígenas es la de reprimir por medio de la violencia oficial nuestras  demandas de protección; así como el desconocimiento y el desmonte de los derechos humanos, especiales y colectivos que tenemos consagrados y la vinculación a toda costa de las luchas indígenas a los grupos subversivos como una estrategia para condenar sus reivindicaciones y descalificar las exigencias de realización de derechos.
 
 Como no existe ningún argumento jurídico, administrativo  o político para justificar el incumplimiento del estado en el tema de la masacre del Nilo, los Ministros Santos y Holguín desviaron el tema del debate hacia la obligatoriedad del Estado de defender la propiedad privada por encima del derecho fundamental de proteger la vida y la supervivencia de los pueblos indígenas. El Ministro Santos y los altos mandos de las fuerzas militares se empecinaron en demostrar que existen miembros de las comunidades indígenas vinculados a los grupos subversivos. Al día siguiente amanecimos más amenazados, por la calificación de guerrilleros.
 
 En el tema de la propiedad privada los ministros desconocen que los resguardos y territorios indígenas tienen la facultad de anteceder al Estado Colombiano, y que la propiedad privada que ellos dicen defender  es el producto del despojo que han sufrido los pueblos indígenas de sus patrimonios colectivos.
 
 Frente al asunto que pretende demostrar que existen  indígenas vinculados a los grupos subversivos, esta es una realidad que no podemos desconocer; así como no puede ser un llamado a rasgarnos las vestiduras que encontremos indígenas vinculados a grupos paramilitares y como informantes de las fuerzas armadas de la republica.  Ignoran los ministros que en Colombia existe una guerra donde el mayor interesado en polarizar las fuerzas en conflicto es el actual Gobierno Nacional.
 
 Lo que no podemos aceptar los pueblos indígenas es que se pretenda establecer que por el hecho de haber indígenas vinculados a grupos subversivos, las autoridades indígenas, sus organizaciones y asociaciones son subversivas. Nosotros no podemos cometer la ligereza de afirmar que por el hecho del General Naranjo tener un familiar vinculado con delitos de narcotráfico, toda su parentela es narcotraficante o que el señor presidente Uribe es un paramilitar porque su primo senador esta siendo procesado por este delito. En este tema señores ministros hay que respetar y no buscar disculpas traídas de los cabellos para deslegitimar el movimiento indígena, colombiano y las autoridades  indígenas que lo lideran o para masacrar y exterminar  a quiEnes pretendemos defender nuestros derechos territoriales.
 
 Este proceso de dialogo entre los pueblos indígenas y sus autoridades tradicionales con el Gobierno Nacional y el poder legislativo que se inicio en la Comisión Segunda del Sanado debe continuar y por eso valoramos y apoyamos la iniciativa de los Honorables Senadores de la Comisión de establecer y operativizar una comisión de entre ellos, para que se desplace a los territorios indígenas del norte del Departamento del Cauca a verificar la situación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
 
 Bogotá,  junio 12 de 2008.
 
 AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDÍGENA – ONIC CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA – CRIC.